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Créditos: Agencia Uno
En la antesala de la discusión de las RUF en la Sala de la Cámara, el ministro de Justicia señaló “que las personas que promovieron esta regla desconocen el problema orgánico que en la actualidad tiene la justicia militar”, pues es un régimen que carece de imparcialidad e independencia.
A las 16:00 comienza la discusión de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto, que tiene por objeto regular los procedimientos de las fuerzas de orden y seguridad, trae consigo una complejidad para el oficialismo y el Ejecutivo. En el trámite de la comisión se incluyó la el restablecimiento de la justicia militar, cosa que el Ministro de Justicia Luis Cordero calificó como “un retroceso respecto a los últimos 30 años”.
Cabe recordar que el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad de dicha norma, pues, según argumentan, esta norma excede el campo de las Reglas del Uso de la Fuerza. El ministro Cordero aseveró, además, que “tengo la impresión de que las personas que promovieron esta regla desconocen la discusión previa y desconocen el problema orgánico que en la actualidad tiene la justicia militar”.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el ministro Cordero llegó desde su ministerio para responder preguntas a la prensa que habían quedado pendientes del punto de prensa que ofreció la ministra vocera Camila Vallejo y el Canciller Alberto Van Klaveren. En dicha instancia, Cordero argumentó en contra de la justicia militar en dos partes.
Primero, sostuvo que había un consenso en que “respecto a los delitos comunes, cualquiera fuese la condición del sujeto, estaba sometido a la legislación común”. Si bien advierte que es evidente que deben existir RUF, que además eran solicitadas tanto por fuerzas militares como de orden, esa discusión versa sobre “una cosa muy distinta de cual es el fuero penal respectivo”.
El ministro recorrió las modificaciones hechas en 2010 por el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera y “las perfecciones” hechas en 2016, pero sobre eso recordó que “Chile está condenado en materia internacional por utilizar la justicia militar en casos de delitos comunes”.
Luego, pero no menos relevante, el ministro destacó las deficiencias de la justicia militar “de la cual existe pleno consenso entre los especialistas, es que requiere un profundo cambio”.
El ministro describió el panorama de la norma: “Los jueces militares, los fiscales militares y los auditores de las instituciones armadas que participan también en el caso de la justicia militar, son funcionarios de las instituciones armadas sujetos a verticalidad del mando”.
En ese sentido, destacó que es “un régimen de justicia reconocidamente que carece de imparcialidad e independencia y de hecho que no tiene la inamovilidad del sistema judicial. Es un problema muy estructurado”.
Sobre el cómo actuaría el Ministerio Público en el caso en que se investiguen a fuerzas de orden y de seguridad, el ministro explicó que “esta norma está hecha para que el Ministerio Público no siga conociendo estos asuntos, ese es su propósito central. Son delitos comunes cometidos por funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros en el desempeño de su cargo o en situaciones que están identificadas en esa regla. Es decir, el estado de excepción, infraestructura crítica y procesos electorales”.
Entonces, sentenció el ministro que esta norma “carece de toda racionalidad desde el punto de vista técnico” y que ” ni siquiera estoy haciendo un juicio político sobre esto”, pues “desde el punto de vista técnico, desconoce el debate que el país ha tenido en los últimos 30 años y que todas las administraciones han tenido por propósito corregir”.
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