PAÍS
[ACTUALIZADA] El tribunal de alzada determinó que en las decisiones relativas a los jueces Eduardo Rodríguez y Sergio Alvarez hubo una infracción a las normas del Código Orgánico de Tribunales, por lo cual les anuló de oficio.
Un nuevo capítulo en la verdadera miniserie en que se ha convertido la participación de los jueces de Arica en lo relativo a la causa en contra de Los Gallegos de Caracas, la facción del Tren de Aragua que opera en esa ciudad, se escribió hoy, luego de una reunión del pleno de la Corte de Apelaciones local, que dejó sin efecto la decisión del Tribunal Oral en lo Penal (TOP), que había aceptado las inhabilitaciones de al menos dos magistrados para conocer dicho megaproceso, que comienza el próximo 22 de abril.
La semana pasada, los ministros de dicha corte pidieron a la Corte Suprema que los datos de ellos y de los integrantes del TOP fueran retirados de la página web del Poder Judicial, en resguardo (según dijo la presidenta del tribunal de alzada) de los familiares de los magistrados. Posteriormente, como también informó El Mostrador, tres de los jueces designados para acudir a ese juicio pidieron no estar en el mismo, aludiendo a diversas causales.
En el caso de Sergio Alvarez, este apeló al artículo 196 número 15 del Código Orgánico de Tribunales, el cual permite que se recuse aquel juez que tenga “con alguna de las partes amistad por actos de estrecha familiariedad”, aludiendo al hecho de que conoce a uno de los seis sujetos vinculados con Los Gallegos que ya han sido condenados en procedimientos abreviados, específicamente a Alvaro Muñoz Sotomayor, empresario nocturno chileno que poseía dos discotecas en las cuales eran prostituidas jóvenes venezolanas y colombianas por parte de Los Gallegos. Cuando la PDI detuvo a Muñoz encontró en su poder 20 mil dólares en efectivo, producto de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Hoy, Muñoz se encuentra cumpliendo condena.
Posteriormente, Alvarez dijo a El Mostrador que en realidad solo lo conoce porque es futbolista amateur en diversos equipos y que “en uno de esos tantos equipos, como en tantos que he jugado, compartí camarín con él”, agregando que “conozco a Álvaro Muñoz hace unos 6, 7 u 8 años. De ahí no lo he visto hasta hace un par de meses atrás. Nos topamos también en una cancha, él por un equipo y yo por otro. Nos saludamos, hola, chao, cómo estái. Y me contó algo de su situación, cosa que yo tampoco tenía claro, porque no tengo acceso a las causas del Juzgado de Garantía. No conozco mayormente quiénes están en esa causa”.
También se inhabilitó el juez Eduardo Rodríguez, quien apeló al artículo 195 número 2 del mismo código, apelando a que es esposo de la fiscal Erika Romero y que por ende le afectaba la “implicancia” el hecho de ser cónyuge de alguna de las partes (sin embargo, la fiscal antes mencionada no interviene en la causa).
En el caso del juez Oscar Huenchual, su implicancia fue pedida en una primera instancia por la Defensoría Penal Pública, por haber integrado como fiscal judicial la primera sala de la corte de apelaciones local el 23 de diciembre pasado, día en que se revisó un recurso de Gendarmería relativo al traslado de algunos de los miembros de Los Gallegos a otros penales del país.
Pese a que el TOP rechazó dicha solicitud, él mismo decidió inhabilitarse, aseverando haber conocido de la causa el año pasado cuando, como fiscal judicial subrogante, le tocó conocer de ella luego de que se iniciara una investigación interna contra el juez de garantía de Arica Héctor Barraza, quien entregó los nombres de testigos protegidos y agentes encubiertos a los defensores de Los Gallegos.
Ante dicha acción, el TOP envió la recusación de Huenchual al pleno de la corte. Debido a que ahí aún se tramita dicho recurso, el máximo tribunal de Arica no se pronunció sobre el caso de él, pero sí respecto de Rodríguez y Alvarez, anulando de oficio las resoluciones por las cuales estos habían sido excusados del juicio, pues según estimó el ministro visitador de la corte, Pablo Zavala, en dichas decisiones se infringieron los artículos203 y 204 del Código Orgánico de Tribunales, por lo cual, en sentido estricto, ambos jueces siguen formando parte del juicio, hasta el momento.
Consultado sobre el particular, el fiscal regional, Mario Carrera, dijo a El Mostrador que “es un tema de carácter jurisdiccional y de resolución exclusiva del Poder Judicial, por no lo que no nos corresponde referirnos al respecto”.
Cabe indicar que hoy el concejal Jorge Mollo Vargas (DC), en la sesión ordinaria del Concejo Municipal, solicitó al alcalde Gerardo Espíndola Rojas (PL) que oficie a la Corte Suprema para que designe un ministro que se traslade a Arica, a fin de investigar las inhabilidades declaradas por los tres jueces y determinar si existieron irregularidades en dichos procedimientos.
Por su parte, a través de un escueto comunicado, la defensoría regional indicó que “ninguno de nuestros defensores ha recibido notificación alguna sobre alguna resolución relacionada con la consulta realizada. Por lo tanto, aguardaremos la comunicación oficial de dicha resolución para conocer su contenido a fin de analizar su mérito”.
