Exfiscal Andrés Cruz y ataque en Cañete: “Es increíble la falta de empatía hacia las víctimas”

El exfiscal de crimen organizado Andrés Cruz actualmente representa a 72 víctimas de distintos hechos de violencia rural en la Provincia de Arauco, varias de ellas domiciliadas en el sector de Antiquina, donde el sábado en la madrugada fueron asesinados los suboficiales mayores Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid.

Al respecto, señala que decir que lo ocurrido en la zona es inédito, “como lo indicó un personero de Gobierno, me parece un tanto exagerado“, pues recuerda que “cuando se produjo el ataque al fiscal Mario Elgueta, se utilizó la táctica de la emboscada de aniquilamiento. En los domicilios de muchos de los individuos se encontró material proveniente de las FARC destinado a preparar y llevar a cabo atentados de este carácter“, relata en referencia al atentado en contra de la comitiva de Elgueta, en octubre de 2008, ocurrido en Puerto Choque, a escasos 20 kilómetros de Antiquina.

Cruz fue el fiscal encargado de dicha causa, la cual culminó con la condena de Héctor Llaitul y varios otros importantes líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Sin embargo, precisa que hay varios otros atentados de un gran nivel de violencia en la zona sur de la Provincia de Arauco que no quedan en la retina, como “la tragedia del molino Grollmus. Es decir, hay hechos de brutalidad que se cometen allí y que vienen arrastrándose desde hace muchísimos años”.

Al respecto, señala que, sin embargo, el sector no solo ha sido un lugar de actuación de la CAM, sino “de otros grupos que han ido avanzando y se han ido abriendo espacios, generando dinámicas que son paralelas a las de la Coordinadora Arauco Malleco”, en relación con orgánicas radicalizadas como la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) o Weichán Auka Mapu (WAM), ambas vinculadas a una serie de atentados y hechos delincuenciales en la zona.

Detalla que todos estos “son grupos que tienen capacidad y alto poder de fuego” y que “en general obran de manera brutal, por lo menos en los casos que nosotros tenemos, con una actitud de total desprecio hacia las víctimas, aunque se trate de adultos mayores o personas que abiertamente están en condiciones físicas de inferioridad”.

A lo anterior agrega que, como si no fuera suficiente la violencia de los encapuchados, “es increíble la falta de empatía hacia las víctimas desde el Estado”. En dicho sentido, puntualiza que, cuando se produce un atentado, lo habitual es que las víctimas queden en un desamparo casi absoluto, “pues se enfrentan a una institucionalidad cansina, burocratizada y sin compromiso”.

Extranjeros

Al respecto, indica que los grupos de atacantes por lo general están formados por “individuos fuertemente armados, que se desplazan en vehículos, de manera organizada, y que tienen una preparación distinta de los individuos que eventualmente los apoyan de manera colateral”.

Al pedírsele precisiones sobre ello, indica que “creo que hay personas que vienen de otros lugares y que tienen una preparación mucho mayor que individuos que son de ahí, pero que han ido trabajando al alero de estos sujetos”.

El exfiscal sustenta sus dichos en los testimonios de varias víctimas que han indicado que dentro de las personas que los han atacado había sujetos “con un acento que era distinto, pero no me atrevería a elucubrar en torno a un origen específico” (cabe señalar que, como indicó El Mostrador el sábado pasado, existen informaciones policiales que indican que en la zona de Antiquina opera un grupo delictivo conformado por venezolanos y colombianos).

En este contexto, detalla, “estos sujetos se encuentran con una ausencia del Estado de Derecho”, que “hace más rentable aún la comisión de hechos punibles”, todo –asevera– a vista y paciencia de múltiples gobiernos, frente a lo cual indica que lo ocurrido “era algo que se veía venir”.

Esto –recalca– “hace que la tragedia sea aún mayor, pues es algo que viene ocurriendo hace muchísimo tiempo y que lamentablemente se dejó escalar, hasta que hemos llegado a conductas como estas y otras que también son extremadamente graves”. Por lo mismo, subraya que “la verdad es que las señales desde el Estado son súper equívocas y genera indignación en la comunidad cuando se dice que las cosas van a cambiar o cuando dicen que la cantidad de hechos han disminuido. Sí, puede ser que hayan disminuido, pero se dejó que esto llegara a tal nivel que ya está instalado y la institucionalidad estatal perdió absolutamente toda la credibilidad”.

El desplazamiento forzoso

En varias de las querellas que Cruz ha presentado en la zona, así como en recursos de protección interpuestos ante la Corte de Apelaciones Concepción (que los ha rechazado todos), se denuncia la existencia de una política sistemática de desplazamiento forzado de las personas, especialmente de aquellas que viven en las orillas del lago Lanalhue, lo que de acuerdo con la legislación internacional es un delito de lesa humanidad.

Sobre este punto, el abogado explica que “todas las querellas tienen un denominador común: que las personas que se pretende que sean expulsadas es porque se dice que no son originarios o no tienen una etnia específica. Y atendido que los ataques están dirigidos en contra de ellos para que no vuelvan o para que abandonen ese territorio, obviamente hay un desplazamiento y estas personas tienen que irse de ese lugar, para dejar el espacio destinado a que sea ocupado por otro individuo”.

No obstante, las víctimas no son solo “huincas” (“blancos”), sino también “hay muchas personas que pertenecen a la etnia mapuche que están absolutamente aterrorizadas”.

Hoy en día, relata Cruz, “hay muchos predios ocupados por grupos que reciben el apoyo de estas organizaciones de carácter terrorista y que sustraen cosechas o bienes que pertenecen directamente a otras personas, que por muchos años han vivido en el lugar y que se ven impedidas de poder desarrollar una vida común y que han sido expulsados de ese territorio”.

Ante ello, una luz de esperanza para muchos de los propietarios fue la polémica Ley de Usurpaciones, pero el exfiscal sostiene que es prácticamente letra muerta, pues “frente a la denuncia o querella por un delito de usurpación, la problemática es que es sumamente difícil materializar la expulsión, porque hay pocos funcionarios policiales para los efectos de lograr sacar a estos individuos que se encuentran dentro del territorio, los que muchas veces tienen un poder de fuego superior al que tienen los propios carabineros y, de hecho, hay víctimas que han intentado ir a sus predios, a sus casas con carabineros, que tenían temor frente al ataque de que podrían ser víctimas, temor justificado, a la luz de lo ocurrido en Cañete”, precisa.

Un exoficial de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, que trabajó muchos años investigando causas de violencia rural, y que pide reserva de su identidad, agrega a lo anterior otro elemento: “Más allá del temor lógico a ser objeto de un ataque con armas de guerra, está también la inhibición que sufren muchos policías en orden a hacer uso de sus armas de fuego, ante la posibilidad de darle muerte a algún individuo y ser, posteriormente, perseguido por la Fiscalía y los tribunales”.