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En el caso que el juicio sea presencial, el informe reservado de Gendarmería advierte de “un posible ataque a la cápsula de seguridad o durante su permanencia en el tribunal, ante un posible riesgo de fuga” . El informe de discutirá durante una audiencia de factibilidad.
El peligro de fuga, ataques con armamento en los desplazamientos, posibles sabotajes a conexiones de fibra óptica, alteraciones en las calles de la ciudad, son parte de los riesgos y vulnerabilidades que determinó Gendarmería de Chile, al analizar la conveniencia de efectuar el juicio oral contra el Clan de Los Gallegos -brazo armado del Tren de Aragua, reuniendo a los 38 acusados presencialmente en el Tribunal Oral de Arica. De ellos, por razones de seguridad, 37 se encuentran distribuidos en los penales de esta ciudad, La Serena, Santiago, Valparaíso, Rancagua, Concepción y Puerto Montt.
La institución penitenciaria remitió estos antecedentes al Tribunal de Oral de Arica, a través del Informe Reservado N° 15.00.00.48/2024 de fecha 23 de febrero pasado. El contenido estratégico y sensible del documento, hizo que el 6 de marzo el propio juzgado lo declarara secreto, por lo que no estaría disponible para el Ministerio Público, defensores públicos y privados, y el Ministerio del Interior y menos para el público dentro de la causa RIT N°41-2024, la cual también está completa bajo reserva.
Luego que fuera suspendido el juicio contra la banda, se llevará a cabo una nueva audiencia de factibilidad -para analizar si será presencial, telemático o híbrido- donde se revisará el informe reservado.
La resolución judicial estableció que “teniendo presente la naturaleza de la información contenida en oficio N°48 de fecha 23 de febrero de 2023, decrétese el secreto de la pieza recepcionada por este tribunal con esta fecha, notifíquese a los intervinientes de la presente resolución, custódiese el documento sin perjuicio de la información que se entregará a los intervinientes en la audiencia respectiva convocada al efecto, una vez allegados todos los antecedentes a la presente causa para una mejor resolución”.
Em rigor, el documento sólo fue dado a conocer de manera genérica en la audiencia de factibilidad del Tribunal Oral del 5 de abril pasado. Allí la presidenta de la sala, Sara Pizarro Grandón al analizar la posibilidad de hacer el juicio de manera remota, indicó que por razones de seguridad y de las materias que allí estaban, no podía ser leído ni permitirse su libre disposición para los intervinientes. La Defensoría Penal Pública alegó en ese momento que se estaba provocando un menoscabo a los acusados, al impedir el acceso a un documento gravitante que podría afectar su derecho a defensa. Pese a la insistencia en 3 incidentes sucesivos, el tribunal decidió mantenerlo en secreto.
La pieza documental de 26 hojas contiene 8 informes de riesgo elaborados por 2 autoridades de Gendarmería de Chile. Los antecedentes fueron enviados al juzgado, para que los tuviera en consideración en la audiencia de factibilidad que se efectuó el 5 de abril pasado, donde se decidió finalmente que los 37 acusados privados de libertad participarían en las audiencias de manera remota y que sólo 1, actualmente en libertad, asistiría presencialmente al juzgado.
En los oficios, se establecen simulaciones de escenarios posibles y sus vulnerabilidades ante modalidades presenciales y remotas del juicio oral; se evidencian perfiles de los acusados de mayor peligrosidad; se entregan reportes de incidentes ocurridos en audiencias mientras se tramitaba este proceso en el Juzgado de Garantía; y se mencionan posibles afectaciones a las actividades cotidianas de la propia ciudad.
En su primera parte, que consta de 10 hojas, el director regional de Gendarmería de Arica y Parinacota, teniente coronel Danilo Millón Gallardo, entrega un análisis de 4 escenarios probables ante la realización del juicio oral, con los imputados presencialmente en el tribunal o vía conexión remota desde los penales donde actualmente se encuentran o reuniendo en Arica a los 37 que hoy permanecen privados de libertad.
Dados los riesgos que evidencian los diversos escenarios, el informe concluye finalmente que la mejor opción es que los 37 presos participen en las audiencias, a través de la plataforma zoom desde sus respectivos penales. Para ello, la institución penitenciaria asegura que se habilitarán los medios tecnológicos que garantizarán su debida defensa y privacidad.
La opción más compleja que define Gendarmería, es la realización del juicio oral con los 38 acusados de manera presencial en el Tribunal Oral de Arica. Al respecto, sostiene que es el “más adverso y altamente riesgoso” que los otros 3 escenarios simulados.
Sobre este punto, señala la inconveniencia de desalojar el módulo de alta seguridad del penal nortino, para albergar a los 37 que están presos en distintas cárceles del país y que no posee otro sitio para reubicar a los 58 internos que actualmente habitan esas dependencias por disposiciones de los propios tribunales.
El análisis alerta sobre el traslado diario de ida y vuelta de 11 kilómetros entre el penal y la ciudad de Arica, “en donde los primeros 7 kilómetros no existen rutas alternativas en caso de algún ataque o intento de rescate”.
También expone que el edificio del tribunal registra vulnerabilidades, a través de un sitio eriazo colindante y edificaciones menores en sus alrededores, lo que facilitaría su permeabilidad. Y, para reforzar esta tesis de que el entorno es riesgoso, menciona que la ciudad presenta diversos eventos ciudadanos que habitualmente congregan público masivo.
Sobre el perfil de los acusados, menciona que “pertenecen o integran una organización criminal con alto poder de fuego y niveles de organización trasnacional”. Es más, sostiene que por las altas condenas a las que se exponen, no se descarta “un posible ataque a la cápsula de seguridad o durante su permanencia en el tribunal, ante un posible riesgo de fuga por parte de los imputados”.
El informe plantea como otra alternativa la realización de las audiencias telemáticas con los 8 acusados varones que se encuentran en el Complejo Penitenciario de Arica, en la capilla de este recinto. Y para el caso de las 7 mujeres albergadas en el Centro Penitenciario Femenino de esta ciudad, ofrece la oficina de registro y un sector de la enfermería, señalando que ambos sitios fueron utilizados y probados en las 16 audiencias de preparación de juicio oral que se efectuaron entre enero y febrero de este año.
Millán expone como riesgos para tener en cuenta, la ocurrencia de posibles cortes de fibra óptica, dado que durante el 2023 se produjeron 5 de éstos y unos por casi 18 horas, afectando a audiencias telemáticas y acceso a los sistemas institucionales. Además, informa que el análisis de la proveedora de telecomunicaciones Movistar reveló que “es altamente probable que las motivaciones de estas acciones vandálicas sean con la intencionalidad manifiesta de dejar sin conectividad, afectando directamente a las unidades penales” y agrega que “donde según los antecedentes recabados no se trataría de robos de fibra óptica, ya que, en la mayoría de las ocasiones, los cables cortados quedan en el mismo lugar”.
Es más, el oficial aporta un dato preocupante: los ataques a la fibra óptica no serían casuales. Sobre este punto, sostiene que existió uno el 23 de marzo del año pasado, justo antes de una audiencia de reformalización remota de 16 imputados del Clan de Los Gallegos. En una inspección a las inmediaciones del penal de Arica, se advirtió el corte del cableado y un poste fracturado, lo que obligó a reprogramar la audiencia para el 3 de abril, la que esta vez debió hacerse con los imputados de manera presencial en el Juzgado de Garantía.
Advirtiendo este riesgo para el formato telemático, Gendarmería indica en su informe que realizó coordinaciones con el Ministerio Público para subsanarlo. La solución obtenida fue que la Fiscalía dispondría de una antena de conexión satelital, para así garantizar la seguridad y estabilidad de las comunicaciones remotas. A través de pruebas efectuadas, el organismo estableció que, en un rango de 45 minutos, la conexión por esta vía era regular y estable en caso de requerirla para audiencias telemáticas.
En un tercer escenario, el director regional de Gendarmería, Danilo Millón Gallardo efectúa un análisis sobre la opción de trasladar a los 8 hombres y 7 mujeres recluidos en los dos penales de Arica hasta el tribunal oral.
La institución considera esta opción como “un traslado de alto riesgo” y advierte que “no se tendría la capacidad en paralelo para cubrir el desarrollo prolongado de este juicio oral, debiendo considerar que se proyecta un juicio que tardaría entre 6 meses a 1 año, tiempo en el cual, el dispositivo en el edificio del Tribunal es apoyado por el Equipo de Canes Adiestrados”.
Además, hace presente que sólo existen 8 calabozos disponibles en el edificio que alberga al Tribunal Oral y al Juzgado de Garantía, capacidad que no daría abasto para los 38 acusados en este proceso al producirse los recesos, ni tampoco permitirían su segregación y afectaría el normal funcionamiento de ambos tribunales. Sobre este punto, hace presente que es necesario segmentarlos, dado que “mantienen conflictos personales entre los recluidos, por lo que han tenido que permanecer cumpliendo su prisión preventiva en distintas unidades penales del país, y en el caso de Arica, en el módulo de Alta Seguridad”.
Gendarmería advierte que otro escenario riesgoso es la realización del juicio con los 37 acusados hoy privados de libertad, conectados telemáticamente desde la capilla del Complejo Penitenciario de Acha.
El informe es categórico, ya que expone que “no se recomienda el juicio de esta manera”, considerando la extensión que tendrá este proceso y por el refuerzo que requerirá la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios del organismo, para atender los requerimientos extraordinarios de seguridad que implicarán las audiencias y el cumplimiento de las actividades normales que se efectúan con el resto de la población penal.
Al mismo tiempo, plantea que reunir a los 37 acusados en el penal de Arica, implicará el desalojo de los 58 internos del módulo de alta seguridad, situación que generará un grave problema para Gendarmería, dado que no dispone de otro sitio de estas características para albergarlos temporalmente.
También el informe secreto contiene 7 oficios suscritos por la jefa de Control Penitenciario de Gendarmería, coronel Maryorieht Castilla Venegas. En ellos, se entregan perfiles del nivel de peligrosidad y riesgo que reviste el traslado de 8 integrantes del Clan de Los Gallegos y que debieron ser trasladados el 2023 desde Arica a la Unidad Especial de Alta Seguridad de Santiago y a los penales de Valparaíso y Concepción, para evitar una eventual fuga.
La oficial reconoce problemas de espacio para acoger nuevamente a estos internos en Arica y falta de recursos humanos y logísticos para efectuar su traslado. Es más, en un tono categórico revela que los establecimientos penales “adolecen de recursos logísticos y humanos adecuados para sortear una amenaza como lo son estas bandas criminales avezadas. Los recintos penales en su conjunto deben poseer niveles mínimos para desarrollar una contención eficiente a la hora de afrontar situaciones de crisis, situación que hoy el Complejo Penitenciario de Arica no cuenta”.
El informe agrega como antecedente la vulnerabilidad que presenta el traslado desde distintas regiones hasta Arica. Al respecto, señala que el trayecto desde las distintas ciudades, deberá hacerse en postas y con apoyo de Carabineros y la PDI, lo que podría generar una sensación de inseguridad en la población por los riesgos asociados.
Al respecto, dice que ese temor podría asociarse “a la probabilidad real de vulneración de la seguridad del procedimiento mismo (rescate, ataque armado, planificación de fuga, accidente de tránsito”, considerando los antecedentes precedentes al respecto, (amenazas a altas autoridades judiciales, de gobierno y ministerio público) tanto a nivel nacional como internacional”.
Y para reforzar la idea de que existe un peligro inminente al concentrar a los miembros del Clan de Los Gallegos en un juicio presencial, el documento informa que existen 2 investigaciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, respecto de un supuesto plan de ataque frustrado de miembros del Tren de Aragua a jueces y fiscales, al ministro de Justicia y Derechos Humanos y al director nacional de Gendarmería.
