PAÍS
Los dos sujetos, que fueron arrestados el año pasado en Pudahuel utilizando pasaportes británicos robados, huyeron del país por medio de pasos no habilitados y en este momento se desconoce su paradero. Llegaron a Chile después de salir desde Teherán hacia Moscú y desde allí a Caracas.
Una investigación administrativa en contra de Eduardo Baeza, el fiscal jefe de Pudahuel, se está realizando en la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, luego de que el persecutor jefe de esta unidad, Marco Pastén, la ordenara al detectar “eventuales falencias en la indagación” –como dijeron a El Mostrador desde dicha Fiscalía– en la tramitación de una causa relacionada con dos ciudadanos iraníes que fueron detenidos en mayo de 2023 por la PDI, con pasaportes falsificados.
El caso se inició el 1 de mayo del año pasado, cuando personal de la aerolínea British Airways se dio cuenta de que los pasaportes británicos presentados por dos pasajeros que abordaban un vuelo desde Santiago hasta Londres estaban encargados por robo, pues dichos documentos habían sido sustraídos a sus propietarios en otros países.
Ante ello, la empresa avisó a la Policía de Investigaciones, que tomó detenidos a ambos pasajeros, quienes –según los documentos que portaban– eran los británicos Fraser James Alisson y Jack Joseph Holliday.
En realidad se trataba de Alí Basheri, de 37 años (quien aseguró que su oficio era soldador), y de Abolfazl Delkhahfar, de 23 (quien dijo ser peluquero), ambos iraníes, los que se encontraban en tránsito en Santiago, luego de un largo periplo que consideró vuelos entre Teherán, Moscú, Caracas y Ciudad de Panamá. Desde allí embarcaron con destino a Chile, con el objetivo de partir nuevamente a Europa.
Tras ser aprehendidos, como consta en la carpeta judicial, el Ministerio Público solicitó una ampliación del plazo de la detención, dado que los imputados solo hablaban persa, por lo cual fueron finalmente formalizados el 4 de mayo de 2023, una vez que se consiguió un traductor, el cual fue proporcionado por la Embajada de la República Islámica de Irán en Chile.
Ambos fueron formalizados por el delito de falsificación o uso malicioso de instrumento público, debido a la posesión de los pasaportes, y el tribunal fijó un plazo de investigación de cuatro días. Otros delitos que se contemplaban en la investigación, pero por los cuales no fueron imputados, eran usurpación de identidad y receptación, dado que los documentos que utilizaban pertenecían a otras personas y eran evidentemente robados.
La investigación policial quedó en manos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI y dio resultados muy pronto, pues por medio de las cámaras de seguridad de Pudahuel se determinó que un chileno fue quien les entregó los pasaportes.
Se trata de Carlos Samuel Gazzano Vega, quien dejó al interior de un baño los dos pasaportes británicos y se llevó los pasaportes iraníes. En su casa de San Bernardo, al momento de ser allanada, se encontraron dichos documentos y seis teléfonos celulares.
Según un informe enviado por el fiscal Baeza al juez Clemente Winn, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Gazzano confesó que lo anterior lo efectuó a petición de un extrabajador del aeropuerto, Carlos Abraham Lagos Rivera, “todo ello a cambio de una suma de dinero por pasajero”.
Asimismo, indicó Baeza al magistrado, Gazzano aseguró que Lagos “le había pagado en al menos 12 ocasiones por realizar este tipo de conductas permitiendo que, con identidades falsas, salieran ciudadanos extranjeros de Chile e ingresaran a terceros países”, agregando que “los pasaportes falsos ingleses se los entregó una mujer en cercanías del metro Gruta de Lourdes y que siempre mantuvo coordinación con Carlos Lagos, vía telefónica”.
Ante ello, la BIPE también allanó el domicilio de Lagos, en San Felipe, incautando teléfonos y computadores.
Los dos imputados quedaron en prisión preventiva en el penal Santiago 1, pero el 25 de mayo, en una audiencia de revisión de medidas cautelares, “atendido lo convenido entre los intervinientes” –como dice el acta de la audiencia–, se decidió cambiar la prisión preventiva por otras tres medidas cautelares: arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y la prohibición de los imputados de mantener comunicación entre ellos.
Sin embargo, también quedó constancia de que el tribunal decidió que “solo se decretará la medida cautelar de arraigo nacional, ya que los imputados no cuentan con un domicilio”, en referencia a que no había dónde controlarles la cautelar de arresto domiciliario nocturno.
Debido a ello, se fijó una nueva audiencia, para el 29 de mayo, ocasión en la cual los imputados fijaron como su domicilio el de la embajada iraní en Chile, ubicada en avenida Estoril, en Las Condes.
El 19 de julio, Basheri, sin embargo, informó de un cambio de domicilio al tribunal: El Olimpo 857, Maipú. Se trata de una vivienda que –según informó Radio Bío Bío– “en el pasado habría estado vinculada con movimientos de Hezbollah”, en referencia al “Partido de dios”, responsable de los dos más mortíferos atentados con bomba perpetrados en la historia de Argentina, y cuyas actividades en Chile figuran no solo en el informe del asesinado fiscal trasandino Alberto Nisman, sino que también fueron recientemente denunciados por el senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, y por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich.
En septiembre del año pasado, el Ministerio Público pidió al tribunal ampliar el plazo de investigación en otros cuatro meses, lo que fue concedido. Sin embargo, como admiten varias personas cercanas a la investigación, en esa fecha se dejó de tener conocimiento respecto del paradero de los imputados, quienes hoy están en calidad de prófugos y se cree que huyeron del país por pasos no habilitados, seguramente en la zona norte.
Otro hecho llamativo es que, a esta fecha, no han sido imputados los chilenos que hasta el momento aparecen implicados en el hecho, pese a que el plazo de investigación (luego de varias prórrogas) venció el 1 de abril pasado y el próximo 31 de mayo las partes están citadas a una audiencia de cierre de investigación.
Al respecto, desde la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente señalaron a este medio que no pueden referirse al detalle de “las eventuales falencias” detectadas en la indagatoria, pero sí se precisó que a inicios de mayo el fiscal Pastén “traspasó dicha investigación a la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente“, la que es encabezada por la fiscal Paulina Díaz, y que dicha unidad “se encuentra efectuando diligencias tanto respecto de los imputados, como de las distintas aristas del caso”.
En relación con las acciones específicas que se pudieren estar ejecutando en orden a recapturar a los iraníes, se respondió que no van a entregar antecedentes, “para asegurar el éxito en las diligencias”.
Cabe indicar que en este momento existen investigaciones internas en contra de dos fiscales de Los Ángeles y uno de Rancagua, aunque en todos esos casos lo que se indaga tiene que ver con delitos de drogas. El exfiscal jefe de Puerto Natales, en tanto, iba a ser formalizado el viernes pasado, acusado de varios casos de corrupción, pero presentó un certificado médico. Mientras, en Puerto Montt, el exfiscal jefe de esa ciudad es acusado de haber asesorado a una de las personas imputadas en la arista local del caso Convenios.
