Los diputados Jorge Guzmán (Evópoli) y Lorena Fries (CS) abordaron en La Semana Política la crisis de probidad municipal. Para Guzmán, no hay vuelta, si hay sospechas de corrupción, deben ser excluidos. Para Fries, en tanto, la medida se entiende para funcionarios del Ejecutivo, no para municipios.
En un nuevo programa de La Semana Política, los diputados Jorge Guzmán (Evópoli) y Lorena Fries (CS) abordaron la crisis de probidad municipal que nuevamente se toma la agenda, en el marco de la solicitud de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el levantamiento del secreto bancario de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza.
En ese sentido, la diputada del Frente Amplio señaló que lo que está ocurriendo en las municipalidades es un “foco de preocupación en el Congreso y en todos los sectores”, por lo que resulta urgente tomar las medidas necesarias para que los gobierno locales vuelvan a ser “el foco de confianza para la ciudadanía, ya que es la puerta de entrada y el primer contacto con el Estado”.
Por su parte, el diputado Guzmán, fue categórico en señalar que “no podemos tener dobles discursos, todos tenemos que condenar los hechos de corrupción vengan de donde vengan. Y eso significa que uno esperaría del gobierno y el Partido Comunista que condenen las acciones de Daniel Jadue, como nosotros también tenemos que condenar los casos que puedan ocurrir en nuestro propio sector. (…) Son muy importantes los gestos y si eventualmente tenemos sospechas de hechos relevantes que nos permitan concluir que estamos frente a una situación de corrupción, inmediatamente esas personas deben ser excluidas de la participación política, de lo contrario los partidos pasan a ser un poco cómplices”.
Respecto a cómo desde el Congreso se ha avanzado en mecanismos de fiscalización, la diputada Lorena Fries apuntó a los debates en las glosas de la Ley de Presupuesto, las facultades fiscalizadoras de Contraloría y la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario que hoy radica en la tramitación del pacto fiscal. Sin embargo, reconoce que aún queda mucho por avanzar.
Asimismo, Guzmán advirtió que los parlamentarios tienen “facultades fiscalizadoras respecto a los actos de gobierno, pero no así para poder fiscalizar las acciones de los municipios o gobiernos regionales”, lo que se traduce en una gran falencia desde el Poder Legislativo.
Respecto a la aplicación del llamado “criterio Tohá” y la aclaración del gobierno respecto a la autonomía de los municipios en relación al Ejecutivo, Fries afirmó que es un estándar para personas “que están en el gobierno. Es un criterio que me parece objetivo que no pasa por encima del principio de inocencia, sino lo que se dice es que habiendo antecedentes que permiten abrir una investigación formal sobre una autoridad de gobierno o de un servicio, no es buena señal mantenerlo en el cargo porque se puede dañar la institución o perder la legitimidad”.
No obstante, Guzmán advirtió que “si llevamos esto al caso de las municipalidades y se solicita la prisión preventiva del alcalde Jadue, ¿cómo puede seguir funcionando un alcalde que es formalizado?. ¿Es un peligro para la investigación la libertad del alcalde? A mi juicio sí, porque desde dentro de la municipalidad puede hacer desaparecer algún tipo de evidencia que pueda inculparlo. (…) Más que el criterio Tohá, quizás debemos tener un criterio ante la formalización de las autoridades públicas, donde la suspensión del ejercicio del cargo debiese llevarse incluso a la etapa de la formalización y eso es algo que tenemos que discutir”.
