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Créditos: Agencia Uno
Diputados de oposición aprovecharon una mayoría circunstancial en la Comisión de Seguridad de la Cámara para aprobar una norma que pretende otorgar “libertad condicional para aquellas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante”.
“Se concederá libertad condicional para aquellas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante. En todo caso, deberán cumplirse las normas generales y requisitos que regulen su otorgamiento y revocación”. Así versa la norma que favorecería, principalmente, a los presos de Punta Peuco condenados por violaciones a los DD.HH. y que cuenta con la firma de Diego Schalper (RN), Johannes Kaiser (indep. y exrepublicano), Jorge Alessandri (UDI) y Cristian Araya (Partido Republicano).
Mientras la Comisión de Seguridad tramitaba un proyecto que modifica diferentes cuerpos legales para aumentar las sentencias ante crímenes contra la vida de las personas, los parlamentarios de oposición alcanzaron una mayoría circunstancial para aprobar la enmienda mencionada.
Por la negativa estuvo el diputado Jaime Araya (indep.-PPD) y Lorena Fries (Frente Amplio), mientras que los votos a favor los entregó Kaiser, Longton y el Araya republicano, quien logró ingresar su voto a último minuto.
El Ejecutivo y sus parlamentarios buscan impugnar la enmienda en sala debido a supuesta inadmisibilidad, puesto que una enmienda similar se había votado en contra en el senado el pasado 24 de enero. Según interpretan en el Gobierno, se debería esperar un año para reponer una norma de similares características de acuerdo a las limitantes que establece la Constitución.
Otra cosa que alegan es que, a propósito de la redacción de la norma, esta podría beneficiar también a presos comunes, pero también a otros condenados por delitos graves como abusadores sexuales, homicidas y narcotraficantes.
De hecho, ese fue el argumento de peso que hizo que, en el senado rechazaran a norma que buscaba que condenados de 70 años y condenadas de 65 años pudiesen cumplir penas en su domicilio en caso de que padezcan enfermedades terminales o menoscabo físico grave. Dicho argumento provocó que las filas opositoras se ausentaran durante la votación y dejaran caer el proyecto, aún cuando tenían mayoría en el Senado.
