PAÍS
Este 11 marzo marca el inicio del tercer año del Gobierno de Boric y la convivencia con los movimientos sociales pasa por momentos tensos, que se busca distender. Algunos piensan que la presión de actores sociales en la calle podría lograr votos opositores en el Congreso para aprobar las reformas.
Se inicia el tercer año del Presidente Gabriel Boric y la relación del Gobierno con los movimientos sociales –que resultaron claves para su arribo a La Moneda tras derrotar a José Antonio Kast– ha sido de una convivencia tensa y distante. Ahora, en 2024, sectores del oficialismo apuntan a revertir esa lejanía, en un año de elecciones municipales donde se medirán las correlaciones de fuerza del oficialismo y la oposición.
Pese a que algunos dirigentes oficialistas afirman que hay un diagnóstico común, lo cierto es que resulta para otros evidente que la estrategia para recomponer la relación es pedir al movimiento social poner presión en las calles a la oposición para aprobar las reformas clave.
Hay quienes piensan, por el contrario, que la idea de reparar confianzas con las agrupaciones “es una ingenuidad que no resultará”. Y otros tantos afirman que es solo un recurso retórico, que apunta a hablarles a los propios, en un año electoral difícil, con reformas en deuda y sin votos en el Congreso.
Como sea, analistas políticos y dirigentes influyentes del bloque que apoyó el arribo de Boric a La Moneda, hace dos años, coinciden en que, en las últimas semanas, hay un esfuerzo de un sector del oficialismo y del Gobierno por “lucir empatía” con los movimientos sociales, donde los diagnósticos comunes les indican que hay “un profundo descontento”.
En febrero, el PC, el PS y líderes del Frente Amplio recalcaron la importancia de retomar una mayor conexión con diversos grupos identitarios, sindicatos y trabajadores, como la CUT, la ANEF, el Colegio de Profesores, entre otros.
En ese marco, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló en El Siglo que “ha faltado mayor potenciación del movimiento social y sindical, del movimiento popular, estudiantil, poblacional” y que el paro nacional convocado por la CUT y las movilizaciones “pueden ser un gran aliado para visibilizar y hacer sentir cuáles son las urgencias del mundo del trabajo y del pueblo”.
Con esa mirada coincide la diputada Carmen Hertz (PC), quien señala a El Mostrador que “por cierto” se debe reencantar al movimiento social, para que apoyen las reformas y presionar a la oposición para lograr las reformas estructurales.
“Sin un movimiento social respaldando las reformas no se avanza, no se puede hacer política solo en el Congreso, eso se definió hace mucho tiempo como ‘cretinismo parlamentario’”, sostiene Hertz.
Asimismo, hace unos días, el diputado Gonzalo Winter (CS) expresó que “su sector se ha ido quedando en silencio respecto de la batalla de las ideas” y añadió que el Gobierno debe “transmitirle a la ciudadanía cuál es su visión de mundo”.
Desde RD, el senador y expresidente del partido, Juan Ignacio Latorre, también destaca la importancia de la ciudadanía y sus grupos de interés para presionar al sistema político.
“Yo concibo a los movimientos sociales como autónomos e independientes de los gobiernos de turno”, advierte primero el senador por Valparaíso. Y luego da luces en medio de cierta oscuridad: “Lo importante es que puedan incidir en las agendas que promueven y le metan presión a todo el sistema político para dar respuesta a sus demandas, no en particular al Gobierno o a la oposición”, asegura.
Consultado por El Mostrador acerca de si hay una estrategia del Gobierno o del oficialismo para esa presión, repara, con cierta diplomacia, en que “normalmente las estrategias no se revelan, de lo contrario no sirven”.
No obstante, va un pasó más allá: “Creo que las reformas de pensiones, pacto fiscal, salud, etcétera, para que sean sostenibles en el tiempo, tengan legitimidad social y apoyo transversal en la sociedad y en el Congreso, tienen que ser fruto de una amplia deliberación social, técnica y política. Las reformas tienen que relacionarse recíprocamente con el cambio cultural en Chile”, dice Latorre.
Incluso, en la CUT en enero pasado el énfasis sobre la convocatoria al paro del 11 de abril próximo estaba en “representar los intereses, los anhelos y derechos de las y los trabajadores, y ser contraparte de cualquier Gobierno y de los empresarios”, ya que “no es ni pertenece a ningún Gobierno” y que el “el Gobierno no ha generado los espacios de debate abiertos y amplios con las y los trabajadores”.
El presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, en tanto, ve que hay un intento de acercamiento del Ejecutivo a ellos. Según explica, porque la ANEF ha ganado espacios de conversación con La Moneda.
“El Consejo Superior Laboral se activó con este Gobierno, donde participa la CPC, el Ministerio del Trabajo y un representante de la CUT. A la ANEF la invitaron a participar. También en el Consejo Asesor Presidencial de Modernización del Estado, que participa con el Ministerio de Hacienda, que estaba siempre muy cerrado y que tenía representantes del empresariado y las universidades. (…) La CUT se reunió con el Presidente, lo que echamos de menos es que esto tiene que ser permanente, que no tiene que ser solamente por un relato”, indica Pérez.
“Pero nosotros tenemos un rol político, damos importancia a ser actor político como sindicalistas (…), hay temas que resisten los que tienen el poder, hay un empresariado que no quiere perder poder (…), hay que mover el cerco, la salud, la reforma tributaria, un pacto social. (…) Ahora bien, nosotros en la ANEF no le hacemos la pega al Gobierno, somos contraparte de Gobierno, pero sí creemos que también es nuestra responsabilidad político-social del sindicato que no podemos ser así pasivos y tenemos que movilizarnos, porque también es parte del mandato como sindicalista”, señala el presidente de la ANEF a El Mostrador.
Y agrega: “Creo que algunos en el Gobierno ven con buenos ojos que nos movilicemos, me imagino que al Presidente, por su sensibilidad, él también se movilizó como estudiante universitario, no sé si todos, (…) puede que algunos se pasen de listos para quererlo también, justamente de aprovecharse y pretender incrementar la movilización, agarrarse de la huelga”.
En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, tiene una opinión más crítica, aunque observa que “ahora hay una mejor disposición al diálogo que antes”, la cual –analiza– podría responder a una mezcla de descontento de los actores sociales, de buscar apoyos, entre otros elementos.
“El Gobierno, en su primera mitad, no tuvo ninguna cercanía, se tiró más bien para negociar arriba, a nivel de cúpulas de partidos, y dio pocas señales al mundo social. Podría ser que ahora vienen porque tienen esa preocupación. Creo que en el mundo social se abrió un espacio, porque se fue instalando crecientemente el malestar (…), el tema de educación pública es decisivo, las pensiones también y cumplimiento de la deuda histórica (…), pero no daremos una suerte de cheque en blanco al Gobierno para algo”, subraya Aguilar.
Analistas políticos consideran que el acercamiento a estos gremios y organizaciones apunta a “hablarles a sus propios adherentes” en medio del descontento entre los cuadros de base, que ya no ven en Boric al líder de un Gobierno de transformaciones, sino que, con suerte, es considerado como un impulsor de “pequeños y moderados cambios”.
Para el decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Central, Marco Moreno, la estrategia oficialista está más “enfocada en reencarnar y fidelizar a su base de apoyo, pensando en los próximos desafíos electorales”, más que en el resultado de la tramitación de las reformas.
“El intenso ciclo electoral de 2024 y del próximo año obliga a los partidos a pensar en su estrategia de supervivencia. Retener municipios y ojalá ampliar gobiernos locales, ese es el objetivo del FA y PC. Esto es clave para el resultado electoral de cara al 2025, en donde deberán defender también los cupos parlamentarios y asegurar la continuidad de los partidos por resultado de la aplicación de reglas electorales. Ser Gobierno, administrar el poder, unido al desgaste que implica gobernar, estiman en ambas colectividades, podría implicar un castigo y un costo electoral importante”, evalúa Moreno.
Por su parte, el académico de la UCV, Guillermo Holzmann, analiza que hay un “desorden ideológico”. “(…) Acá la ideología es esencial, luz al final del túnel, te dice cómo lo vas a hacer, el costo que habrá y por qué se debe hacer así (…). La interpretación de la historia, un diagnóstico del presente y la propuesta futura, esos tres elementos están todos confundidos”, sostiene.
Para Holzmann, en ese escenario, “el PC tiene claro que se requiere una transformación estructural, siguiendo a Marx” y a seguidores del neomarxismo, con la visión de cambiar la estructura neoliberal que tiene al Estado con baja injerencia en la actividad económica.
“El PC apuesta a una transformación estructural y no solo a cambios. No obstante, al Frente Amplio, lo refleja bien un artículo del filósofo estadounidense Nassim Taleb, en 2016, titulado Intelectuales, pero idiotas, muy usado en el debate político estadounidense (…), el texto, muy estudiado, habla de personas que saben mucho, mucha academia, mucho estudio y doctorados, pero que no tienen ninguna relación con la realidad. Están en el proceso de hacerse cargo de sus propuestas ideológicas, pero aún no llegan a cómo se hace eso”, explica Holzmann.
En tanto, el analista y director de TúInfluyes, Axel Callís, cree que hay un intento incipiente del PC de retomar los caminos identitarios electorales.
“Más que acercarse a las bases para lograr presión de calle sobre el debate de las reformas (…), los gobiernos en terreno los hace todo el mundo, pero eso es para generar un poquito más de comunicación con la opinión pública y apoyo en las encuestas. Ahora, eso transformarlo en marchas o en presión social, es muy distinto. Es diferente ganar la calle con presión social, a dedicarse a difundir e informar en regiones y en distintos grupos. Una estrategia de comunicación, siempre hay. Una estrategia para sacar a la gente para presionar, no se ve. Es para hablarles a los propios, porque el Frente Amplio tiene que asegurar el 30% de jóvenes de clase media que adhiere”, señala Callís.
En Apruebo Dignidad no todos creen viable una estrategia de presión utilizando movimientos sociales en la calle, exigiendo sus demandas.
“Este ya no es un Gobierno de transformaciones. Es ridículo pedirles a movimientos como los profesores, los sin casa o No más AFP salir a la calle a defender el 3+3 o salvar los muebles. Durante dos años el Gobierno no consideró a los movimientos sociales ni a los trabajadores”, señala un alto dirigente de izquierda, que pide reserva de su nombre.
En el PS también hay miradas distintas. Algunos consideran que es un discurso para reencantar a los propios, porque las municipales van a ser muy difíciles, la gente tenía muchas expectativas dos años atrás y en el tercer año de Gobierno, en pleno caso Fundaciones, la gente desconfía de quienes dijeron ser diferentes y tener buenas prácticas. Resultaron peores”, señala un legislador del PS.
“Es inviable y peligroso. Primero, porque ese reencantamiento se hace antes de llegar al Gobierno. Y porque hay un debate sobre seguridad y orden público. El peso del control de una manifestación que se ponga violenta pondrá presión a Tohá y Monsalve”, advierte otra fuente.
