PAÍS
El caso Convenios salpicó a la política chilena y, en particular, a los gobiernos regionales, los que fueron blanco de las críticas tras revelarse cuestionados traspasos a fundaciones. Varios de los apuntados buscan la reelección en octubre.
El 2024 es un año de elecciones en Chile y, entre ellas, se elegirá a los gobernadores regionales. Cargo de elección popular por primera vez desde el año 2021, ha pasado con más pena que gloria. Sin embargo, la intención de al menos 13 de ellos es ir a la reelección, pese a que han protagonizado o han estado involucrados en diversas polémicas.
Lo cierto es que el llamado caso Convenios salpicó a la política chilena y, en particular, a los gobiernos regionales (Gores), los que fueron blanco de las críticas tras el destape del caso Democracia Viva en la Región de Antofagasta. Si bien en este caso el Gore no estuvo involucrado, a raíz de los irregulares traspasos a la fundación liderada por Daniel Andrade, en otras regiones se destapó una verdadera olla a presión y comenzaron a revelarse transferencias de gobernadores regionales –que van a la reelección– a distintas fundaciones sin una razón clara.
De acuerdo con la información que maneja El Mostrador, los gobernadores que buscan la reelección en octubre son: Jorge Díaz (DC), de Arica y Parinacota; José Miguel Carvajal (Ind), de Tarapacá; Miguel Vargas (PS), de Atacama; Ricardo Díaz (Ind), de Antofagasta; Rodrigo Mundaca (Ind), de Valparaíso; Claudio Orrego (Ind), de la Metropolitana; Pablo Silva (PS), de O’Higgins; Cristina Bravo (DC), del Maule; Óscar Crisóstomo (PS), del Ñuble; Rodrigo Díaz (Ind), del Biobío; Luciano Rivas (Ind), de La Araucanía; Andrea Macías (PS), de Aysén; y Jorge Flies (PR), de Magallanes.
La pregunta que surge es si el caso Convenios afectará finalmente a los gobernadores que buscan la reelección. En algunos partidos siguen con el mantra “el que tiene, mantiene”. En conversación con El Mostrador, Axel Callís, de Tú Influyes, señaló que “en general con la corrupción en Chile no hay una relación directa entre electividad, salvo que sea así, como quien dice, pillado con las manos en la masa. A nivel de gobernadores no tenemos antecedentes”.
“Si roba y hace, bien, eso es lo que la gente dice en muchas partes. No tenemos antecedentes que nos digan qué pasa. El electorado tiene internalizada la corrupción en los políticos. Un porcentaje importante de los electores asocia a los políticos con la corrupción, no sorprenden mayormente los hechos de corrupción. Es parte de ser político ser corrupto, para una parte de la población”, añadió.
De los eventuales candidatos para la reelección, Rodrigo Díaz, en la Región del Biobío, es uno de los más complicados, ya que está involucrado en la arista “Lencería” del caso Convenios. Incluso, la situación llevó a los consejeros regionales (Cores) a pedir al Tribunal Electoral su destitución. Pese a que el partido Demócratas apoya su repostulación y asegura que “no es corrupto”, el año 2023 fue citado como imputado a declarar sobre transferencias de dineros a las fundaciones En Ti y Red Cultivarte. Hasta el momento de la publicación, mantiene en duda su repostulación.
El gobernador Rivas, de La Araucanía –el único elegido de la oposición–, también fue investigado en el marco del caso Convenios, a raíz de la denuncia de un particular sobre el traspaso de fondos desde el GORE.
En el Maule, en el marco del caso Convenios, el Gobierno Regional liderado por Cristina Bravo realizó una transferencia a la Fundación Urbanismo Social y, además, una autoridad regional supeditó la entrega de la información sobre la ejecución del proyecto a que se contratara a determinadas personas. Es decir, un caso de tráfico de influencias.
En Tarapacá, el gobernador Carvajal recomendó nombrar al entonces subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi (RD) a Francisco Javier Martínez como seremi de Vivienda y Urbanismo por la cercanía entre ambos. Martínez estuvo 6 meses en este cargo, luego de que se destapó un traspaso de $1.060 millones a la Fundación EnRed Social. La Policía de Investigaciones (PDI) allanó las oficinas de la Seremi.
El Gobierno Regional de Arica, al mando de Jorge Díaz, mantiene indagatorias abiertas por convenios con fundaciones como Fundor –una organización ubicada en Coquimbo con la que firmó un proyecto por más de $2 mil millones– y con la Fundación Valcar.
Por otro lado, las administraciones de Vargas (Atacama) y Macías (Aysén) fueron auditadas por la Contraloría, ente que envió los antecedentes al Ministerio Público y al CDE.
Mientras era contralor, Jorge Bermúdez reveló, ante la comisión investigadora del caso Convenios, que en los gobiernos regionales de Antofagasta, Atacama, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Magallanes, se detectó la inexistencia de procedimientos relacionados con transferencias de recursos a fundaciones, corporaciones y ONG. De ese listado, siete gobernadores van a la reelección.
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