Las dos autoridades máximas de las policías están bajo la lupa justicia por delitos diferentes. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez por su implicancia en el estallido social y el director general de la PDI, Sergio Muñoz, por la comisión de delitos en el marco del caso Hermosilla.
El alto mando de ambas policías en Chile se encuentra en jaque, tras el allanamiento al hogar y oficina del director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, por parte de funcionarios del OS-7 de Carabineros, tras una solicitud del Ministerio Público para investigar al funcionario- por la filtración de datos acerca de lavado de activos al abogado Luis Hermosilla, según precisó la fiscalía oriente.
La formalización de la máxima autoridad de la PDI está programada para el próximo martes 19, por los delitos de Infracción artículo 31 de la Ley 19.913 e Infracción artículo 246 del Código Penal.
No solo Muñoz debe enfrentar a la justicia, sino que también deberá comparecer la otra máxima autoridad policial de nuestro país, el general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, en marco de las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.
En concreto, a Yáñez, junto al el exdirector general Mario Rozas Córdova y el exgeneral subdirector Diego Olate Pinares, se les imputa su responsabilidad en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto del estallido social.
Ricardo Yáñez era el director de Orden y Seguridad de la institución policial durante el estallido social de 2019. Por ello, es que la Fiscalía Centro Norte anunció la formalización de la máxima autoridad de Carabineros.
Sin embargo, el pasado viernes 8, la audiencia de cautela de garantías para Ricardo Yáñez y otros dos imputados fue suspendida por un recurso contra al juez Cristián Sánchez. En paralelo, el general pidió anular la audiencia de formalización fijada para el próximo 7 de mayo.
Desde distintos sectores han solicitado la renuncia del general Yáñez al encontrarse enfrentando un proceso judicial. Ahora, con la formalización del director general de la PDI, vuelve a la opinión pública la solicitud de renuncia de una máxima autoridad policial.
Al respecto, desde el Gobierno no han dado señales claras acerca de eventuales renuncias, en medio de una crisis de seguridad que afecta a nuestro país, por lo que se ha cuestionado al Ejecutivo y lo que se suma la solicitud de algunos jefes comunales de contar con personal de las Fuerzas Armadas en algunas tareas de control.
Si bien las causas de formalización contra las máximas autoridades policiales son de distinta índole, ambos tienen que enfrentar la justicia generando un debate en el mundo político como social sobre si tienen que dar un paso al costado por el bien de las instituciones.