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El hombre cuyo teléfono celular hace temblar a políticos, jueces, empresarios y policías, fue edificando de a poco su acceso a las más altas esferas de Chile, tomando muchas causas irrelevantes penalmente, pero que afectaban directa o indirectamente a personas poderosas.
Más de alguien ya debe estar pensando en escribir la que quizá sea la biografía más interesante del Chile contemporáneo: la del abogado Luis Hermosilla, repleta de vericuetos, episodios insólitos, amenazas, fiestas en alta mar y traiciones.
Quienes lo conocen argumentan que el primer peldaño que subió Hermosilla hacia la construcción del poder en las sombras que llegó a ostentar hasta el año pasado fue el giro que dio a mediados de los años 90, cuando asumió la representación de la familia de Jaime Guzmán, asesinado en 1991 por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo (FPMR-A). Aunque los “autónomos” rompieron con el PC en 1987, de todos modos en el partido quedaron estupefactos con la decisión de Hermosilla, quien fue alumno de Guzmán en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, al igual que algunos de sus mejores amigos, Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma, ambos militantes de la UDI.
Hermosilla estaba consciente de que tomar esa causa era un paso que no tenía vuelta, pero a esas alturas tenía claro que lo suyo era el poder y para ello se requería transversalidad. El caso no solo le significó el desprecio de muchos de sus excamaradas, sino que tuvo otras consecuencias, incluso más complejas.
El 27 de septiembre de 2001, dos semanas después de los atentados en contra de Nueva York y Washington DC, dos cartas bombas llegaron a la zona oriente de Santiago. Una fue recepcionada en la Embajada de Estados Unidos, siendo desactivada por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. La segunda fue recibida en el despacho de Luis Hermosilla, por aquel entonces ubicado en un edificio de calle Nueva Tajamar.
Ahí sucedió algo muy curioso. Desde la oficina de Hermosilla se dio aviso a Carabineros y al lugar llegaron dos oficiales, ambos de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar). Uno de ellos, que desactivó la bomba en el lugar, pues antes había se había desempeñado en el GOPE, era Sergio Escobar. El otro era el entonces mayor Bruno Villalobos, que llegaría a ser general director de Carabineros.
Por las cartas bombas fueron condenados a penas de más de 10 años el exmilitante del PS y “analista de inteligencia” Lenin Guardia Basso y el exmilitante de organizaciones radicales e informante de “La Oficina” (antecesora de la Agencia Nacional de Inteligencia) Humberto López Candia.
El primero niega –en su autobiografía– tener relación con el hecho, alegando haber sido amigo de Hermosilla, pero, para fuentes que conocen de cerca el caso, la carta bomba fue una suerte de “téngase presente” enviado al abogado, por su participación en el caso Guzmán.
En 2022, Hermosilla volvió a vivir un hecho delictivo que lo dejó tan preocupado que llegó a presentar una querella al respecto. Según el escrito que presentó ante el Cuarto Juzgado de Garantía, el 04 de noviembre de 2022 él y su familia se encontraban en Valdivia, cuando “recibimos una alerta en mi teléfono celular respecto de la activación de los dispositivos de seguridad de mi domicilio. En efecto, a través de las cámaras de seguridad pudimos percatarnos de la presencia de terceros al interior de las dependencias”. Estos, como relata la acción judicial, solo robaron dos cosas: un laptop Apple y un iPad.
En la querella, Hermosilla pidió que la orden de investigar fuera enviada a la PDI –que por aquel entonces era dirigida por el actualmente encarcelado exdirector de la policía civil, Sergio Muñoz Yáñez, quien se consideraba “amigo” del abogado–, pero nunca se pudo esclarecer el robo, por lo que la causa terminó archivada. Fuentes allegadas a Hermosilla señalan que este siempre quedó con la impresión de que no se trataba de un delito común.
Es difícil encontrar alguna causa penal de gran envergadura en Chile, en los últimos años, en la cual Luis Hermosilla no hubiera estado involucrado, ya sea como defensor, querellante o, incluso, como abogado de terceristas, es decir, representante de terceros afectados de un modo u otro en alguna indagatoria, sin estar directamente implicados en ella.
Además del caso Guzmán, fue el defensor de Claudio Spiniak Vilensky, el empresario acusado de abusar sexualmente de menores en las fiestas que organizaba en su casa en Vitacura. Spiniak era un hombre importante, pero más lo eran sus amigos cercanos, entre ellos Jorge Rabié, por aquel entonces dueño de la distribuidora de alimentos más grande de Chile (Rabié S.A.). Además, en dicha causa apareció el testimonio de Gemita Bueno, quien aseguró que uno de los abusadores sexuales amigos de Spiniak era el líder de la UDI, Jovino Novoa, lo que posteriormente la justicia estableció que era falso.
Fue en dicho caso que Hermosilla se ganó un enemigo muy poderoso: el actual ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz Gajardo, quien –durante un interrogatorio al psiquiatra de Spiniak, Juan Pinto Quappe– acusó a Hermosilla de haber cometido una falta ética, al haber provisto al médico de un cuestionario con las preguntas. Esto incluso significó que Hermosilla presentara un amparo en su contra, ante el Colegio de Abogados (que falló a su favor).
Como comenta un conocido abogado, que pide reserva de su nombre, “Luis es un experto en temas económicos: estafas, fraude al fisco, apropiación indebida, etc. Ese es su elemento natural y la mayoría de sus causas siempre fueron de ese tipo. Solo muy de cuando en cuando tomaba causas por temas sexuales, VIF o drogas, y cuando lo hacía era porque representaba a alguien muy poderoso y con muchas conexiones, o porque era un favor para alguien cercano a él”.
Eso es lo que sucedió, por ejemplo, cuando asumió la defensa del sacerdote John O’Reilly, el principal rostro de los Legionarios de Cristo en Chile, muy cercano a Pilar Capdevila (la esposa de Eliodoro Matte), como explicó El Mostrador en 2018, reportaje en el cual se precisaba que, además del vínculo de O’Reilly con una de las familias más acaudaladas del país, estaba a cargo de la dirección espiritual del colegio Cumbres, donde –entre otros– estudiaron los hijos de políticos de derecha como Andrés Chadwick, Andrés Allamand, Pablo Longueira, Juan Antonio Coloma, Cristián Larroulet y Marcela Cubillos.
Otra causa muy menor desde el punto de vista penal que defendió tuvo relación con un accidente de tránsito ocurrido en Andrés Bello con Los Leones, donde el vehículo conducido por el abogado Cristian García-Huidobro Ruiz-Tagle chocó a otro móvil, dejando a dos personas lesionadas. García-Huidobro fue por mucho tiempo abogado del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), una posición muy influyente dentro de uno de los gremios más importantes del país.
También desprovista de mayor complejidad era la causa que asumió en 2010, en la cual defendió al chico reality Juan Lacassie Viancos, en contra de quien se presentó una querella por parte de un joven que dijo haber sido golpeado por Lacassie al interior de la discoteca “Eve”, resultando con lesiones graves. La defensa de Lacassie fue asumida por Hermosilla, Ricardo López Zegers y Álvaro Morales, y el caso se zanjó con un acuerdo reparatorio, que consistió en un pago de 4 millones de pesos a la víctima.
Aunque Laccasie es conocido por su fama televisiva (donde es apodado “El Chispa”), hacia 2010 su padre, Juan Alfredo Lacassie Wiederhold, era el gerente general de una de las mayores empresas de construcción del mundo, Azvi, que en Chile ganó una serie de licitaciones de obras públicas, entre ellas, la relativa al polémico puente Cau Cau. Luego de ese episodio, Lacassie hijo volvió a tener problemas con la justicia, pues en 2013 fue acusado de amenazar al periodista Sebastián Eyzaguirre.
Hermosilla no lo defendió en dicha causa, pero es un hecho que se hicieron muy buenos amigos. El video que circuló el año pasado en redes sociales, que mostraba a Hermosilla de juerga en un yate anclado en Miami, fue justamente grabado por Lacassie en 2017, momento en que lo subió a su Instagram bajo el título de “Family Time”. Esa, en efecto –argumenta otro abogado–, era una de las características de Hermosilla en su trato con los clientes: “Siempre se veía muy cercano a ellos, muy comprometido, más de lo que dicta la sana prudencia y la distancia que a uno le enseñan en la facultad que debe tener con los clientes, sobre todo con aquellos implicados en hechos penales”.
Otra de las causas que asumió por amistad o vínculos personales –aunque de por medio hay una dosis importante de poder– es la del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, quien fue compañero en la universidad de su hijo Juan Cristóbal, con quien formaron parte de Nueva Acción Universitaria (NAU), que dio paso al partido Revolución Democrática y, por supuesto, en el mismo rango se encuentra la defensa del exdirector de la PDI Héctor Espinosa Valenzuela, actualmente acusado de lavado de activos, fraude al fisco y malversación de caudales públicos.
En todo caso, no se trata de la única causa en la cual apareció como abogado de Espinosa. En el portal del Poder Judicial figura como su representante en dos querellas que este presentó, debido a filtraciones de la investigación que le afecta. La primera de ellas, interpuesta en 2021, tenía que ver con varias notas periodísticas en distintos medios web, en las cuales aparecían antecedentes que se suponía eran reservados. La segunda, que data de 2022, es por lo mismo, aunque esta vez la querella decía relación con los antecedentes del caso expuestos en un capítulo de “Informe Especial”, de TVN.
Otra causa de poca importancia penal en la que intervino fue en “el cuento del tío” que tuvo como víctima a la asesora del hogar de Paula González Alemany, quien es esposa del abogado y miembro de importantes directorios Oscar Spoerer Varela, que además fue miembro de la mesa directiva a la Asociación de AFP.
Del mismo modo, siempre ha estado ligado a causas que afectan a políticos. En un rastreo efectuado por El Mostrador en todos los Tribunales de Garantía y Orales en lo Penal de Santiago, la primera causa de la reforma procesal penal en que aparece involucrado es de 2006, cuando defendió al entonces senador Guido Girardi en una querella que se presentó contra él ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por parte de los máximos ejecutivos de las AFP Hábitat, Santa María, Bansander, PlanVital y Cuprum, debido a que en varias entrevistas televisivas el entonces parlamentario y poder fáctico del PPD calificó a los gerentes de las asociaciones de fondos de pensiones de “delincuentes de cuello y corbata”, que “roban a la gente sus pensiones”, “que abusan de ellos”, “que les quitan sus derechos a tener jubilaciones decentes”. En el Diario Financiero, en tanto, dijo que “han tenido prácticas que son delictivas”.
Girardi fue acusado de injurias graves con publicidad y su defensa fue asumida por Luis Hermosilla, junto a Ricardo López Zegers y Alfredo Morgado. Sin embargo, la causa no avanzó, debido a una presentación de inaplicabilidad efectuada ante el Tribunal Constitucional (TC).
Si bien con la representación de la familia Guzmán Luis Hermosilla se cambió de la vereda por la que transitó en su adolescencia y primera adultez, cuando decidió no dejar nunca de caminar por ella fue en 2012. En agosto de ese año, en una cuenta de Twitter llamada “@RunCaos”, aparecieron los datos contenidos en el servidor interno de la UDI y ese hecho dio lugar a una querella criminal presentada por Hermosilla, como abogado de la Unión Demócrata Independiente, en momentos en que –además– se desempeñaba ya como asesor del Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.
En 2021, en tanto, interpuso una querella a nombre de la hermana de Jaime Guzmán, por los rayados y daños que sufrió la tumba del asesinado senador en el Cementerio General de Santiago, después que el 7 de julio de ese año se efectuara el funeral de Luisa Toledo (la madre de los hermanos Vergara Toledo, en función de los cuales se conmemora todos los 29 de marzo el “Día del joven combatiente”).
Otra causa con políticos de por medio en la que participó es aquella de la querella interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra de varios funcionarios municipales, a quienes acusó de fraude al fisco y cohecho, debido a varios permisos de construcción otorgados en dicha comuna en el “Conjunto Armónico Bellavista”, donde Hermosilla fue defensor del exdirector de Obras Municipales, Enrique Herrera.
También fue el defensor del médico (y ministro de Salud en los gobiernos de Piñera I y II) Jaime Mañalich, en una querella por injurias interpuesta en su contra, en 2013, por los entonces diputados Marco Antonio Núñez y Juan Luis Castro (actual senador), y en otra, de 2019, patrocinada por la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud AG (APIS).
En el caso SQM fue defensor de Juan Antonio Guzmán Molinari, director de múltiples empresas, entre ellas, de Laureate, cuando esta era propietaria de la Universidad Andrés Bello, de la cual Hermosilla fue decano de Derecho.
Asimismo, asumió como defensor de Andrés Chadwick no solo en la acusación constitucional que terminó con su destitución en 2019, sino también en todas las causas por violaciones a los derechos humanos que se interpusieron en contra del exministro del Interior y del expresidente Sebastián Piñera, cuyo abogado en dichos procesos era Samuel Donoso (y, en otros, Juan Domingo Acosta).
En dicho sentido, es efectivo que nunca fue el abogado del fallecido exmandatario, pero sí lo fue de su hermana Magdalena, al menos en la parte final del proceso que se inició en plena pandemia, cuando el abogado Luis Mariano Rendón interpuso una querella a raíz de la cantidad de personas que asistieron al funeral del exarzobispo Bernardino Piñera, tío de ambos, el 21 de junio de 2020.
Según la acusación, en el sepelio hubo 31 asistentes (siendo 20 el máximo permitido en la época de la pandemia) y tampoco se respetó el distanciamiento social de un metro mínimo, lo que ejemplificaba el querellante con un empujón que supuestamente Sebastián Piñera dio a su primo Andrés Chadwick, cuando este impidió que se abriera el ataúd. En un procedimiento monitorio, efectuado el 16 de diciembre de ese año, Magdalena Piñera fue condenada al pago de 6 UTM por infracción a las normas sanitarias, siendo representada por Luis Hermosilla, quien seis meses después solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa.
Entre otras causas de gran connotación en que ha participado Hermosilla, se encuentran la acusación de Farmacias Ahumada en contra de varios sujetos acusados de emitir facturas falsas de dicha compañía, la relativa a las irregularidades en la licitación de la plataforma tecnológica del Registro Civil y otra en la cual representó a una de las mayores distribuidoras de calzado del país, Belsport, cuando esta era propiedad de la familia Rishmague –por aquel entonces propietaria de la segunda mayor cadena de marcas de retail del país–, en una querella en contra del excontador de la firma.
También fue abogado de dos de los máximos ejecutivos de Barrick Gold Chile (Manuel Fumagalli Drago y Laura Phyllis María Emery) en una querella por injurias interpuesta en contra de ellos y otros por Jorge Lopehandía Cortés.
Del mismo modo, fue defensor de Roberto Sumar Müller, frente a la querella que interpuso en su contra Juan Carlos Larraín, por suscripción de contrato engañoso en relación con seguros. Igualmente, actuó como abogado del empresario Gonzalo Vial Concha, cuando este se querelló –en el marco del caso Caval– en contra de Natalia Compagnon, a quien acusó de haberlo estafado en mil millones de dólares, por la entrega de informes de minería que, en realidad, eran simples copy-paste.
Otra de las causas vinculadas a la colonia árabe que tuvo Hermosilla fue la querella de Jorge Yarur Bascuñán en contra de Jorge Yarur Elsaca, a quien el primero acusaba de haberlo defraudado en 42 millones de dólares, por la propiedad del banco BCI, caso en el cual Hermosilla fue querellante, junto a Samuel Donoso y otros abogados.
Una de sus últimas causas (en 2022) fue la defensa del empresario Munir Hazbún Rezuc, frente a una querella que su exesposa (María Alejandra Muñoz Boudeguer) interpuso en su contra, acusándolo de haber instalado un micrófono y un GPS en el automóvil que ella ocupaba (un Maserati).
Como Chile es un pañuelo, actualmente Hazbún Rezuc es pareja de Compagnon y fue un estrecho amigo de los hermanos Sauer hasta que se sintió estafado por ellos, por lo que hoy se presenta como una de sus víctimas. Los hermanos Sauer fueron formalizados junto a otras cuatro personas por los delitos cometidos a través del factoring Factop.
También fue abogado de Tonka Tomicic, en el caso “relojes”, por el cual la expareja de esta se halla imputada, y durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera fue querellante del Ministerio del Interior en los casos Luchsinger-Mackay, Catrillanca y Huracán, este último, el montaje de inteligencia acaecido en el periodo de Bruno Villalobos, quien, sin embargo, nunca fue formalizado en dicha causa.
