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Crédito: Agencia Uno
La Cámara de Diputados verá esta jornada el proyecto que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las fuerzas de orden y las Fuerzas Armadas. Se espera una acalorada discusión en torno a la moción aprobada sobre justicia militar, la que fue criticada por el Gobierno.
En una intensa sesión, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados despacharon a la sala de la Cámara Baja el proyecto de ley que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las fuerzas de orden y las Fuerzas Armadas. En la instancia, los parlamentarios aprobaron una indicación que devuelve a la justicia militar los casos en que militares o policías incurran en un delito cumpliendo labores de orden público.
Dicha aprobación no estuvo exenta de polémicas, ya que en primer lugar, la indicación presentada por los diputados Andrés Jouannet (Amarillos por Chile), los RN Ximena Ossandón, Camila Flores, Andrés Longton y Diego Schalper, los gremialistas Jorge Alessandri y Henry Leal y la independiente Gloria Naveillan fue sometida a una votación sobre admisibilidad, la que fue superada por un estrecho 14 a favor y 12 en contra. Posteriormente fue aprobada por la misma cantidad de votos.
En concreto, el texto incorpora un artículo nuevo que modifica la competencia de los tribunales militares, que dice que “durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación a los actos electorales y plebiscitarios a que se refiere la Constitución Política de la República, los delitos imputados a militares en actos de servicio militar, en cumplimiento de sus labores o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenidos en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”.
Esta jornada el proyecto se verá en Sala, y se espera que esta moción sea parte importante de la discusión.
Antes de la votación, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, dijo que dicha norma aprobada por estrecho margen era inadmisible debido a que escapaba de las “ideas matrices” del mensaje presidencial y anunció reserva de constitucionalidad por parte del Ejecutivo.
“Siempre el autor, el mocionante, o el Presidente de la República cuando presenta mensaje, son los que determinan cuáles son las ideas matrices de un proyecto de ley, y el sentido de las ideas matrices es muy relevante, ya que permite que no se aborden materias que no han sido objeto del debate parlamentario con la suficiente acuciosidad y con el tiempo necesario”, indicó.
“Por lo tanto, nosotros hacemos la reserva de constitucionalidad en la eventualidad de que esto tenga que ser resuelto por el órgano jurisdiccional correspondiente”, cerró.
En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que es necesario que cuando se decide una jurisdicción, “no hay que darle garantías a una parte, hay que darles garantías a todas las partes”.
“Si el Congreso empieza a decir ‘queremos que el tribunal tal vea esto, porque así le damos garantías a una parte’, estamos mal. Los tribunales tienen que aplicar la ley, y tienen que aplicarla respecto de acusados y acusadores, y tiene que darle garantías a ambos”, destacó.
En la instancia, también aprobaron una moción -también presentada por el diputado Jouannet- sobre la distinción del armamento letal. El parlamentario apuntó a que Carabineros y las FF.AA. tengan la posibilidad de ocupar sus armas letales cuando sufren un ataque, a pesar de que su armamento “es aquel que, empleado conforme a su diseño y destinación, tiene alta probabilidad de causar la muerte o lesiones graves”.
Paralelamente, las comisiones apoyaron una indicación de Andrés Longton (RN, que indica que “el uso de la fuerza potencialmente letal constituye una medida que procede sólo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en las etapas previas y justificada en caso de cumplimiento del deber, legítima defensa, cumplimiento de una orden judicial, con el objeto de detener a una persona que oponga resistencia a la autoridad, para impedir su fuga o para la protección de infraestructura crítica, cuando exista peligro grave de verse afectada”.
Otra moción respaldada fue una indicación presentada por Luis Sánchez (Republicanos) que define que el uso de la fuerza debe adecuarse a los grados de resistencia o agresión, a los que se enfrente el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Por otro lado, se rechazó el artículo 10, que hacía referencia a la implementación de reglamentos. El Ejecutivo lamentó el hecho, ya que, en voz de la ministra del Interior, Carolina Tohá, “de esta forma el proyecto solo quedaría como una norma genérica”.
