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Crédito: Agencia Uno
La querella es “en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito consumado de fraude al Fisco”.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de una querella, acusó una serie de hechos irregulares que ocurrieron al interior de Codelco. Según detalla la acción judicial, junto con defraudar al Fisco, habrían generado un daño patrimonial a la estatal que ascendería a $12.800 millones.
La acción legal, que ya fue acogida a trámite por el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, afirmó que en el contexto de una mantención de un horno ubicado en la División Chuquicamata, se le adjudicó ese trabajo a una empresa llamada Outotec Chile, en 2017. Según la querella, a esta empresa se le transfirieron pagos injustificados y elevados, según reportó el sitio Interferencia.
La querella es “en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito consumado de fraude al Fisco (…)”.
Los hechos narran que mediante una licitación para realizar las labores de mantención y limpieza del horno, la empresa cuestionada logró avanzar por sobre otras dos que participaron: el servicio tuvo un costo de $8.429.340.874 y se estimó un tiempo de cuatro meses para que ejecutara las labores.
La querella radicó por los detalles que alertó una auditoría realizada por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
En ella se apuntó que la licitación no tuvo total transparencia y que se “modificó la fecha de recepción de las ofertas por el gestor del proceso sin notificar a los oferentes, lo cual favoreció a la empresa Outotec, pues permitió que pudiese cargar su oferta en el portal fuera de plazo”.
En esa línea, “se verificaron múltiples situaciones de relevancia penal, como la contratación de la más onerosa de las opciones disponibles, sin causa justificada; la no realización de descuentos proporcionales por los servicios no prestados por la empresa adjudicataria; la no imposición de multas por retrasos e incumplimientos en aplicación de las respectivas cláusulas contractuales, entre otras”.
Por concepto de multas, la auditoría realizada por Cochilco señaló que Codelco “debió haber cobrado $2.134.513.703”.
Debido a esto, el informe de fiscalización determinó que el detrimento económico para Codelco, producto de las fallas y desviaciones originadas en la prestación del servicio contratado, es de $12.802.921.349.
Esto, según la acción judicial, da cuenta de “conductas dolosas (…)” por parte de Codelco y de una “disposición del patrimonio fiscal económicamente ineficiente ―y evidentemente gravosa―, la cual es producida por una infracción dolosa de deberes funcionarios por parte de trabajadores y/o ejecutivos de Codelco quienes, a sabiendas, contrataron servicios no utilizados totalmente en condiciones extremadamente gravosas para la empresa pública”.
Finalmente, la querella apunta que la defraudación pudo ser efectuada “por un funcionario que interviene en la respectiva operación en razón de su cargo, cuestión que importa que el injusto se corresponda con un menoscabo patrimonial ocasionado desde el interior de la administración pública”.
