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Foto: Pablo Ovale/AgenciaUNO
El plazo otorgado por el TC a la defensa de Mario Rozas, la demora de cinco meses para la audiencia de formalización solicitada por Fiscalía y los intentos de inhabilitar a los fiscales Ximena Chong y Xavier Armendáriz, prendieron las alarmas al interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresó su preocupación ante una serie de eventos “poco habituales” en el marco de la causa que involucra a altos mandos de Carabineros. El INDH, querellante en este caso, señala tres hechos que llaman particularmente su atención y generan cuestionamientos sobre la transparencia y el debido proceso en el sistema judicial.
Los cargos que enfrenta el alto mando de la policía uniformada son por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante las manifestaciones ocurridas en el estallido social de 2019. La primera audiencia de formalización está programada para el próximo 7 de mayo.
En primer lugar, el INDH cuestiona el plazo otorgado por el Tribunal Constitucional a la defensa del exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, para aclarar su requerimiento de inaplicabilidad. Según el instituto, el tribunal concedió un período de tres días, una medida poco común, en lugar de rechazar el requerimiento de manera inmediata, como es habitual en casos similares.
El segundo punto de preocupación para el INDH es la solicitud de audiencia para formalizar a los oficiales Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate por parte de la Fiscalía. A pesar de esta solicitud realizada el 2 de enero de 2024, la audiencia se fijó para cinco meses después, algo que el instituto califica como poco habitual en el sistema judicial.
Por último, el INDH señala los intentos de inhabilitar a la Fiscal Ximena Chong en la investigación, una medida que fue rechazada por el Séptimo Juzgado de Garantía, la Corte de Apelaciones de Santiago e incluso por la Corte Suprema. No obstante, ahora, se cuestiona al Fiscal Regional Xavier Armendáriz, una situación que también es considerada como poco común por el instituto.
El pasado 15 de abril, la Corte Suprema admitió a tramitación un requerimiento presentado por un grupo de diputados de oposición por la remoción del fiscal Armendáriz. El máximo tribunal remitió los antecedentes al presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, para que de traslado al fiscal requerido para que en un plazo de 8 días hábiles haga sus descargos ante la presentación.
Cabe mencionar que, como parte de las maniobras legales que buscan aplazar o anular la investigación en su contra, las defensas del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; de su antecesor, Mario Rozas, y del exsubdirector de la institución, Diego Olate, habían solicitado una audiencia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para tomar conocimiento de todos los casos por los cuales serán formalizados los generales. Lo anterior, según los abogados, porque la carpeta investigativa ha aumentado las causas de violaciones a los Derechos Humanos de 400 a 1.386. Pero la Fiscalía rechazó la solicitud y ahora la audiencia del 7 de mayo es inminente.
