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Arriesga incluso ser expulsado del Poder Judicial. Se trata del juez que había permitido videollamadas a miembros de peligrosos grupos como “Los Macacos” o el Tren de Aragua. La Corte determinó que Urrutia actuó más allá de sus facultades legales, iniciando un sumario para esclarecer su conducta.
El Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió abrir una investigación sumaria administrativa respecto del cuestionado juez del 7° Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia Labreaux, quien había autorizado que algunos de los presos más peligrosos de Chile pudieran realizar videollamadas desde la sección de alta seguridad de la cárcel de la capital.
La semana pasada, la Séptima Sala del tribunal de alzada –en fallo unánime– acogió un recurso de apelación interpuesto por Gendarmería de Chile y dejó sin efecto las autorizaciones que otorgó el juez Urrutia. Ello, por estimar que se apartó del procedimiento y de las atribuciones que la ley le confiere en ese contexto.
La Corte estimó que Urrutia “se arrogó facultades de las que carece” y además adoptó medidas para las cuales no está facultado, “lo que reafirma la ilegalidad de su proceder”.
El objetivo del sumario, según detalló el Poder Judicial, es “indagar y esclarecer algunos hechos que requieren ser precisados acerca del procedimiento observado en la materia y la conducta ministerial del magistrado, con relación a los hechos antes aludidos”.
La investigación respectiva quedará en manos del fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago designado por sorteo.
El presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, el diputado Andrés Longton (RN), valoró la instrucción de un proceso disciplinario para el juez Urrutia. “Es lo que corresponde respecto a un país que está cansado de la criminalidad y el crimen organizado y que además hoy día pareciera ser con la complicidad de jueces como el juez Urrutia, que terminan entregando beneficios fuera de la ley, sin el amparo de esta y movido más que nada por intereses ideológicos y políticos”, declaró.
Sobre el cuestionado magistrado, el diputado Longton sostuvo que “estamos frente a un juez que está haciendo activismo político y estos jueces tienen que ser necesariamente separados de sus funciones o bien tener una sanción ejemplar para velar por la seguridad de los chilenos que, lamentablemente, este juez está desprotegiendo en favor de los criminales”.
Cabe mencionar que, por haber autorizado videollamadas a miembros de peligrosos grupos como “Los Gallegos”, el Tren de Aragua, la banda de “El Caracas” y “Los Macacos”, el juez Urrutia se arriesga a sanciones que pueden ir desde una amonestación hasta la expulsión del Poder Judicial.
Además, como telón de fondo, y teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad de “Los Gallegos”, la Corte Suprema ordenó borrar del portal web de la institución los antecedentes personales de los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) y de la Corte de Apelaciones de Arica, mientras se desarrolla el juicio en contra la banda criminal, que debería iniciarse el próximo 22 de abril, luego de que el Tribunal de Garantía emitiera el respectivo auto de apertura.
