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Foto: Hans Scott/AgenciaUNO
En el Día Internacional contra el Acoso Escolar, en medio de la discusión de la ley que castiga la violencia digital, estudio revela alto porcentaje de jóvenes que admite vivir acoso, violencia o conflictos en redes sociales. El sondeo también identifica factores que afectan especialmente a mujeres.
En un mundo cada vez más conectado, donde las redes sociales y plataformas digitales son pan de cada día, la violencia digital se ha convertido en una sombra que acecha tras las pantallas. ¿Qué es lo que motiva estos comportamientos agresivos? Un estudio reciente del Núcleo Milenio en Desigualdades y Oportunidades Digitales ha revelado que hay mucho más que simplemente palabras: ideas políticas, género y lugar de residencia son factores cruciales que alimentan este fenómeno.
Imagina esto: estás desplazándote por tu feed de Instagram, dando like a fotos de amigos y paisajes, cuando de repente te encuentras con comentarios hirientes y ataques verbales. Esto es lo que experimenta el 18% de los usuarios encuestados en el estudio, quienes admitieron haber sido víctimas de acoso, violencia o conflictos en plataformas digitales.
Según los resultados obtenidos tras encuestar a 1.200 personas tanto en sectores urbanos como rurales de diversas regiones del país:
El estudio también revela que las plataformas más asociadas con la violencia digital son Facebook, WhatsApp e Instagram. Sin embargo, más allá de las aplicaciones específicas, son los factores como las ideas políticas, el género y el lugar de residencia los que impulsan estos comportamientos.
Para muchos jóvenes, especialmente mujeres, la agresión digital se manifiesta de formas más sutiles y perturbadoras. ¿Alguna vez has sentido que alguien te sigue en línea, que alguien desconocido emerge de la nada después de subir una foto? Esto, de acuerdo con los investigadores encargados del estudio, no solo afecta la privacidad, sino que también limita la participación en un espacio público digital equitativo.
Estos hallazgos subrayan la urgencia de abordar el problema de la violencia digital en Chile. En palabras de Raimundo Frei, investigador adjunto del Núcleo Milenio de Desigualdades y Oportunidades Digitales, “el tema de la violencia digital necesita ser estudiado en profundidad. Adquiere formas explícitas como las que encuentra el estudio, pero hay otras más sutiles que afectan especialmente a las mujeres jóvenes”.
Frei continúa explicando que “por ejemplo, desconocidos emergiendo de la nada luego de subir una foto ha implicado que muchas de ellas pasen a cuentas privadas en plataformas como Instagram. Y eso implica no solo personas afectadas en su privacidad, sino una pérdida de participar en un espacio público digital equitativo”.
Los investigadores detrás del estudio recalcan que los resultados ofrecen una oportunidad crucial para reflexionar y tomar medidas concretas en la prevención y mitigación de la violencia digital, especialmente en el Día Internacional contra el Acoso Escolar.
Así que la próxima vez que abras tu pantalla, recuerda: detrás de cada perfil hay una persona real, con sentimientos reales. Tratemos a los demás en línea con el mismo respeto y empatía que esperamos recibir fuera de la pantalla.
Los datos y resultados presentados en esta nota provienen del “Estudio de Inclusión Digital 2023”, financiado por Fondecyt y la Iniciativa Científica Milenio. Los porcentajes y cifras específicas fueron extraídos directamente de los informes del estudio.
El pasado 23 de abril, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó con la discusión en particular del proyecto que tipifica y sanciona la violencia digital. La iniciativa fue aprobada en general por la Sala en agosto de 2022.
Sobre el contenido del proyecto, las diputadas Lorena Fries (PCS), Maite Orsini (RD), Alejandra Placencia (PC) y el diputado Jaime Araya (IND) presentaron una indicación que sustituye todo el cuerpo de la norma propuesta, logrando la aprobación de sancionar la difusión no consentida de imágenes íntimas.
La instancia aprobó en primer lugar el cambio de su título –para reflejar de mejor manera el contenido de la iniciativa–, pasando a señalar que “proscribe, tipifica y sanciona diversas formas de afectación de la vida privada e intimidad por medios físicos o digitales y otorga protección a las víctimas”.
Además, por unanimidad, se respaldó sancionar a quien exhiba imágenes o sonidos sexuales que involucren a otra persona. Esto en el marco que la persona afectada haya consentido su obtención, pero bajo la expectativa legítima de no ser exhibidos a terceros.
De acuerdo con lo expuesto en la comisión, actualmente la grabación de actos sexuales sin consentimiento ya se encuentra penalizada. Sin embargo, en la legislación actual no se sanciona cuando, por ejemplo, se difunde un video íntimo que una pareja grabó con mutuo consentimiento, pero solo para su registro personal.
Para este delito, el proyecto en trámite establece la pena de prisión, más una multa de 5 a 10 UTM ($326.000 a $652.000 app.) cuando la exposición sea a terceros. Además, en los casos de envío, difusión o publicación, la pena aumenta a presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días). Más una multa de 11 a 20 UTM ($717.000 a $1.304.000 app.).
En el debate del proyecto también se respaldaron normas que sancionan el hostigamiento. Esto se definió como quien, contra la voluntad de la víctima, insista y perturbe gravemente el normal desarrollo de su vida privada o integridad psíquica.
Aquí se entiende como hostigamiento el seguir y vigilar, intentar establecer contacto por cualquier medio o llamar a su teléfono. Así también, quien enviare comunicaciones por cualquier medio.
Las penas para este delito serán también de presidio menor en su grado mínimo más una multa de 6 a 10 UTM ($391.100 a 652.000). Pero si además estas conductas incluyen el envío de registros de significación sexual, la multa subirá de 11 a 20 UTM.
Por otro lado, el proyecto aumenta la pena en un grado si el responsable de estos actos tiene una relación de dependencia con la víctima. Por ejemplo, si el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidados o si tiene con ella una relación laboral.
