En febrero, una auditoría realizada por la Contraloría reveló que el GORE Biobío había firmado contratos con la fundación ProCultura, transfiriéndole 2.553 millones de pesos para el proyecto “Competitividad de oferta turística y creativa, puesta en valor de la identidad cultural del Biobío”.
Este martes, el edificio del Gobierno Regional del Biobío fue sometido a un nuevo allanamiento, el tercero en relación con el caso conocido como convenios, específicamente por la investigación de la arista ProCultura, a cargo del fiscal de Aysén, Carlos Palma.
En febrero, una auditoría realizada por la Contraloría General de la República reveló que el GORE Biobío había firmado contratos con la fundación ProCultura, transfiriéndole 2.553 millones de pesos para la ejecución de diversos programas, procedimiento que no fue detalladamente documentado.
Hasta la fecha del preinforme, la ONG no había devuelto 990 millones de pesos del proyecto “Competitividad de oferta turística y creativa, puesta en valor de la identidad cultural del Biobío”. El GORE, según indicó en su momento el gobernador Rodrigo Díaz, “intentando recuperar parte del patrimonio”, procedió a hacer efectivo el cobro de la garantía del proyecto.
Durante la diligencia de hoy, se logró recopilar “cierta evidencia que a juicio nuestro constituyen piezas fundamentales para esclarecer los hechos”, señaló el fiscal Palma.
Los primeros informes indican que, en el allanamiento, el fiscal incautó material informático ubicado en el tercer y cuarto piso del edificio.