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El próximo 30 de mayo el Juzgado de Garantía de Arica, deberá dirimir este asunto, tras la querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde solicitó un pronunciamiento sobre esta contienda.
El paralelismo en que se encuentran sendas investigaciones en la justicia militar y en la civil por la muerte del conscripto Franco Vargas, ocurrida el 27 de abril durante una marcha de instrucción realizada en Pacollo por la Brigada Motorizada “Huamachuco”, parece tener un derrotero claro: el próximo 30 de mayo el Juzgado de Garantía de Arica, deberá dirimir este asunto, tras la querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde solicitó un pronunciamiento sobre esta contienda.
El tema fue analizado durante la reunión que sostuvo el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, con un equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), liderado por el jefe subrogante de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia, David Bahamondes. Tras el encuentro, Carrera dijo que “tenemos la obligación de realizar ciertas primeras diligencias y estamos a la espera de que se definan las materias de competencias. Esa solicitud ya la hizo el INDH y se fijó una audiencia para el 30 de mayo”.
Carrera expuso que en esa fecha “debería conocerse la impresión del Juzgado de Garantía. Esto no es una decisión del Ministerio Público. Esta decisión es del órgano jurisdiccional. Tiene varias etapas. Lo que tenemos que hacer, por ahora, es mantener la investigación y realizar las primeras diligencias, entendiendo que no es sano para el sistema que existan 2 instituciones investigando los mismos hechos. Hay que esperar las decisiones de los órganos jurisdiccionales para saber dónde quedará radicada la competencia”.
El fiscal regional explicó que la decisión que adopte el Juzgado de Garantía, puede ser impugnada por el INDH ante la Corte de Apelaciones y finalmente en la Corte Suprema, dado que es el querellante y denunciante en esta causa. Y si finalmente la competencia se asigna a la justicia militar, la Fiscalía tendrá que derivar todos los antecedentes recopilados a esa instancia, ya sea los referidos a la muerte del conscripto como aquellos relacionados con los relacionados con los tratos crueles y degradantes denunciados por los reclutas.
El miércoles por la tarde, el fiscal jefe de Arica, Anatole Larrabeiti concretó la primera reunión con la madre del soldado fallecido, Franco Vargas, Romy Vargas.
En el encuentro realizado vía telemática entre Arica y Santiago, el fiscal regional dijo que se sinceraron las expectativas sobre los distintos escenarios judiciales que hoy existen, dado que aún está pendiente la definición sobre cuál será la justicia que asumirá la investigación.
“Le dijimos a la madre de Franco que no queremos generar falsas expectativas. O sea imaginemos la presión de esa madre e imaginemos que nos presentamos con los investigadores y a los pocos días nos quedamos sin tener competencia”, sostuvo.
Carrera confirmó que Romy Vargas solicitó formalmente una segunda autopsia, “posibilidad que nosotros vamos a estudiar. Pero esa es una diligencia tan delicada, que no es prudente que la hagamos sin tener claridad respecto de quién va a mantener esta investigación. Mientras no se aclare el escenario, vamos a ser lo suficientemente prudentes en tener cierto tipo de reserva que requiere la causa, si es que la justicia militar se mantiene con ella”.
El jefe subrogante de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del INDH, David Bahamondes, señaló que la postura inicial de la institución es lograr la competencia de la justicia civil, para que investigue la muerte de Franco Vargas y los tratos degradantes y crueles que recibieron los soldados conscriptos en la Brigada Motorizada “Huamachuco”.
“Tenemos el caso Almonacid Arellano, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2006 reconoció el principio de control de convencionalidad, donde los tribunales tienen la obligación de respetar la norma nacional conforme a los estándares de derechos humanos. Este caso trataba de la ejecución extrajudicial de un profesor de Rancagua, al cual se le aplicó la Ley de Amnistía. Sin embargo, la Corte Interamericana dijo que esa norma era nula por no cumplir los estándares internacionales de la normativa de derechos humanos”, afirmó.
Esa resolución de una corte interamericana obligó a que se dejara sin efecto la aplicación de la Ley de Amnistía, lo que implicó la reapertura del caso y un nuevo fallo condenatorio. “Hay entonces una obligación de aplicar las normas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Nuestra decisión es defender esta postura como institución, en todas las instancias judiciales. No estamos cuestionando la figura de la ministra en visita asignada al caso, sino que se trata de que las violaciones a los derechos humanos tienen que ser conocidas por una justicia que reúna estándares de imparcialidad y esa es la justicia civil”, explicó.
Bahamondes mencionó que la justicia militar es un proceso inquisitivo, secreto y que no da las mismas garantías a todas las partes. “En ella el rol de la víctima está tremendamente invisibilizado. Por una cuestión de principios, lo que ha dicho el sistema interamericano es que la justicia militar existe para sancionar delitos de naturaleza militar. Aquí estamos hablando de jóvenes que fueron gravemente vulnerados en su integridad física, síquica, en su dignidad. Esto no es militar, pues hay aquí una cuestión de principios, pero que tiene que ver con una racionalidad establecida en el propio Código Penal en los artículos 150 D y E”.
El abogado dijo que no es posible concebir que se haga un paréntesis con los conscriptos, “y no se aplique la ley cuando se vulneran sus derechos por parte de agentes del Estado. ¿Por qué el Estado debería darle un tratamiento desfavorable y discriminador, si la norma penal es la que debe protegerlos? ¿A este no porque es militar? Significa entonces que las personas que visten uniforme tienen menos derecho a un tribunal imparcial y a un ente autónomo a cargo de la investigación. Como INDH creemos que no”.
También el INDH dijo que realizará un análisis jurídico sobre la información difundida por El Mostrador, respecto a que el Ejército hizo firmar unas actas a los reclutas negando los maltratos como condición para autorizar su baja administrativa, y luego las incorporó como pruebas a su favor en las contestaciones de 10 recursos de amparo.
“Ellos tenían tanto temor que les hicieron firmar esos documentos. Le creemos a las víctimas cuando nos dicen eso. Allí el consentimiento está completamente viciado. Estamos evaluando qué acción podemos tomar. Nuestro análisis inicial es que esto podría tener consecuencias jurídicas. Pensamos en un principio que estas actas eran parte de un procedimiento interno inapropiado y se lo expresamos a la autoridad regional. Si ahora se está utilizando un documento que ha sido generado mediante este tipo de presiones, me parece bastante complejo”, sentenció.
