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Jenny Barra Rosales (23) fue detenida en octubre de 1977 por agentes de la DINA y sus restos fueron encontrados en la Cuesta Barriga en 2001. La joven estuvo detenida en Villa Grimladi y luego en el recinto conocido como Simón Bolívar, desde donde se le perdió el rastro.
La ministra en visita extraordinaria para causas de DD.HH de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó sentencia de primera instancia en la causa que investiga el secuestro calificado, en grado consumado, de Jenny Barra Rosales, estudiante de enfermería de la Universidad Católica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR, cometido a partir del 17 de octubre de 1977.
La magistrada condenó a los ex militares y miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, Pedro Espinoza Bravo (Brigadier de Ejército), Rolf Wenderoth Pozo (Coronel), Juan Morales Salgado (coronel) y a Miguel Krassnoff Martchenko (brigadier) en calidad de autores del delito de secuestro calificado de la víctima, a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo.
Los sentenciados deberán cumplir la pena impuesta de manera efectiva, debiendo servirles de abono los días que han estado privados de libertad, desde el 25 de mayo de 2021.
Por su parte, Enrique Sandoval Arancibia fue condenado como encubridor del delito de secuestro calificado de Barra Rosales, cometido en contra de la víctima. La pena impuesta al sentenciado se tiene por cumplida con el tiempo que estuvo sometido a prisión preventiva en esta causa desde el 7 de febrero de 2022.
Jenny Barra Rosales tenía 23 años al momento de los hechos. Su detención fue cerca de su domicilio en la comuna de San Bernardo y fue trasladada al centro clandestino de tortura Villa Grimaldi y popsteriormente al Simón Bolivar, donde desapareció. Sus restos fueron encontrados en 2001 en una mina abandonada en la Cuesta Barriga, donde se pudo identificar dos fragmentos óseos de la víctima.
“Fueron años de una muy difícil investigación que muchas veces no llegó a ninguna parte, pero que finalmente dio fruto. En ese sentido, estamos muy conformes con el fallo de primera instancia”, expresó la abogada querellante Andrea Gattini, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados.
Agrega que “las dificultades investigativas del caso fueron sobre todo por la época en que ocurrieron los hechos, cuando la operación represiva criminal pasaba de la DINA a la CNI. Un crimen terrible de una joven estudiante universitaria, testimonio de la atrocidad que fueron Villa Grimaldi y el Cuartel Simón Bolívar, y que fue buscada por décadas, primero sobre todo por su madre y luego también por sus hermanos. Solo se pudieron recuperar de la Cuesta Barriga, lugar donde fue arrojado su cuerpo, pequeños fragmentos de hueso, ya que las autoridades de la época intentaron encubrir sus crímenes desapareciendo también los restos de las víctimas”.
Finalmente, Gattini señaló que “esperamos que las condenas se confirmen por la Corte de Apelaciones de San Miguel y, eventualmente, luego por la Corte Suprema”.
Según lo establecido en el fallo, “el día sábado 15 de octubre de 1977, en horas de la mañana, José Miguel Tobar Quezada, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido por agentes de seguridad que se movilizaban en un automóvil marca Peugeot, modelo 404, quienes lo privaron del sentido de la vista, poniendo cinta adhesiva sobre sus párpados, impidiendo de esa manera que observara la ubicación del lugar al que fue trasladado, el centro de detención clandestino denominado Villa Grimaldi”.
Allí, lo torturaron “con el fin de obtener información acerca de otros militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), logrando conseguir la identificación de Jenny del Carmen Barra Rosales, estudiante de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, militante del MIR, de nombre político ‘Hilda’.
El 17 de mismo mes la joven fue secuestrada a Villa Grimaldi. Allí, según la sentencia, “Tobar Quezada escuchó su voz y su llanto en los momentos en que era interrogada y fue ella quien, doblegada por la tortura, proporcionó los antecedentes que permitieron la detención de Hernán Santos Pérez Álvarez, un fotógrafo y militante del MIR, practicada el día 19 de octubre de ese año en la comuna de Pudahuel”. Luego d ello, los tres (Tobar, Barra y Pérez) fueron derivados al centro de detención Simón Bolívar. La investigación judicial indica que “Jenny del Carmen Barra Rosales murió, en fecha no determinada, de manera violenta, a consecuencia de eventos traumáticos provocados por terceros, tras lo cual su cuerpo fue arrojado a un socavón de la mina ‘Los Bronces’ en la Cuesta Barriga, lugar en que el año 2001 se encontraron solo algunos pequeños fragmentos esqueletizados, ya que en el mes de enero de 1979, por decisión de la autoridad de la época, agentes de la Central Nacional de Informaciones realizaron en ese sitio un operativo con el fin de extraer los restos de los prisioneros ejecutados, los que fueron removidos y trasladados a un lugar no determinado”.
Sentencia por el crimen de Jenny Barra
