PAÍS
Leonardo Rubilar/AgenciaUno
Al menos cuatro equipos móviles le fueron incautados a Sergio Muñoz por el OS-7 de Carabineros, por instrucción de la Fiscalía Oriente, con el fin de buscar nuevos antecedentes sobre las filtraciones, las que se cree que pueden comprometer a más personas.
Una verdadera debacle política y policial se generó luego de que el OS-7 de Carabineros allanara la casa y oficina del hasta ayer director general de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez, lo que anoche provocó la renuncia de este.
Fuentes de El Mostrador confirmaron que en las diligencias realizadas ayer se incautaron diversos documentos y también los teléfonos celulares que utilizaba el director general de la policía civil, tanto en forma personal como institucional.
Las mismas fuentes precisaron que serían al menos cuatro los dispositivos portátiles que Muñoz entregó en forma voluntaria a Carabineros, después de que estos le mostraran la orden de incautación emitida por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
De hecho, la noticia del comiso de los teléfonos, con sus respectivos WhatsApps, generó mucho nerviosismo ayer en círculos políticos y judiciales, considerando lo que potencialmente pudiera haber allí, en términos de información sensible entregada a otras autoridades y exautoridades.
Hasta el momento, según la investigación de la Fiscalía Oriente, en el teléfono de Luis Hermosilla se han detectado comunicaciones con el director de la PDI en las cuales este le entregaba información reservada de al menos cuatro casos, incluyendo el relativo al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, actualmente imputado de lavado de activos, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento de uso público.
Sin embargo –como advierten fuentes de la propia institución–, los celulares de Muñoz son “una caja de Pandora”, lo cual explicaría el hecho de que el Gobierno no le haya pedido inmediatamente la renuncia, aunque, por cierto, ello se relaciona también con la formalización que el próximo 7 de mayo deberá enfrentar el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien –a diferencia de Muñoz– goza de la simpatía y confianza del Presidente Gabriel Boric.
En efecto, pedirle la renuncia a Muñoz por estar próximo a ser formalizado implicaba tener que aplicar la misma medida a Yáñez, algo que el Gobierno no estaba dispuesto a hacer, por lo cual la renuncia de Muñoz generó un fuerte alivio en La Moneda.
Cabe recordar que en el caso de Ricardo Yáñez, la audiencia de formalización por el delito de apremios ilegítimos omisivos que se le imputan a él y otros dos exaltos oficiales de Carabineros, debido a la actuación de las Fuerzas Especiales en los días posteriores al estallido social, quedó fijada en primera instancia para el 7 de mayo, pero a diferencia de Muñoz (que no alcanzó a cumplir tres años en el cargo, de seis) su periodo de cuatro años al mando de la policía uniformada culmina en noviembre de este año.
Poco después que se supo del allanamiento contra la casa y la oficina de Muñoz, en La Moneda comenzaron diversas conversaciones tendientes a buscar un sucesor para este.
La ley establece que el director general de la PDI debe ser electo de entre las ocho primeras antigüedades de la institución.
De ellos, quien hasta ayer ostentaba la segunda antigüedad y que ahora es el director subrogante, Claudio González Hofstetter, está prácticamente descartado, debido a las acusaciones que se formularon en su contra en el libro Rati, de Javier Rebolledo y el exdetective Jesús Silva (publicado en 2021), donde se lo acusa de haber participado en 1987 de un “procedimiento académico” en la antigua Escuela de Investigaciones, que en realidad consistió en una sesión de torturas en contra de un aspirante a detective, Mauricio Flores.
Según un artículo publicado en El Desconcierto, González Hofstetter, que estaba en tercer año, encubrió al instructor que ordenó las torturas y además participó activamente del secuestro y la golpiza que recibió Flores.
También hay antecedentes al respecto en el informe de la comisión especial investigadora que se formó en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La ahora segunda antigüedad de la institución es, hasta el momento, quien se ve mejor aspectado desde el punto de vista del Ejecutivo. Se trata de Lautaro Arias Berrocal, actual subdirector de Investigación Policial y Criminal, quien tiene un perfil completamente operativo, pero además posee un pasado que entusiasma mucho en La Moneda, dado que casi todo el inicio de su carrera lo pasó como oficial del antiguo Departamento V de la PDI, cuando dicha unidad asumió las investigaciones por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura, por lo cual participó, entre otras indagaciones, en los casos Conferencia, Villa Grimaldi y Colonia Dignidad.
Sin embargo, en el Gobierno temen que su nombre genere resistencia entre la oposición, dado que en las reuniones celebradas en Caracas, el 18 de enero pasado, encabezadas por Manuel Monsalve y en las cuales se suscribió el acuerdo de cooperación policial entre las policías venezolana y chilena, él fue quien acompañó al subsecretario, como representante de la PDI.
Otro nombre que genera entusiasmo en distintos sectores es el del jefe de la Región Policial de Los Ríos, el prefecto inspector Alex Schwarzenberg Ramírez, quien también posee un perfil muy operativo y que trabajó casi toda su vida en la Brigada Antinarcóticos, luego de lo cual asumió como jefe nacional de dicha área y de crimen organizado. Sin embargo, fue trasladado a Valdivia después que sufriera un problema de salud severo. También se menciona a Paulo Contreras Cortés, su sucesor en dicho cargo y quien ha estado al frente de casi todas las indagaciones por crimen organizado en los últimos dos años en el país, entre ellas, las relativas al Tren de Aragua, Los Gallegos y otros grupos.
Los otros cuatro oficiales que se encuentran entre los posibles sucesores son el subdirector de Desarrollo de Personas, César Cortés Pineda; Eduardo Cerna Lozano, subdirector de Administración, Logística e Innovación; Jorge Sánchez Sandoval, subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, y Ricardo Gatica Aliaga, jefe de educación y doctrina, todos los cuales han tenido un perfil más bien bajo, debido a las funciones que cumplen. De los cuatro, Cerna y Sánchez son los que poseen mayor experiencia operativa, que es un factor que interesa mucho en La Moneda.
