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La situación del jefe comunal coincide con la defensa del “criterio Tohá”, que establece que funcionarios que sean formalizados deberán dejar sus cargos. El PC intenta diferenciar el caso de Jadue del del general Yáñez, quien será formalizado en mayo y a quien los comunistas han pedido su renuncia.
En una decisión que ha desencadenado un remezón político en el oficialismo, el Ministerio Público anunció que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, será formalizado por cohecho, fraude al Fisco, estafa y administración desleal en relación con el caso de las “farmacias populares”. Esta situación ha generado una profunda preocupación dentro del Partido Comunista, presidido por Lautaro Carmona, colocándolos en una delicada situación.
¿La razón? La eventual formalización del alcalde Jadue se produce en medio de la defensa del llamado “criterio Tohá”, en honor a la ministra del Interior, Carolina Tohá, que establece que las formalizaciones de autoridades marcan un punto de inflexión para las autoridades, independientemente de su afiliación política.
“Nuestra filosofía con los funcionarios que son de nuestra dependencia es que en los momentos en que hay una formalización, aunque se trata solamente de una garantía del imputado y no presume de antemano culpabilidad, es importante tomar algunas decisiones para evitar que la investigación de las autoridades afecte a las instituciones”, expresó la ministra Tohá el pasado 29 de marzo.
Las declaraciones de la secretaria de Estado se dieron en el marco del debate por la permanencia del general Ricardo Yáñez al frente de Carabineros, quien será formalizado en el marco de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, pero también las investigaciones que afectan al jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (RD), el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson (RD) y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, por el Caso Convenios.
Yáñez será formalizado el próximo 7 de mayo y los comunistas han pedido abiertamente su renuncia.
Dentro del PC, se intenta diferenciar los casos de Jadue y del general Yáñez. Se sostiene que el mandamás de Carabineros es una autoridad de confianza del Presidente Gabriel Boric, mientras que el jefe comunal de Recoleta es una autoridad electa por voto popular.
El PC ha destacado la colaboración de Jadue con la justicia, incluyendo la apertura voluntaria de sus correos electrónicos y cuentas bancarias, argumentando que no habría actuado con dolo en los delitos investigados.
Según consignó La Tercera, Bárbara Figueroa, secretaria general del PC, expresó su confianza en Jadue y enfatizó la necesidad de actuar con prudencia en este proceso. Se espera que Jadue no renuncie a su cargo como alcalde de Recoleta, ya que su salida debilitaría significativamente al partido.
“Tenemos la convicción de que aquí no va a haber dolo. (…). Nos gustaría que en estas materias actuar con absoluta prudencia, como se ha hecho en otros casos donde se ha sido prácticamente cauto en los juicios, donde prácticamente ni la Fiscalía ni el Consejo de Defensa del Estado se refiere. Y por lo tanto nos gustaría esa prudencia que es sana”, manifestó la exembajadora en Argentina (y potencial carta para competir con Claudio Orrego por la gobernación metropolitana).
La formalización de Jadue también plantea desafíos electorales para el PC, ya que es considerado uno de sus líderes más prominentes y una figura con proyección política. Su formalización podría afectar las aspiraciones de Fares Jadue, concejal PC y posible sucesor en la alcaldía de Recoleta.
La senadora Ximena Rincón (D) aseguró que, según el “criterio Tohá”, el alcalde Jadue debería dejar el cargo. “Pero lo único acá es que la formalización le da el derecho a defenderse y ser parte del proceso de manera formal”, señaló a la radio Cooperativa.
En medio de este escenario, la ministra del Interior reiteró el “criterio Tohá”, subrayando la necesidad de que las autoridades formalizadas dejen sus cargos para proteger la integridad de las instituciones. Por su parte, Camila Vallejo, ministra vocera del Gobierno, destacó la importancia de que las investigaciones avancen y se apliquen sanciones en caso de culpabilidad.
“Nuestro criterio es que cuando se produce la formalización, las personas no debieran continuar ejerciendo un rol de autoridad mientras están siendo formalmente investigadas”, remarcó Tohá a la radio ADN este martes.
No obstante, la titular del Interior comentó que el caso de Jadue “es una investigación de la justicia que hay que dar todas las facilidades para que se desarrolle”.
“Hay que respetar la autonomía de la justicia y no hay que tener estándares distintos según quien sea el investigado”, agregó Carolina Tohá.
“Nosotros como Ejecutivo podemos decir cuáles son nuestros estándares y nuestros principios que hemos determinado cuando se trata de funcionarios o funcionarias de Gobierno que están en proceso de formalización o eventualmente estarían en proceso de formalización, son momentos de inflexión, pero nosotros no determinamos, ni instruimos, ni decidimos cómo tienen que actuar los partidos frente a esto”, añadió Vallejo en un punto de prensa, consultada por una eventual sanción del PC contra Jadue.
La formalización de Daniel Jadue marca un momento crítico para el PC y para la política chilena en general, mientras el país observa cómo se desenvuelve este proceso judicial y sus repercusiones en el ámbito político.
Por su parte, Daniel Jadue asegura ante su formalización que “va a demostrar mi completa inocencia en los hechos que imputa la Fiscalía y donde en estos dos años y medio he colaborado activamente con la investigación”.
