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Luego de ese hecho, en que las víctimas fueron ejecutadas sin que pudieran oponer resistencia, los asesinos huyeron llevándose el único registro fílmico de lo sucedido, igual como ocurrió con la cámara GoPro que portaban los tres carabineros asesinados el fin de semana pasado en Cañete.
Dentro de las múltiples diligencias que está realizando el equipo de (ahora) seis fiscales que indaga el homicidio de los tres suboficiales mayores de Carabineros, asesinados el sábado en la madrugada en Antiquina (Región del Biobío), una clave es la revisión de otros hechos anteriores que pudieran tener semejanzas y uno de ellos es casi calcado: el doble homicidio de dos patrulleros forestales, que fueron asesinados en febrero de 2022 en Carahue, Región de La Araucanía, aunque muy cerca de Antiquina.
El 20 de febrero de ese año, a eso de las 20:00 horas, mientras se combatía un incendio forestal en el fundo “El Encanto”, propiedad de Mininco, los brigadistas escucharon detonaciones semejantes a disparos, luego de lo cual, a corta distancia, se encontraron los cuerpos de dos patrulleros forestales sin vida.
Se trataba de Alejandro Carrasco Mellafe, de 30 años, y de Benjamín Bustos Manríquez, de 23. Ambos habían sido acribillados a balazos al interior de la camioneta en que patrullaban, recibiendo cinco disparos uno de ellos y cuatro el otro, todos en la zona superior del cuerpo y la cabeza, al igual que los carabineros asesinados en la comuna de Cañete.
A diferencia de lo ocurrido con los policías, sin embargo, ellos fueron acribillados al interior del vehículo en que se movilizaban, sin que se advirtieran señales de resistencia. Todo indica que fueron sorprendidos y que ambos trabajadores, pertenecientes a la empresa de seguridad First Security, fueron ejecutados a sangre fría, de una manera muy semejante a lo que ocurrió con los policías uniformados.
Del mismo modo, otro elemento que es común a ambos casos es la desaparición del registro fílmico. En el crimen de Carahue fue sustraída la tarjeta de memoria de la cámara que llevaba el vehículo y, en el de Antiquina, desapareció la cámara GoPro que portaba uno de los uniformados.
En ambos casos tampoco han existido reivindicaciones políticas (hasta la fecha). Si bien no en todos los atentados ocurridos en la zona del conflicto mapuche ha habido adjudicaciones, lo normal es que luego de una acción violenta sus perpetradores la reivindiquen, ya sea por medio de lienzos, panfletos o comunicados. De otro modo, como indica una fuente policial, “la acción deja de tener sentido, pues el sentido de cualquier acción de este tipo es que se sepa quién la cometió y por qué”.
Cabe indicar que en el caso de Carahue no ha habido detenciones hasta el momento.
Por cierto, también hay diferencias entre ambos casos y quizá la principal es que en el crimen de los carabineros a estas alturas ya no hay dudas de que los tres fueron ejecutados a sangre fría, desarmados y despojados de sus respectivos elementos de protección personal, como los cascos balísticos y chalecos antibala. Además, se presume que pudieron ser ejecutados con sus propias armas, de las cuales se desconoce el paradero hasta la fecha.
En cuanto a las indagatorias, estas se encuentran centradas en la determinación exacta del sitio del suceso y en las personas que se encontraban en sus inmediaciones, incluyendo cercanos a Carlos Antihuen Riquelme, de 37 años, quien se encuentra formalizado por infracciones a las leyes de Drogas y Armas, razón por la cual los policías concurrieron esa madrugada a efectuar un control de la medida de arresto domiciliario nocturno que le afecta.
Ayer, el Fiscal Regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien el lunes quedó al frente de la investigación, por decisión del Fiscal Nacional, estuvo durante buena parte del día trabajando en la Comisaría de Control de Orden Público (COP) de Los Álamos, junto a personal del OS-9 de Carabineros y otras unidades especializadas, mientras conformaba el nuevo equipo de trabajo que se abocará al tema, el cual quedó compuesto en definitiva por seis fiscales.
A Garrido lo secundará el fiscal de Alta Complejidad Carlos Bustos, quien –como informó El Mostrador– es el persecutor que indagó los homicidios de tres policías en La Araucanía (los carabineros Eugenio Naín y Francisco Benavides, así como el oficial de la PDI Luis Morales) y también trabajarán en el equipo cuatro fiscales de la Región del Biobío, dos de los cuales ya estaban en el caso: el fiscal jefe de Cañete, Danilo Ramos, y el fiscal jefe de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Michelangelo Bianchi. A ellos se suman el fiscal jefe de Lebu, Johnny Cares, y el fiscal adjunto de Talcahuano, Mario Elgueta, quien en 2008 (cuando era fiscal de Cañete) fue objeto de un atentado en el sector de Puerto Choque (20 kilómetros al sur de Antiquina).
En ese hecho –por el cual posteriormente fue condenado Héctor Llaitul y otros líderes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM)–, Elgueta resultó con lesiones leves, pero tres detectives que formaban parte de su comitiva terminaron con lesiones graves.
