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Foto: Diego Martin/AgenciaUNO
La defensa del alto mando de Carabineros buscaba aplazar su formalización debido al aumento de casos de omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social de 2019, que pasaron de 400 a 1.386. La Fiscalía rechazó la solicitud y ahora la audiencia del 7 de mayo es inminente.
Como parte de las maniobras legales que buscan aplazar o anular la investigación, las defensas del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; de su antecesor, Mario Rozas, y del exsubdirector de la institución, Diego Olate, solicitaron una audiencia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para tomar conocimiento de todos los casos por los cuales serán formalizados los generales este próximo 7 de mayo. Lo anterior, según los abogados, porque la carpeta investigativa ha aumentado las causas de 400 a 1.386.
Los cargos que enfrenta el alto mando de la policía uniformada son por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante las manifestaciones ocurridas en el estallido social de 2019.
La fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, junto al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz asistieron a la audiencia de cautela de garantía como contraparte de los oficiales, donde la jueza Isabel Correa actuó a favor de los persecutores.
Según consignó La Tercera, la intención de la defensa es aplazar la formalización o directamente anular la investigación, sobre todo desde el círculo que blinda al actual mandamás de Carabineros, quien en caso de prosperar con sus estrategias -el próximo paso es llegar al Tribunal Constitucional-, Yáñez sería el primer general director en terminar el periodo de su cargo en noviembre de este año, a diferencia de sus tres antecesores.
El 7 de mayo también sería una fecha límite, puesto que La Moneda definió que si los tiempos procesales continúan como están estipulados, ese mismo día, Yáñez dejará el cargo.
El abogado Jorge Martínez, defensor del general Yáñez, argumentó que la norma establece que “el imputado debe tener acceso en forma a los hechos por los cuales se está investigando. Saber qué es lo que se está imputando, porque acá hay más de 1.100 terabytes en una carpeta investigativa y para hacer una defensa seria tenemos que conocer en cuáles de las 986 causas nuevas que ahora están en el expediente se nos imputa el delito omisivo”.
Con el mismo relato, los abogados de Rozas y Olate, Felipe Barruel y Sergio Contreras, respectivamente, justificaron que era importante para ellos saber el día, hora, lugar y tipo de lesión, que le imputarían la omisión a sus representados, dentro del universo de causas levantadas, de las cuales tienen cuatrocientas.
“Si me dicen que son los 986, más los otros 400 casos que ya había, se termina la audiencia y me voy, de lo contrario, pido que se detalle cuáles son”, indicó Contreras.
Por su parte, el fiscal Armendáriz replicó que este es un intento por obtener “privilegio procesal” y que los hechos objeto de investigación serán informados el mismo día de la audiencia de formalización.
“Los antecedentes de quiénes son las personas, dónde fueron lesionadas, en qué calle, las regiones de su cuerpo afectadas, el mecanismo lesionador y en definitiva cualquier información relativa a estas personas, la defensa cuenta con exactamente los mismos antecedentes del Ministerio Público“, aseguró el fiscal regional.
Asimismo, Armendáriz dio a entender que los imputados intentan conseguir un “privilegio procesal” dado a que “desde el punto de vista jurídico, la posición de revisar uno, 40 o 900 casos no debiera afectar. No es labor del Ministerio Público decir cuáles son los antecedentes que la defensa -o un querellante, quien sea- tenga 1 caso, 30, 40 o 900. No es labor del Ministerio Público señalar cuáles son los antecedes que la defensa -o quien sea- tenga que centrar su análisis. En la carpeta investigativa está todo”, enfatizó.
Tras recibir ambas partes, la jueza Isabel Correa no accedió a la solicitud de la defensa -la cual podía implicar un aplazamiento en la formalización- pero le dio la razón a la Fiscalía.
“Todo ciudadano que ha sido objeto de una formalización, es en el momento en que sabe de forma precisa y determinada qué hechos van a enmarcar esta investigación y este proceso (…). Antes de esa audiencia hay una cantidad de antecedentes que están en la carpeta, por lo tanto, si las defensas tienen que revisar 400 miles de NUE, bueno, ese ese su trabajo, si tiene que revisar todas las causas asociadas, bueno… Cualquier conducta que se le imputa a los imputados tiene que estar ahí”.
