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Foto: Casa Museo de la Memoria Alberto Bachelet
La Corte Suprema confirmó las condenas a exagentes de uno de los organismos represivos clandestinos de la dictadura, el denominado “Comando Conjunto”. Las sentencias son por delitos de homicidio calificado, secuestro y tortura contra miembros de la Juventud del Partido Comunista entre 1975 y 1976.
En un fallo unánime, la Corte Suprema rechazó los recursos de casación en el fondo interpuestos por las defensas de los exagentes del denominado Comando Conjunto —organismo represivo de la dictadura de Pinochet—. Estos recursos buscaban impugnar la sentencia que los condenó por su participación en delitos de secuestro y homicidio ocurridos entre noviembre de 1975 y junio de 1976 en la Región Metropolitana.
La Segunda Sala del máximo tribunal, compuesta por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier y el ministro Jean Pierre Matus, confirmó la sentencia impugnada por la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta sentencia condenó a varios acusados a penas de hasta 18 años de presidio como coautores de homicidio calificado y secuestros calificados.
Juan Francisco Saavedra Loyola, Manuel Agustín Muñoz Gamboa y Daniel Luis Enrique Guimpert Corvalán fueron algunos de los condenados que recibieron penas de hasta 18 años de presidio. Además, se ratificaron las sentencias para otros implicados en los crímenes de lesa humanidad.
Se ratificaron las sentencias que deberán cumplir:
En su resolución, la Corte Suprema destacó que los recursos argumentaban la falta de constatación formal por parte de las defensas y postulaban la inocencia de los representados. Sin embargo, la sentencia censurada entregaba evidencia probatoria que desestimaba esa posición.
Además, el tribunal desestimó la aplicación de la figura de la media prescripción para reducir las penas de los condenados. Argumentaron que los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de prescripción según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En cuanto a la sentencia civil, se mantuvo la condena al fisco a pagar indemnizaciones por daño moral a los familiares de las víctimas.
El caso del Comando Conjunto involucra crímenes cometidos durante la dictadura militar en Chile, donde una agrupación de agentes de distintas ramas de las fuerzas armadas y civiles perpetraron secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales contra opositores políticos.
“Existió una agrupación de hecho que operó clandestinamente entre los años 1975 y 1976, conformado principalmente por agentes que pertenecieron a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, además de Carabineros Chile, Marina y Ejército, con la colaboración de civiles, cuyo objetivo principal fue la represión de la Juventud del Partido Comunista, para lo cual procedían a la detención de varios de ellos”, detalla el Poder Judicial.
Y agrega que “el actuar operativo de la agrupación, respecto de las personas privadas ilegítimamente de su libertad, manteniéndolos en recintos secretos, era obtener información de estos bajo tortura psicológica y física, logrando la colaboración de alguno de ellos, hasta el punto que algunos fueron asimilados como agentes operativos del grupo, lo que proporcionó una mayor efectividad en la detención de militantes comunistas en cadena, a los cuales se les hizo desaparecer, ocurriendo que de algunos de ellos, en el curso de los años, se encontró parte de sus restos”.
El Comando Conjunto fue una organización clandestina de inteligencia durante la dictadura, persiguiendo y ejecutando opositores del régimen de Augusto Pinochet. Se estima que secuestró, torturó e hizo desaparecer al menos treinta personas, principalmente dirigentes del Partido Comunista. Aunque operó sin formalización institucional como la DINA, funcionaba bajo la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile, reclutando también a miembros de otras ramas militares, Carabineros y civiles, incluyendo exmiembros del grupo extremista Patria y Libertad. La existencia del Comando Conjunto fue revelada públicamente en 1984 por el suboficial de la FACh Andrés Valenzuela Morales, quien desertó y confesó su participación en desapariciones forzadas a la periodista Mónica González de la revista Cauce, exponiendo los vejámenes y torturas utilizados por el grupo.
La «parrilla», método con el que se aplicaba electricidad a los detenidos y uno de los más utilizados por el Comando Conjunto, según la Comisión Rettig.
