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Mientras el alcalde Carter –que se atribuye la idea original de la iniciativa– propone excluir casos en los que haya resultado de muerte, el proyecto habla de amnistía general para todos los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad condenados, investigados o procesados en el marco del estallido.
La muerte de tres carabineros en la madrugada del sábado 27 de abril, Día del Carabinero, en la comuna de Cañete, motivó a la oposición a hacer un duro llamado al Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Declarando que han estado siempre del lado de la institución, no solo solicitaron decretar Estado de Sitio en la zona y suspender la semana distrital –esto último fue concedido y lo primero fue descartado por La Moneda–, sino que también acordaron despachar proyectos en materia de seguridad que están estancados en el Congreso, como las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y la Ley de Inteligencia. Pero eso no fue todo.
La Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados espera las mencionadas leyes esta semana, pero el bloque opositor también se valió de la tragedia para reimpulsar un proyecto –cuya idea original se la adjudica el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (exmilitante UDI)– que propone la amnistía a uniformados condenados, procesados e investigados en el marco del estallido social. “Un oportunismo canallesco”, dijo el senador comunista Daniel Núñez al respecto.
A julio de 2023, y según información de la Fiscalía, 45 funcionarios de Carabineros y tres militares han sido condenados por distintos hechos ocurridos durante las manifestaciones de octubre de 2019.
Uniformados han sido condenados por los siguientes delitos:
También a julio del año pasado, otros 157 integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden permanecían formalizados, siendo 148 integrantes de Carabineros, siete del Ejército y dos de la PDI.
De las 8.508 causas iniciadas por algún tipo de crimen o delito institucional durante el estallido social, solo 31 derivaron en sentencias condenatorias (0,36%). La gran mayoría de ellas fueron agrupadas (2.246) o archivadas de manera provisional (3.729).
En 809 ocasiones se optó por no perseverar en la investigación. La Justicia emitió, además, 21 sobreseimientos definitivos y 11 sentencias absolutorias.
El diputado y jefe de la bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, llamó al Gobierno a patrocinar esta ley de amnistía “de manera tal que el Ejecutivo dé una señal política de respaldo potente a nuestras policías”.
Y es que dentro de las declaraciones emitidas durante la jornada del sábado, en medio de la conmoción por la muerte en la Región del Biobío de los suboficiales mayores Sergio Arévalo Lobos, Misael Vidal Cid y Carlos Cisterna Navarro, la oposición insistió en recordar posturas de quienes hoy están en La Moneda durante la crisis de 2019.
“Usaron la polera ‘matapacos’. ¿Con qué ánimo salía un carabinero esa mañana a hacer su trabajo? Con mucho menos que cuando la ciudadanía los reconoce…”, dijo a un matinal este lunes el diputado UDI Jorge Alessandri.
En el mismo tono se expresó el diputado UDI Álvaro Carter. El legislador, hermano del alcalde de La Florida, formó parte de la comitiva que viajó junto a autoridades del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado a Cañete el sábado. Aseguró que “el Gobierno está manchado con sangre en sus manos. No han pedido disculpas por cuando usaban la polera con el (perro) ‘matapacos’. No han pedido disculpas frente a los llamados a la insurrección que hicieron antes de que fueran Gobierno. Antes de venir a dar el pésame, deberían haber pedido disculpas”.
Desde el Partido Republicano, en tanto, el diputado Mauricio Ojeda también apoyó el proyecto de amnistía y emplazó al Presidente Boric, afirmando que se acabó el tiempo de decir “los vamos a encontrar”, “los vamos a perseguir”, porque “nada ni nadie les devuelve la vida a esos carabineros”. A su juicio, en línea con sus pares opositores, “llegó el momento de que usted (Gabriel Boric) firme el decreto para amnistía e indulto para todo aquel militar y policía que persiga al crimen organizado. Si no toma medidas fuertes, el país se nos va literalmente al tacho de la basura”.
Previo al hecho sucedido en Cañete, el 16 de abril, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, visitó a exfuncionarios de Carabineros detenidos y procesados por los hechos ocurridos hace casi 5 años. En dicha oportunidad, recordando lo sucedido el año pasado con los indultos, el jefe comunal planteó que llegó el momento de que La Moneda “corte el cordón umbilical con el octubrismo” y propicie una Ley de Amnistía para condenados y procesados por casos relacionados con el 18-O.
Días después, el 24 de abril, el alcalde Carter apareció junto a la senadora UDI Luz Ebensperger y el diputado Alessandri, para presentar un proyecto de ley en ese sentido, el mismo al que luego se sumaron los senadores Javier Macaya (UDI), José Miguel Durana (UDI), Rafael Prohens (RN) y Rojo Edwards (exmilitante del Partido Republicano). Sin embargo, hay discrepancias dentro del grupo opositor. Mientras que el proyecto habla de una amnistía general, el alcalde Carter abogó por excluir aquellos casos en los que hubo resultado de muerte de una persona (cuatro casos).
“Claramente tiene que quedar fuera de esto cualquier causa de homicidio”, sostuvo el jefe comunal de La Florida a través de un comunicado.
Cifras del Ministerio Público de 2020 señalan que hubo 33 muertes durante el estallido social. Precisamente cuatro se atribuyen a agentes del Estado. En los otros 29, se cuenta el incendio a la bodega de Kayser y los siniestros ocurridos en supermercados Lider y Alvi. También están los fallecidos en plena Plaza Baquedano, donde –por ejemplo– está el caso de Abel Acuña, fallecido por paro cardiorrespiratorio mientras estaba en una manifestación.
Para Alessandri, este proyecto “pretende ser una amnistía por ley general a todo el que vestía uniforme y salió a defender la república. No basta con indultar a unos y premiar a unos con pensión de gracia, si a los otros los dejas relegados al calabozo. Los países caminan de la mano y juntos van recomponiendo las heridas cuando los dos sectores reciben el apoyo institucional”. No obstante, sobre los casos de homicidio, Alessandri aclara que “debiera tener esa exclusión”, adelantando que el proyecto tendrá modificaciones en su paso por el Congreso.
La idea matriz de la iniciativa es “conceder una amnistía general a funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad, incluyendo Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y miembros de las Fuerzas Armadas”. Solo se precisa que “quedan excluidos expresamente del proyecto indultos o amnistías a condenados que no formen parte de dichas instituciones o hayan sido condenados o investigados por otros delitos en el contexto del estallido social”.
El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, realizó un punto de prensa este lunes en el que apuntó al Partido Comunista (PC), señalando que “enarbolaron como bandera” al “perro matapacos”. Además, recordó los votos en contra de parte del PC a la Ley Naín-Retamal, por lo que reiteró que “no basta con condolencias y palabras de buena crianza”.
El senador Macaya agregó que se necesitan “señales concretas” de parte del Gobierno, al tiempo que valoró la postergación de la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien junto a altos mandos de la institución está imputado por el delito omisivo de apremios ilegítimos durante el estallido social, pero sostuvo que “no basta”. En ese sentido, manifestó que “no se puede seguir persiguiendo a Carabineros por defender al Estado de Chile”.
Macaya apuntó a las querellas del INDH contra la institución, recordando las que se retiraron contra la “primera línea”. La “señal mínima” de parte del oficialismo, dijo, sería votar a favor de las RUF y de la Ley de Inteligencia, pero también a favor del proyecto de amnistía.
En ese mismo sentido se manifestó el diputado Coloma, quien pidió terminar con la “famosa doctrina Tohá”, que en su opinión “ha demostrado ser un fracaso, donde ha señalado que se pretende destituir a un general director de Carabineros por la formalización por omisión de sus deberes, lo que hay es una persecución por parte de fiscales extremadamente ideologizados que lamentablemente le han hecho un tremendo daño al país”.
Cabe mencionar que, en febrero de este año, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, reiteró el llamado de representantes de su sector, quienes pidieron al Presidente Boric que retire las querellas de casos del estallido social presentadas en contra del expresidente Piñera y sus ministros. Esto último, a raíz de unas controvertidas declaraciones del Mandatario, quien en el contexto del funeral del Estado de Sebastián Piñera aseguró que, cuando él (Boric) era oposición, “las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), junto con condenar categóricamente el crimen de los tres funcionarios de Carabineros en Cañete, calificando el hecho como “terrorista”, citó en forma extraordinaria –en semana distrital– a los integrantes de la comisión.
El objetivo: discutir la urgencia de una nueva Ley Antiterrorista, solicitando al Gobierno y al presidente del Senado su rápida consideración. El senador Flores, en línea con La Moneda, rechazó la propuesta de declarar Estado de Sitio, argumentando que esta medida no sería la más adecuada y proponiendo alternativas para abordar la situación con firmeza, pero sin paralizar la actividad económica ni la movilidad ciudadana. Bajo esa consigna, el legislador se refirió a la propuesta de amnistía para uniformados.
Flores reiteró que no estaba de acuerdo, “pues estaríamos pasando por alto las decisiones de los tribunales en los casos donde ya existe condena y delito comprobado; no podemos actuar desde la rabia ni desde las vísceras, por muy difíciles que sean las circunstancias”.
En un tono más duro se refirió al proyecto de amnistía para uniformados el senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez, para quien “con un oportunismo canallesco, la derecha se aprovecha del horroroso asesinato de tres carabineros, para instalar en el Senado una ley de amnistía que dé impunidad a violadores de derechos humanos por represión en el estallido social”.
“Impunidad jamás, tampoco en el vil asesinato de los tres carabineros”, sentenció el senador Núñez.
Desde la bancada del Frente Amplio, el diputado Andrés Giordano declaró que “la oposición hace daño con sus medidas populistas como la pena de muerte y amnistía a policías acusados de violaciones a derechos humanos”. A través de la red social X, acusó que desde la derecha “se aprovechan de la contingencia, validan la impunidad y no resuelven el problema; mejorar las condiciones laborales de Carabineros sí lo hace”.
Desde el Partido Demócratas, la senadora Ximena Rincón llamó a discutir bien una posible amnistía a uniformados en este caso. “El tema de la amnistía es algo que debe ser estudiado con mucho cuidado. La persecución de equidad es fundamental en la justicia. Si un grupo recibe un trato preferencial, puede ser una señal de que no existe igualdad ante la ley. Hay que sopesar los temas sociales y políticos en estas decisiones”, le dijo a Radio Pauta.
La legisladora agregó que “las amnistías buscan la reconciliación nacional, por lo tanto, no podemos pensar solo en un grupo y no en otros”. Y subrayó que “no es un tema en que uno pueda tomar partido fácilmente, creo que esta discusión hay que darla, pero siempre cuidando que existan equilibrios”.
La oposición pidió disponer que el proyecto de ley de amnistía (Boletín N° 16.786-07), en primer trámite constitucional, sea conocido, primero, por la Comisión de Seguridad Pública y, luego, por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
En marzo de este año, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió a Chile que derogue el Decreto Ley 2.191, que en 1978 amnistió gran parte de las violaciones de los DD.HH. cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet y, además, expresó su preocupación por la demora en muchos procesos relacionados con esa época.
En 1998, la Corte Suprema de Chile resolvió que la ley no debía aplicarse a casos de violaciones de derechos humanos. Esta decisión permitió el avance de investigaciones cruciales.
Pero, según Guadalupe Marengo, de Amnistía Internacional Chile, “alegar que el debate en torno a la Ley de Amnistía es irrelevante porque la ley no se está utilizando, es como decir que no es necesario que la tortura y las desapariciones forzadas sean prohibidas por ley”.
En su repaso al estallido social, el Comité de la ONU lamentó que solo una pequeña parte de los acusados por delitos de tortura durante esos hechos hayan sido procesados, siendo muchos menos los condenados. En ese periodo hubo “gran número de violaciones de derechos humanos” por el “uso desproporcionado, arbitrario e innecesario de la fuerza y la brutalidad de las fuerzas policiales y armadas, incluyendo tortura, malos tratos y violencia sexual”, aseguró en un informe.
Naciones Unidas recomendó al Estado chileno una mejor formación en materia de derechos humanos en el seno de las fuerzas de seguridad, tras subrayar que, por ejemplo, en el periodo formativo de carabineros hay un número muy bajo de asignaturas dedicadas a esta cuestión y ninguna mención al Protocolo de Estambul contra la tortura.
“La reforma a Carabineros es la medida de garantía de no repetición por excelencia que debe asumir el Estado. Las víctimas y la sociedad en su conjunto deben saber que las autoridades están actuando para que los crímenes perpetrados durante el estallido social no se repitan. Lamentablemente a esta altura existen más dudas que certezas respecto al compromiso del Gobierno en esta materia. Es urgente que se entienda la necesidad de que la reforma a Carabineros avance, sea profunda y estructural”, dijo, en octubre del año pasado, Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
