Una minuta reservada del Gobierno revela el impacto negativo del CAE en las finanzas del Estado con pérdidas comparables a 22 nuevos Hospitales Barros Luco, 12 Juegos Panamericanos, 11 Fondos de Emergencia por Incendios y 6.026 jardines infantiles JUNJI.
Una minuta reservada del Gobierno detalla el impacto negativo del CAE en las finanzas del Estado. De acuerdo a este informe, dado a conocer por El Semanal, lo que ha perdido el fisco podría compararse con:
Desde su creación hasta el cierre del año 2023, el Crédito con Aval del Estado (CAE) ha representado un costo significativo para el fisco chileno, sumando un total de cerca de 9 billones de pesos (MM$ 8.796.836). Sin embargo, a la fecha, el Estado ha logrado recuperar apenas un 8% de estas cifras (MM$ 704.835).
De los desembolsos fiscales asociados al CAE, el 66% corresponde a la compra de créditos propiamente dicha (MM$ 5.789.023), mientras que el 34% restante se relaciona con pagos y subsidios adicionales a los bancos por conceptos distintos a la compra de créditos. Dentro de este último grupo, destacan los pagos de casi 1,5 billones de pesos por recargas o sobreprecios resultantes de los procesos de licitación (MM$ 1.468.613), y cerca de 1,2 billones debido a la ejecución de garantías en favor de los bancos por el 90% del valor de los créditos. Estas garantías están asociadas a personas deudoras en mora prolongada, sobre quienes se han agotado todas las acciones de cobranza tanto extrajudicial como judicial (MM$ 1.116.319 egresados y MM$ 65.265 en personas que no finalizaron sus estudios).
La ejecución de garantías tiene un menor impacto fiscal en aquellos que no finalizaron sus estudios, debido a que el diseño del CAE contempla una mayor responsabilización de las instituciones de educación superior (IES). Para personas que desertaron en el primer año, las IES deben asumir el 90% del costo; si la deserción ocurre en el segundo año, el 70% es cubierto por las IES y el 20% por el fisco; desde el tercer año en adelante, la relación es 60%-30%, respectivamente. Hasta el cierre de 2023, las IES han debido desembolsar más de 590 mil millones de pesos en garantías en favor de la banca.
Desde el punto de vista de la contabilidad fiscal, es común distinguir entre los flujos de recursos “sobre la línea”, que impactan en el balance efectivo del Gobierno Central y, consecuentemente, en el espacio de gasto para otras políticas; y los desembolsos “bajo la línea”, que afectan la situación patrimonial del Gobierno Central pero no el balance efectivo, dado que constituyen inversiones con expectativas de recuperación.
Las principales asignaciones presupuestarias del CAE, consistentes en la “compra de títulos y valores” y los “servicios de la deuda”, han sido consideradas desde su creación como desembolsos bajo la línea, que involucran la adquisición de activos por parte del fisco y, por lo tanto, no impactarían el balance estructural. Sin embargo, esta interpretación contable es discutible, ya que la compra de títulos y valores incluye también el pago de recargas y sobreprecios adicionales pactados en las licitaciones, respecto de los cuales no hay expectativas de retorno. Lo mismo ocurre con la ejecución de garantías, el principal componente de los servicios de la deuda, ya que se trata de la adquisición forzosa por parte del fisco de créditos altamente incobrables debido a la morosidad prolongada.
