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Pese a que en las últimas semanas fueron desarticuladas dos grandes organizaciones criminales que operaban en campamentos de la ciudad, Juan Castro Bekios se encuentra preocupado por el destino de esos lugares y la posible aparición de nuevos grupos allí.
Dos grandes operativos contra organizaciones de crimen organizado marcaron las últimas semanas de trabajo del Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. La primera de ellas, de origen colombiano, era encabezada por Javier Valencia González, más conocido como “Zeus“, un sujeto originario del puerto de Buenaventura que en el pasado, igual que su suegro (Cristóbal Arroyo Angulo, conocido como “El Raspao”), se cree que formó parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, organización paramilitar de la cual nació posteriormente “La Local“, organización delincuencial que a su vez se desgajó en dos brazos que, hacia 2020, comenzaron una guerra fratricida en dicho puerto, cuando “Los Shottas” y “Los Espartanos” empezaron a disputarse cada esquina, cada calle y cada acceso al mar, para traficar drogas.
De hecho, la banda desarticulada por Castro y la PDI en el campamento Génesis de Antofagasta se piensa que estuvo vinculada a “Los Shottas” y, como tal, aplicaba allí las mismas técnicas que este grupo ocupaba en Buenaventura: no solo manejaba el tráfico de drogas en el lugar y en otros sectores de la ciudad, sino que además era la autoridad en dicho asentamiento precario: “Zeus” y sus adláteres cobraban arriendos por los sitios en que vivían las familias allí establecidas, pero además eran ellos quienes distribuían y cobraban por el agua y la electricidad, pues tenían a un sujeto cuya misión era justamente efectuar las conexiones ilegales y cortarlas, en caso de que alguien no pagara, del mismo modo como lo hacen “Los Gallegos” en el cerro Chuño de Arica o como lo hacían “Los Trinitarios” en la toma Nuevo Amanecer en Cerrillos.
Por cierto, aquellos que tenían algún negocio en la toma de Antofagasta, como un almacén, eran obligados a pagar “la vacuna”, es decir, una extorsión, a cambio de “protección”.
Al respecto, Castro señala que la realidad que se vive en dichos sectores es muy distinta de la que se observa en cualquier otro sitio: “Por cualquier actividad económica que realice, la gente que vive en los campamentos tiene que pagar”, explica, agregando que “se tienden a formar miniestados dentro del Estado”.
Y no se trata –comenta– de un problema aislado, sino de una realidad cada día más creciente y en la cual las víctimas muchas veces son migrantes, que se convierten en presas de organizaciones como la que encabezaba “Zeus” o el Tren de Aragua.
En el caso de la primera, la Fiscalía formalizó a un total de diez detenidos por dos homicidios consumados, cuatro homicidios frustrados, dos secuestros, lesiones graves, amenazas, tráfico de drogas e infracción a la Ley de Armas.
Como señaló el fiscal en la audiencia, “el líder de la organización es quien encomienda e instruye a sus brazos operativos y armados, a fin de que estos ejecuten diversas misiones destinadas a mantener el control territorial, principalmente del campamento Génesis II, misiones que deben ser cumplidas a cabalidad por parte de los sujetos que son considerados soldados. Esta asociación utiliza técnicas con violencia desmedida, a fin de mantener el temor sobre el resto de personas que no son parte de la referida estructura criminal”.
Citando cifras publicadas en El Mercurio de Antofagasta, Castro indica que los campamentos aumentaron en la Región de Antofagasta de 85 a 116 entre 2022 y 2024, es decir, un 37%, y no solo eso: la superficie que ocupan subió de 175 a 424 hectáreas.
En otras palabras, a cada momento aumenta el espacio de asentamientos irregulares en los cuales este tipo de organizaciones parasitarias se enquistan y la forma en que llegan a dominar esos sectores siempre es la misma, insiste el fiscal Castro: “Se instalan por medio de la violencia”.
El crecimiento de las tomas puede explicar por qué ahora aparecieron en la zona “Los piratas de Aragua”, como se denomina hoy al Tren de Aragua “original”. Desde que dicha transnacional del delito comenzó a ser detectada en Iquique, en 2021, hubo un fenómeno que siempre llamó la atención de los investigadores: que pese a haberse expandido por todo el norte y centro del país, por medio de sus distintas facciones, no estaba presente en la Región de Antofagasta.
Según algunas fuentes policiales, había un pacto entre el TDA y las estructuras criminales de origen colombiano que se asentaron hacia mediados de la década anterior en Antofagasta, atraídas por las condiciones que tiene esta y que la convierten en un lugar muy atractivo para el narcotráfico, como enumera Castro: posee altísimos ingresos per cápita y una extensa frontera llena de pasos fronterizos, que limita con uno de los principales productores de cocaína del mundo (Bolivia) y, además, tiene puertos.
El persecutor, sin embargo, no cree en la existencia del pacto criminal. Simplemente, estima, la gran cantidad de grupos criminales de origen colombiano que se fueron asentando en la zona, sobre todo a partir de 2014-2015, inhibió al Tren de Aragua en orden a instalarse allí.
No obstante, eso cambió en los últimos años, coincidiendo con la expansión de los campamentos en la región, tanto en cantidad como en extensión.
Así, una primera célula de “Los piratas” fue desarticulada a fines del año pasado en Calama –donde habían cometido al menos tres secuestros extorsivos– y una segunda fue la que cayó la semana pasada en el operativo que la Fiscalía y Carabineros efectuaron en Cerro Bonito, después que “Los piratas” perpetraran un doble homicidio en el sector de Rinconada.
Las diligencias realizadas a continuación permitieron la detención de ocho venezolanos, encabezados por Yoel Aparicio y Denis Dinis Hernández. En poder de ellos se encontraron armas de fuego, drogas (ketamina), mecha, un dron y dos granadas, el arma favorita del TDA. En la formalización, Castro señaló que era un grupo dedicado a efectuar “quitadas” de droga a otras bandas, además de traficar drogas, realizar secuestros extorsivos y trata de personas con fines de explotación sexual.
“Es necesario señalar que cualquier sujeto amenazado por la banda que no se someta a las órdenes o directrices de esta organización, era amenazado de muerte, torturado o, bien, asesinado”, manifestó el persecutor en dicha instancia.
“Los piratas” fueron formalizados por el crimen perpetrado el 7 de abril en la playa Lenguado, donde asesinaron a una persona y dejaron gravemente lesionada a otra, y también por el secuestro con homicidio que comenzaron a ejecutar un mes exacto después, el 7 de abril, cuando secuestraron a otro venezolano, a quien, luego de dispararle en un hombro, recluyeron en la casa de torturas que mantenían en cerro Bonito, donde lo golpearon en forma reiterada.
Al día siguiente secuestraron a una segunda víctima, una mujer que se cree era boliviana, a la cual también agredieron físicamente, exigiéndole la entrega de ketamina a cambio de la libertad de ambos. Pese a que esto se concretó, los imputados trasladaron a ambas víctimas hasta el sector Rinconada, camino a la playa Juan López, donde los ejecutaron y prendieron fuego a un vehículo, en cuyo interior dejaron los cuerpos.
Pese a que la desarticulación de ambas bandas podría parecer algo positivo, Castro no es muy optimista respecto de lo que sucederá en ambas tomas. Con muchos años encima investigando el crimen organizado, señala que “lo que está ocurriendo en los campamentos es una favelización” y que, al salir dos organizaciones criminales del mapa, no tiene dudas de que otras “ven esos lugares como un mercado que queda liberado”, coincidiendo con lo señalado en El Mostrador por el experto en crimen organizado Pablo Zeballos.
Ante ello, agrega que “nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y estamos atentos, junto a las policías, a cualquier fenómeno nuevo que surja, pero esto tiene que ser una política de Estado. Esto requiere que otras autoridades se hagan cargo de lo que sucede con esos campamentos después del trabajo policial”.
Al mismo tiempo, argumenta que la única forma de entender la complejidad de esos y otros sitios es estando allí. “Desde el escritorio no se puede conocer el fenómeno delictual”, subraya.
Su preocupación deviene de la comprensión global del fenómeno del crimen organizado en la Región de Antofagasta y de cómo este fue cambiando y develando una realidad cada vez más compleja.
Un primer indicador –una red flag (bandera roja), como les dicen los estadounidenses a las señas de advertencia– fue la evolución de los homicidios. Rememora que en 2005 hubo 10 crímenes de este tipo en toda la región, pero el año pasado fueron 42.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes saltó de 1.9, también en 2005 (por debajo de la media nacional), a 5.9, el año pasado, la tercera más alta del país, y en la Provincia del Loa fue mucho más alta: 8.2 el año 2023.
Otro indicador que debió haberse tenido en cuenta fue el crecimiento del uso de armas de fuego en los homicidios, que subió desde el 25% al 50%, así como la participación de sujetos vinculados a grupos criminales extranjeros en distintos delitos, los cuales –puntualiza– son por lo general más violentos que los chilenos.
A modo de ejemplo, relata que en un periodo que va desde octubre del año pasado a marzo del presente, hubo 450 imputados por narcotráfico y el 68.2% de ellos era extranjero. En el caso de los secuestros, de 14 detenidos, dicha cifra bajaba a la mitad, y respecto de los 31 detenidos por homicidios, 12 (es decir, un 38.7%) eran extranjeros, la mayoría de ellos con permanencia irregular.
Otro indicador, señala, es la penetración del narcotráfico, como una especie de eje transversal en todas las actividades delictivas. Solo en lo que va de este año, en la Fiscalía Regional de Antofagasta han incautado 10 toneladas de drogas, una cifra enorme si se tiene en cuenta que en 2022 fueron 54 toneladas en todo el país, sumando los decomisos en kilos efectuados por la PDI y Carabineros, de acuerdo con sus respectivas cuentas públicas de 2023.
Al respecto, indica que la Región de Antofagasta cuenta con una frontera de tal extensión con Bolivia, que es un muy difícil de controlar, a lo que suma el hecho de que “muchas veces las organizaciones criminales cuentan con más recursos que las policías, por ejemplo, con vehículos de mayor cilindrada, imprescindibles en el altiplano”.
Otra carencia, específica, es que el Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas (Dipolmar) de la Armada tiene su base de operaciones en Valparaíso, lo que dificulta su trabajo en el norte, por lo cual –detalla– sería ideal contar con su presencia permanente allá.
Ante todo ello, Castro Bekios ordenó a inicios de este año la creación de una unidad nueva al interior del Ministerio Público, la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FAAC), en la cual se fusionaron el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), además de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), junto con los fiscales preferentes, a fin de indagar en una sola gran unidad los hechos criminales de mayor entidad y complejidad.
