PAÍS
Foto: subinterior.gob.cl
El convenio policial fue cuestionado por diputados UDI y de la bancada social cristiana, quienes sostenían que este tipo de relaciones debían ser visadas por el Congreso. Sin embargo, Contraloría determinó que el Ministerio del Interior está autorizado para celebrar este tipo de acuerdos.
La Contraloría General de la República (CGR), respondió a una solicitud hecha por la diputada Gloria Naveillán (independiente de la bancada del Partido Social Cristiano) y los diputados de la UDI Cristian Labbé y Cristhian Moreira, quienes solicitaron determinar la juridicidad y naturaleza del convenio celebrado entre ministerios de Chile y de Venezuela, que tiene por objeto la colaboración policial.
Cabe mencionar que una publicación del diario venezolano “La Razón” -disidente de Nicolás Maduro- aseguró en febrero de este año que el secuestro del teniente (r) venezolano Ronald Ojeda se realizó en el marco del “convenio policial” firmado entre la administración chilena y venezolana. Pero, “es una total mentira”, dijo en dicha oportunidad el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Hoy, tras el análisis de los antecedentes, Contraloría determinó que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP) sí está facultado, en su calidad de órgano de la Administración del Estado, para celebrar convenios interinstitucionales de carácter internacional con entidades extranjeras, que incidan en asuntos propios de su ámbito de competencia.
Los parlamentarios requirieron, en particular, que se estableciera su naturaleza jurídica, ya que, a su juicio, de tratarse de un acuerdo internacional, requeriría de la aprobación del Congreso Nacional.
No obstante, el pronunciamiento de la CGR manifiesta que, ajustándose al artículo 35 de la ley N° 21.080, y teniendo en cuenta el “recrudecimiento” de la delincuencia organizada transnacional, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP) de Chile suscribió dicho acuerdo para promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia. Y, en ese contexto, pacta con su contraparte, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, la mutua colaboración, para facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de delitos que son expresión de la criminalidad organizada.
Cabe destacar que para el análisis de esta solicitud parlamentaria se solicitaron informes tanto al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Revisa el dictamen de Contraloría.
Desde la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública comandada por Manuel Monsalve, quien viajó hasta Caracas en enero pasado a suscribir este acuerdo de cooperación, valoraron el dictamen del órgano de control liderado por Dorothy Pérez.
A través de un comunicado, señalaron que el dictamen de Contraloría “viene a confirmar lo que el Gobierno de Chile señaló desde un comienzo, en el sentido de que no se trata de un tratado internacional, sino que sino que de un convenio interinstitucional celebrado conforme a la ley”.
Asimismo, reafirman el trabajo realizado durante el último tiempo, con la suscripción de este tipo de entendimientos con Bolivia (2023) y el diálogo que se está realizando con Perú en la actualidad. También destacan “la firma de Chile para su incorporación a AMERIPOL, o la reciente participación de nuestro país en el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PacCto 2.0) y la III Cumbre de Ministros y Ministras del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), entre otras”.
“Reafirmamos nuestra decisión de seguir buscando distintos espacios de cooperación internacional, conforme a la establecido en la Política Nacional del Crimen Organizado, para enfrentar el crimen organizado transnacional y garantizar el derecho a la seguridad de los chilenos y chilenas”, concluye el comunicado de la Subsecretaría del Interior.
