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Créditos: Agencia Uno.
Si bien se pretende rescatar la reforma al sistema político de la Comisión Experta, el hecho de que sean los mismos incumbentes quienes se autorregulen hace que el trámite genere suspicacias y poco entusiasmo. Sin bien hay principios de acuerdos, los votos en el Congreso no están seguros.
Uno de los diagnósticos transversales respecto a la política nacional es que la hiperfragmentación que existe en el Congreso dificulta el avance de la agenda del Gobierno de turno. En ambos procesos constitucionales pasados la reforma al sistema político fue un tema clave y, de distintas maneras, buscaron enfrentar dicho problema. Durante las últimas semanas el debate se ha reabierto, pues en la agenda legislativa se proyecta un espacio para que esta discusión se materialice en el Congreso. Sin embargo, las conversaciones entre los partidos están en desarrollo y existen dudas respecto al avance de la reforma.
Luego de que la segunda propuesta constitucional fuese rechazada el pasado 17 de diciembre, actores políticos de segunda línea y además de distintos sectores, comenzaron a entablar conversaciones respecto a qué se podía rescatar de ambos procesos constituyentes desestimados por la ciudadanía. Ahí, se llegó al consenso de que se podrían rescatar las reformas al sistema político y, en particular, lo que había propuesto la Comisión Experta.
En ese sentido pretendían rescatar ejes de la propuesta para favorecer la gobernabilidad, como –por ejemplo– aquella que determinaba que los partidos políticos que alcancen, al menos, un 5 por ciento de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados tendrían derecho a los escaños en el Congreso Nacional. La otra norma que también se ha comentado es aquella que establecía que, al momento en que un parlamentario renunciara a su partido, este debía dejar su puesto en el Congreso, pues el escaño le pertenece a la colectividad política.
El centro de estudios Horizontal, y personajes que llevaron adelante la campaña del “En Contra”, quienes han estado en estas conversaciones, coinciden técnicamente en los diagnósticos mencionados, pero además en que la reforma debería contar con un principio de gestión legislativa y urgencias ciudadanas. Sin embargo, según reveló La Tercera, los personajes que han estado gestionando las propuestas y conversaciones son los excomisionados Juan José Ossa (RN), Sebastián Soto, Antonia Rivas (CS) y Gabriel Osorio (PS).
Ahora, no existe un documento con una propuesta concreta, pues voces conocedoras del trámite sostienen que el proyecto de la Comisión Experta estaba pensado para una nueva Constitución, no para que el actual Congreso, con los personajes incumbentes, realizaran la reforma.
Otras voces, de distinto sector pero también involucradas en las conversaciones preliminares, esperan que se tome el grueso de la propuesta de los expertos, pues la idea es que sea una reforma integral. Aseguran que tomar solamente las medidas del 5% y la que combate el discolaje en los partidos sería algo insuficiente.
Ahora bien, quienes participaron de las conversaciones preliminares advierten que el proceso para llevar adelante la reforma constitucional está en las presidencias de los partidos políticos, en la Segpres y, sobre todo, en el Congreso.
Altas fuentes de la oposición esperan que la reforma constitucional se lleve adelante, sin embargo, no creen que se cuente con las mayorías necesarias. Pero el diagnóstico de la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, es diferente.
Hutt aseguró que desde Chile Vamos “estamos todos muy dispuestos a ir adelante con la propuesta” y, dado el antecedente previo de un trabajo transversal de centroderecha, hasta incluso personeros del Frente Amplio, más el rescate de la propuesta de la Comisión Experta, “no deberíamos tener problemas por los votos”. Donde sí ve alguna dificultad la también exconsejera constitucional puede ser en que, lo que ahora se proponga, sea un poco más limitado que el contenido total de lo que propusieron los expertos.
En todo caso, la timonel de Evópoli cree que el umbral del 5% es indispensable instalarlo y también lo relativo al discolaje. “Tenemos que priorizar todos los aspectos que son los más, podríamos llamar, dañinos para la gobernabilidad. Todo lo que implica una dificultad para llegar a acuerdos y claramente el umbral lo es, porque obliga a tratar con más de 20 personas”.
Hutt cree que existirán partidos pequeños que se opondrán, pues “no van a querer fusionarse”. Su partido, afirma, siempre ha apoyado la idea del umbral, a pesar de que su tienda obtuvo un 4,8% en la última votación. No obstante eso, cree que “vale la pena hacer el esfuerzo de completar el 5% y hay una transición de un primer periodo electoral que es con 4%”.
Asimismo, cree que en las conversaciones entre expertos tanto el oficialismo como la oposición se han visto representados. Para la presidenta de Evópoli “la conversación que falta es, por ejemplo, con el ministro Elizalde para cuadrar la propuesta y acordar los términos para aprobarla pronto”.
La idea es que se presente un “proyecto que sea simple, que sea muy contundente en los temas que aborde, pero que se pueda despachar rápido, justamente porque es inconveniente que se mezcle con la discusión de las elecciones”, sostiene la exministra Hutt. Idealmente, dice, de aquí a julio, previo a la inscripción de candidaturas para las elecciones.
El ministro Álvaro Elizalde se refirió al tema en el Palacio de La Moneda e insistió en que “las prioridades del Gobierno son de carácter social. Eso no obsta a que todo lo que contribuya a mejorar nuestro sistema político, generando desincentivos a la atomización, nos parece que es algo que debe ser bienvenido y alentado”.
El ministro reveló que “hay un diálogo que se está desarrollando”, pero aseguró que el Gobierno “está concentrado en las reformas sociales”. Esto, aunque reconoció que está el desafío de “generar condiciones para que el sistema político dé respuesta oportuna a las demandas de la ciudadanía y eso contribuya a darle mayor legitimidad y fortaleza a nuestra democracia y, por tanto, los incentivos deben ser contrarios a la atomización, a la división y, más bien, estar orientados a generación de acuerdos que permitan destrabar una serie de iniciativas que se traducen en mejorías concretas en la calidad de vida de las chilenas y chilenos”.
Al ser consultado por el texto de la Comisión Experta, sostuvo que “es uno de los antecedentes que obviamente se tendrá que tener a la vista”.
Al preguntar en la Comisión de Constitución de la Cámara, el diagnóstico no es muy dispar entre oficialismo y oposición. El presidente de dicha instancia, Raúl Leiva (PS), estaría por apoyar la reforma, pero no ve que exista mucho espacio en el Congreso: “En el ambiente actual no creo que genere consenso, atendido el clima de polarización y atomización. Pero, por lo mismo, es extremadamente necesario para generar gobernabilidad y estabilidad en el sistema”.
Su par socialista, Leonardo Soto, coincide con el diagnóstico de que “se hace casi imposible que se pueda gobernar”. Soto lo explica por “el discolaje o transfuguismo, esa mala práctica en la que varios parlamentarios son elegidos por un partido político que apoya a un Gobierno y cambian de afiliación y se unen a otros partidos políticos durante su mandato y se suman a la oposición o bloqueo de la acción del Gobierno, sin consulta a sus electores. Este vicio democrático, junto a la excesiva proliferación de partidos políticos –hay cerca de 20 formaciones vigentes–, está destruyendo a este Gobierno y hará lo mismo con los que vienen y, por tanto, es urgente una reforma política que los erradique”. Haciendo alusión a lo ocurrido con los parlamentarios del partido Demócratas que cruzaron el charco hacia la derecha.
Incluso, Soto asegura que “el PS está disponible a enfrentar este grave problema de gobernabilidad y se encuentra preparando una reforma constitucional que elimine los graves efectos de la combinación del transfuguismo y la excesiva fragmentación de partidos en nuestro sistema político. Por el bien de Chile”, enfatiza.
La diputada Camila Flores (RN) entiende que la reforma al sistema político es también una preocupación ciudadana y coincide con los diagnósticos anteriores. Para ella, existen muchos parlamentarios y asegura que “siempre he estado disponible para hacer reformas al sistema político que vayan en la línea, precisamente, de profundizar la democracia”.
Sin embargo, Flores sincera que “honestamente no sé si es que existirá el ánimo para aquello. Nosotros, la derecha, siempre que hemos tratado de impulsar reformas al sistema político, la izquierda se abandona”. De hecho, dice, a diferencia de los parlamentarios PS, “creo que más bien una vez más estarían por oponerse”.
El diagnóstico en la izquierda, como al que apuntó Hutt, es que los partidos más pequeños se opondrán, dado que pondrían en riesgo su influencia en el Parlamento. El presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, por ejemplo, es el único parlamentario de su colectividad en el Congreso y es un opositor a esta medida.
En conversación con El Mostrador, el diputado de Amarillos vaticinó que no cree que la reforma surja en el Congreso, pues la prioridad principal debería estar en la agenda de seguridad.
Ahora, Jouannet cree que lo que se propone no es una reforma al sistema político, “es una reforma al sistema electoral y al sistema partido” y “nadie puede hacer una reforma electoral un año y medio previo a una elección parlamentaria. Eso es poco serio”. Además, agrega que una reforma de esas características debería incluirse en el programa de Gobierno y acusó que “las reformas se hacen en el Parlamento, no se hacen en los institutos, no lo hacen los intelectuales”.
Para el diputado por La Araucanía, la propuesta carece de sustento, pues se recoge de un proceso constituyente rechazado y, además, acusa que “la pseudofronda intelectual de acá, de izquierda y derecha, que hay acá en Santiago, que no tiene ninguna vinculación a la realidad de las regiones y a la realidad del sistema electoral”, aborda malamente el debate.
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