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Para tramitar la baja voluntaria, al menos nueve conscriptos debieron firmar una acta en la que se sostenía que “jamás recibió apremios físicos, ni sicológicos, como ningún tipo de maltrato”. Estas actas fueron presentadas a la Corte como prueba de la ausencia de vulneración de derechos.
La sospecha de las madres de los conscriptos sobre el uso judicial que el Ejército podría hacer de un acta firmada por sus hijos, cuya suscripción les fue exigida antes de ser dados de baja de la Brigada Motorizada “Huamachuco” este fin de semana, se cumplió. Ello porque al responder 10 recursos de amparo interpuestos para conseguir la liberación de 10 soldados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la institución incluyó la denominada “Acta de Entrega Personal” suscrita por cada uno, a través de la cual niegan haber recibido malos tratos durante el periodo de instrucción.
El documento impreso incluye 3 puntos: que no tiene reparos ni quejas mientras permaneció en la unidad militar; que su despacho se debe por tener salud incompatible con el servicio; y que durante la permanencia en la unidad “jamás recibió apremios físicos, ni sicológicos, como ningún tipo de maltrato derivado de terceras personas o discriminación alguna”.
Es más, al finalizar los textos de los informes entregados a la Corte, para reafirmar la inexistencia de vulneraciones a sus derechos, el Ejército alude a este documento, indicando que “conforme a lo anteriormente señalado y el acta de entrega que se adjunta, se estima no existe perturbación que afecte el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual del ex soldado conscripto”.
Los recursos de amparo corresponden a los reclutas Ariel Indo, Nicolás Chávez, Sebastián Reyes, Cristóbal Bahamondes, Agustín Retamales, Martín Soto, Benjamín Poblete, Daniel Gálvez, Bastián Castillo y Francisco Adasme. Todas estas acciones judiciales fueron interpuestas por sus madres ante la Corte de Apelaciones de Santiago el 2 y 3 de mayo pasado, a raíz de que la institución castrense se había negado a tramitar su baja y mantenía escasa comunicación con las familias sobre el aislamiento de 45 reclutas por un virus respiratorio digestivo en el Cuartel Fontecilla, 2 en estado crítico en la UCI y 4 en la Unidad de Siquiatría del Hospital Juan Noé de Arica y otros 2 en el Hospital Militar de Santiago.
Este miércoles la Corte de Apelaciones decidió acumular todos estos recursos en una sola causa, atendiendo a lo que señala el artículo 66 del Código Orgánico de Tribunales, dado que corresponden a la misma materia, mismos hechos e idéntico recurrido. Al respecto, la normativa refiere que “en caso que ante una misma Corte de Apelaciones se encuentren pendientes distintos recursos de carácter jurisdiccional que incidan en una misma causa, cualesquiera sea su naturaleza, éstos deberán acumularse y verse conjunta y simultáneamente en una misma sala. La acumulación deberá hacerse de oficio, sin perjuicio del derecho de las partes a requerir el cumplimiento de esta norma”.
El uso de esta acta para responder a los recursos de amparo, contrasta con la versión entregada el lunes en la noche por el propio Comandante en Jefe del Ejército, general Javier Iturriaga en Arica. Sobre este escrito dijo que “este documento es parte de nuestro protocolo desde hace muchos años y que, busca que la persona, de manera consciente, una persona adulta, pueda determinar si efectivamente tuvo alguna situación, o declarar que efectivamente tuvo maltrato”.
Ante la consulta sobre si consideraba que este documento podría ser visto como una acción coercitiva, ya que se exigía su firma para autorizar la baja, Iturriaga manifestó que “puede ser visto así, pero este no es un documento que nació producto de esta situación. Es un documento que lleva muchos años y es parte de nuestro protocolo. Esto se hace con los alumnos de las escuelas matrices, con los soldados que se licencian, con los suboficiales que piden su retiro. Es un documento absolutamente normal”.
También indicó que “ese documento no es para nada secreto, así es que, si un soldado quiere llevarse una copia, puede hacerlo”. Pese a sus dichos, los soldados dados de baja y cuyas madres fueron a retirarlos al Cuartel Fontecilla, aseguraron que se les negó una copia y se les impidió tomar fotografías de un legajo de 16 documentos que suscribieron antes de salir del recinto y luego de declarar en varias ocasiones ante oficiales militares a cargo de los sumarios internos y con la fiscal militar a cargo de la causa por la muerte del soldado Franco Vargas, ocurrida en una marcha de instrucción el 27 de abril en Pacollo.
El Ejército respondió los 10 amparos con un informe cuya carátula dice en rojo “Reservado”. Cada documento fue suscrito por el Comandante en Jefe de la VI División de Ejército, general Rubén Castillo, quien ayer fue relevado del mando por el propio Comandante en Jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, anunciando que pedirá su retiro ante el Presidente de la República.
Los escritos corresponden a un formato tipo y presentan errores, ya que en algunos se incorporó dentro del relato el apellido del ex recluta Axel Indo, lo que en estricto rigor, significa que los hechos informados, no corresponden a los soldados por los cuales se requirió el amparo.
La firma de esos informes contestando a la Corte de Apelaciones de Santiago, podría entenderse como la última gestión relevante realizada por el general Castillo antes de ser relevado, a raíz de errores en la gestión de la crisis que afectó a la unidad militar y las comunicaciones que emanaron de esta contingencia.
Todos los informes tienen 2 hojas donde se establecen los argumentos jurídicos que desestiman la vulneración de alguna garantía constitucional, aludiendo a que los jóvenes fueron licenciados y entregados a sus familiares el pasado 4 y 5 de mayo, es decir, 2 ó 3 días después de la interposición de los recursos.
Además, incluye un relato genérico de lo que fue la marcha de instrucción que le costó la vida a Franco Vargas, señalando que “un grupo de soldados que integraban la columna de marcha, presentó problemas de salud, que hizo necesario evacuar a un soldado conscripto que posteriormente falleció, mientras el resto, continuó la marcha hasta llegar a la localidad de Putre conforme a lo planificado”.
En la tercera hoja se adjunta el “Acta de Entrega Personal”, donde junto a la firma de los reclutas, también aparece la del comandante de la compañía, capital Michael Fritz. Este último, es referido en algunos de los relatos de los conscriptos, como uno de los oficiales responsables de los maltratos que recibieron durante el periodo de instrucción.
La Corte de Apelaciones de Santiago debió llamar la atención del Ejército en la tramitación del primer recurso de amparo presentado por el recluta Ariel Indo el 2 de mayo, a raíz de que la institución no cumplió con el plazo de 1 día para informar en el recurso que vencía el pasado 6 de mayo.
En rigor, la institución castrense incorporó en la causa un documento que nada tenía que ver con los hechos del amparo. En específico, ingresó un oficio que contenía una respuesta sobre la incorporación del profesor Miguel Maritano al programa “Profesor Militar de Escuela” año 2024.
Fue por eso que el tribunal de alzada emitió una nueva resolución el martes, donde le fijó un nuevo plazo perentorio para que incorporara el informe pendiente. El fallo específicamente estableció “requiérase al Ejército de Chile que dé estricto cumplimiento a lo ordenado por resolución de tres de mayo del presente año, evacuando el informe solicitado al tenor de los hechos expuestos en la presente acción cautelar, adjuntándose a éste, todos los antecedentes que sean pertinentes, dentro del término de un día”.
informe amparo Agustín Retamales
informe amparo Benjamín Poblete
informe amparo Daniel Castillo
