Presidenta del TC, Nancy Yáñez: “Hay que hacer que la Constitución resuelva las necesidades de hoy”

Nancy Yáñez Fuenzalida es doctora en Derecho, especializada en derechos indígenas, derecho territorial y derecho de aguas. El 27 de abril de 2022 fue nombrada por el Presidente Gabriel Boric como ministra del Tribunal Constitucional (TC). En julio de ese año fue elegida presidenta del mismo, como nombre de consenso. Un cargo que dejará el próximo 12 de julio y por cuyo ejercicio nos señala que no puede pronunciarse sobre temas políticos ni contingentes.

Asumió cuando “estaba cambiando Chile”, en medio del primer proceso constitucional a cargo de la Convención Constitucional. Ese texto planteaba la desaparición del TC tal cual es hoy. Una vez rechazada dicha propuesta, se desarrolló un segundo proceso, donde la Comisión Experta redactó la propuesta que discutió el Consejo Constitucional y que también fue rechazada en el plebiscito de diciembre pasado. En ese texto el TC tampoco quedaba tal cual.

“Partí el 2022 cuando todavía se debatía si el Tribunal Constitucional continuaba o no. Se hablaba de una Corte Constitucional, que fue lo que finalmente quedó en el proyecto, y en principio establecía la no continuidad de los ministros y ministras, luego se señaló la continuidad de quienes llevaban una cantidad de años en ejercicio de su mandato. Pero la ley nos impone la obligación de abstenernos de la deliberación política, por lo tanto, el debate sobre el diseño constitucional es un ámbito en el cual como TC no intervenimos. Solo podemos hacerlo a requerimiento del constituyente”, recuerda.

-¿Entonces solo les quedaba esperar?
-Lo que hicimos fue someternos estrictamente a lo que la Constitución y la ley mandaban. Y eso fue trabajar lo más rigurosa y arduamente posible para no tener rezagos cuando se resolviera el texto constitucional y su aprobación, cualquiera fuera la suerte que corriera el Tribunal.

-¿Cómo lo llevaron los funcionarios del TC?
-Había temor. Fuimos invitados a presentar observaciones y manifestamos la preocupación de los funcionarios. En el marco de ese proceso rápidamente se discutió el generar una Corte Constitucional y garantizar la continuidad de los trabajadores del TC. Por lo tanto, lo que estaba en entredicho era la continuidad del Pleno de ministros y ministras.

Terminada esa instancia, vino un segundo proceso, donde se proponía una Corte Constitucional que mantenía el Pleno de ministros, pero se discutía su competencia. “Dentro del Pleno nunca tuvimos acuerdo respecto al diseño institucional, entonces decidimos que íbamos a participar en todas las instancias en que fuéramos requeridos y a garantizar una representación plural. Nos íbamos a rotar y a exponer fundamentalmente sobre los acuerdos, haciendo presentes los disensos”, explica Yáñez.

-¿Cómo estos procesos afectaron el trabajo del TC?
-Nos comprometimos a hacer nuestra tarea mientras se llevaba adelante el debate. Y respecto del debate fuimos unos interlocutores con un alto sentido republicano. Siempre entendimos que la decisión era del órgano constituyente y no nuestra, así que, la verdad, diría que no hubo afectación al normal desarrollo de nuestras funciones.

En los dos últimos años en que Nancy Yáñez ha sido presidenta del Tribunal Constitucional, el proceso constituyente no ha sido lo único que ha puesto incertidumbre en el funcionamiento del TC. En lo jurisdiccional, han trabajado en este mismo periodo al límite del quórum requerido, con solo ocho ministros de los diez que integran el Pleno. Esto, porque a medida que los integrantes fueron completando sus períodos, los cupos no se llenaron por falta de acuerdos políticos. Además, en junio de 2023 falleció el ministro Rodrigo Pica, lo que amplió a tres las vacantes. Hoy, después de muchos dimes y diretes, el órgano jurisdiccional ya cuenta nuevamente con diez integrantes titulares.

“Para nosotros fue muy difícil, complejo. Hoy con diez ministras y ministros en el TC es otra cosa. Porque enriquece la deliberación, permite distribuir las cargas laborales, baja la tensión de todos respecto a la posibilidad de enfermarse, de atender una emergencia familiar, cuestiones del día a día que nos tenían a todos con mucha presión. Hoy, con la circunstancia de tener diez ministros, más los dos ministros suplentes, permite realizar en mejores condiciones nuestro magisterio”, sostiene la presidenta.

-¿Qué opina del sistema de nombramientos?
-Particularmente en el caso del TC, que es a lo que me puedo referir, me parece relevante la participación de los tres poderes del Estado. Creo que, de todos los mecanismos, es el que más se utiliza a nivel comparado y el que da más garantía, sobre todo si va a tener una función de contrapeso con los poderes públicos. En el caso del Tribunal Constitucional, tiene que estar representada la pluralidad política de la comunidad nacional, porque vamos a generar la interpretación de las cláusulas constitucionales.

-¿No lo pondría en discusión, como se ha hecho, por ejemplo, con el Poder Judicial?
-No. Creo que no existe un mejor mecanismo para los órganos colegiados. Lo que sí uno debería hacer, evidentemente, es un llamado a que se cumpla este mandato dentro de un determinado plazo y, si no hay acuerdos, se acoja, por ejemplo, la dupla que está participando, o que está en proceso de nominación; algo que presione para tomar con celeridad las decisiones. Hay otros países que indican que, si no hay nombramiento, se mantiene la composición vigente. Pero eso es súper complejo, porque también es un incentivo a preservar el statu quo, y puede haber intereses políticos detrás de mantener el statu quo. Pero la renovación tiene que hacerse con la máxima celeridad, porque son instituciones fundamentales en la democracia.

Los fallos

El pasado viernes 22 de marzo, Nancy Yáñez presentó la cuenta pública 2023 del TC, donde destacó cifras que hablan de 150 sesiones de Pleno, de las cuales 140 corresponden a sesiones ordinarias y 10 a sesiones extraordinarias. Un total de 1.547 procesos constitucionales tramitados, de los cuales 386 corresponden a procesos pendientes al año 2022. Los procesos terminados en 2023 fueron 1.161, lo que representa un 75% del total ingresado.

Muy buenas cifras, pero la noticia estuvo concentrada en un día antes, cuando el Pleno falló a favor del requerimiento presentado por senadores sobre la mutualización del sistema de isapres.

“El fallo está en proceso de redacción, eso impone limitaciones –por ahora– a la información respecto de los detalles. Pero por mayoría, fue acogido el requerimiento. Ahora, ese requerimiento pone en discusión la constitucionalidad en el proceso de formación de la ley. No pone en discusión los contenidos sustantivos del proyecto. Por lo tanto, no nos pronunciamos sobre las virtudes o defectos del proyecto. No nos pronunciamos sobre la propuesta de mutualización que contiene. El TC señaló que, si el proyecto tiene un contenido de seguridad social, corresponde que sea de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Sobre ella versaron los alegatos”, puntualiza.

Recuerda que los tribunales constitucionales tienen como objetivo hacer de contrapeso de los poderes públicos, en función de la supremacía de la Constitución. Es un control de última ratio.

Por ello, destaca el cambio de la tendencia histórica en los fallos del TC.

“El quehacer de los tribunales constitucionales evidencia que las veces en que declara la inconstitucionalidad de un acto, son las menos. Nuestra tendencia no era esa. Durante el 2022 se acogió el 51% de los requerimientos de inaplicabilidad presentados. El 2023, fue el 30%, lo que demuestra una tendencia a la baja, algo muy significativo respecto al rol que le corresponde al Tribunal Constitucional”, subraya.

La cuenta pública 2023 también destaca que ingresaron 9 causas de derechos humanos, donde siete fueron declaradas inadmisibles y dos no se admitieron a trámite. “Eso es muy importante porque son causas de derechos humanos vinculadas a crímenes cometidos durante la dictadura militar y que han ingresado al Tribunal Constitucional estando pendientes de resolución en la Corte Suprema (dilatando la decisión final). Al no ser admitidas a trámite, pudieron seguir su tramitación en la Suprema y la mayoría de ellas fueron falladas este año”, señala.

Por otro lado, también ingresaron al TC causas que ponían en discusión la forma en que se tipifica el delito de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. “Eso es complejo, porque tipifica acciones que agentes del Estado pueden realizar al margen de la legalidad. Una fue rechazada y dos no fueron admitidas. Se trata de causas que están actualmente tramitándose”, detalla.

Pero más allá de los fallos particulares y en el marco de la interpretación constitucional, señala que “tenemos que hacer que la Constitución resuelva las necesidades de hoy, que permita la convivencia democrática en el Chile contemporáneo, con las particularidades de nuestra comunidad política hoy día. Ese es el desafío de las Cortes Constitucionales. La supremacía de un texto constitucional no es estática, se va moviendo con la comunidad política a la que sirve. Y, por lo tanto, en cuanto interpretamos, tenemos que hacerlo bajo la consciencia de que estamos resolviendo las necesidades de los chilenos del siglo XXI”.

Fortalecer la institución

Junto con los logros en fallos, audiencias y recursos revisados, a Yáñez la enorgullece en especial lo que han logrado internamente, donde reconoce que el clima laboral –cuando asumió– no era el mejor.

“Cuando comencé la presidencia, me encontré con la necesidad de trabajar las cuestiones administrativas. Lo primero fue generar un sistema de auditorías externas. Creo que cuando a uno le toca ejercer el más alto cargo dentro de una institución, tiene que preocuparse de que la gestión financiera responda a los principios de transparencia, eficiencia y probidad. Esa fue la primera medida que adopté. La ley nos obliga a hacer una auditoría anual y no se habían realizado en el TC a lo largo de su historia. No estamos obligados a ajustarnos a los estándares de la Contraloría General de la República, pero para efectos de la auditoría nos sometimos a la observación de la Contraloría. Y hoy día medimos nuestra gestión con esos parámetros”, dice.

Gracias a ese trabajo, hoy cuentan con manuales de procedimientos que regulan la gestión administrativa. Además, realizaron un diagnóstico de clima laboral.

“Esto había sido una situación compleja en el TC y, por lo tanto, era indispensable restablecer las relaciones internas y en particular los vínculos de lealtad que se requieren con la institución, para que todos trabajemos enfocados en la misma línea. Una consultoría sobre clima laboral nos ha permitido tomar medidas de intervención y mejorar las condiciones laborales y de vida del personal. En esa misma lógica, trabajamos un reglamento interno, que fue liderado por los ministros Fernández y Marzi, más las dos asociaciones de funcionarios. Ahora tenemos que someterlo a aprobación del Pleno y recoger las últimas observaciones de las asociaciones”, explica.

Cuenta que los estándares con los que están trabajando son los máximos y eso incluye: incorporar las 40 horas y la Ley Karin, entre otras medidas.

“Además, hemos recibido el reporte del diagnóstico de género, que evidencia que no hemos desarrollado una política institucional con enfoque de género. Y, por lo mismo, debemos concentrarnos en ese ámbito”, indica.

También destaca el avance hacia la paridad. “Partimos con un 29 % de mujeres y hoy tenemos un 40% de trabajadoras. Y en el Pleno del TC somos mayoría (6 mujeres), una composición única en la historia de la institución, pero también excepcional en el mundo”.

Además, la tramitación electrónica les permite litigar a personas de cualquier lugar del país: “Nosotros también nos hemos trasladado a sesionar en regiones y este año espero que también lo hagamos. Es una forma de relacionarnos con la comunidad local, con la academia, con los operadores de justicia, con los abogados, ir a las radios para que la gente conozca nuestro quehacer”.

-¿Qué balance hace al mirar dos años atrás?
-Cuando me eligieron fue tremendamente motivante, muy desafiante, pero también era un abismo, porque, en el caso del Tribunal Constitucional, era un futuro totalmente incierto. La meta hacia donde uno tenía que dirigir no estaba nada clara. Y aunque no tenía la experiencia, porque venía recién ingresando al Tribunal, no conocía la dinámica interna, siento que tuve las herramientas para responder al desafío. Conté con la colaboración del Pleno de ministros y ministras sin excepción, conté con el apoyo de los funcionarios y, por supuesto, de mi familia. Hoy trabajo en una institución con la que tengo relaciones de afecto. Y eso es tremendamente gratificante. Me siento en lo personal muy satisfecha y espero concretar, de hecho, los dos proyectos que faltan: el buscador de jurisprudencia y digitalizar la biblioteca.

Dice que dos años es suficiente para el cargo y ahora espera tener un poco más de tiempo. “Mirando lo que ha pasado y lo que queda, creo que ha sido un súper buen periodo en el trabajo, en el Tribunal. He crecido. Y cuando uno siente que puede crecer, a pesar de los años que lleva encima, se siente satisfecha de la oportunidad”, expresa.