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Entre los delitos se consideran siete homicidios -seis de ellos calificados- registrados durante el año 2022, en tres de los cuales enterraron a sus víctimas en e Cerro Chuño. Gracias a testigos, se pudo encontrar algunos cuerpos con con signos de tortura, asfixia y tapado una losa de concreto.
Después de 14 días de estar suspendido, hoy el Tribunal Oral de Arica reanudó el juicio en contra de la banda criminal Los Gallegos, brazo armado de El Tren de Aragua. El proceso fue suspendido el lunes 22 de abril, tras acogerse un recurso de amparo en la Corte Suprema presentado por 15 acusados que pretendían revertir la decisión judicial de mantenerlos en audiencias telemáticas, para evitar problemas de seguridad en el recinto judicial.
La jueza presidenta, Sara Pizarro Grandón culminó con la lectura de los 22 hechos acreditados por el Ministerio Público, a través de los cuales pretende conseguir 11 condenas de presidio perpetuo y otros 200 años de cárcel para 34 extranjeros y 4 chilenos acusados en esta causa.
Dentro de los hechos que fueron leídos, figuran los pesquisados en 3 procedimientos y operativos realizados en la población Cerro Chuño, lugar donde la banda criminal instaló su centro de operaciones, ocupando casas del Servicio de Vivienda y Urbanización que fueron abandonadas a partir de 2014, debido a que presentaban altos niveles de contaminación por plomo y arsénico.
Entre los delitos incluidos en la acusación, se consideran siete homicidios -seis de ellos calificados- registrados durante el año 2022, en tres de los cuales enterraron a sus víctimas en distintas zonas del sector de Cerro Chuño. Gracias a testigos, finalmente se pudo encontrar algunos cuerpos con signos de tortura, asfixia y tapados por una losa de concreto en ese mismo sector. También se incluyen los delitos de secuestro, extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual, e infracciones a la ley de armas.
Los procedimientos policiales que terminaron por desbaratar esta organización delictual, fueron dirigidos por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Arica, con el apoyo de las brigadas Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI.
Para mañana se prevé la sucesión de los alegatos de apertura del Ministerio Público, Ministerio del Interior y de los defensores públicos y privados, a través de los cuales se plantearán las teorías que defenderán cada uno.
El reinicio del juicio tuvo un incidente relacionado con una nueva queja de la Defensoría Penal Pública, respecto de las dificultades para tener una comunicación fluida con sus acusados durante las audiencias telemáticas que contempla este proceso para los 37 acusados privados de libertad en los penales de Arica, La Serena, Santiago, Valparaíso, Rancagua y Concepción.
Al final, el tribunal ordenó a Gendarmería de Chile la disposición de un micrófono inalámbrico en uno de los penales, para facilitar la comunicación de los internos. También estableció que de lunes a jueves, los defensores públicos y privados podrán entrevistarse a través de la plataforma zoom con los imputados, para evaluar la estrategia de defensa y atender sus necesidades.
Sin embargo, el juzgado debió rechazar la petición del defensor público, Rodrigo Torres de habilitar un teléfono celular a cargo de Gendarmería para comunicarse con los acusados durante el juicio, dado que la normativa intrapenitenciaria impide habilitar estos aparatos a los internos.
