PAÍS
Después que este medio informara que un soldado de “Los Gallegos” había salido del país pese a tener una condena por drogas, la justicia recién se enteró que había sido expulsado. Dicha medida la concretó la PDI, contraviniendo la norma que prohíbe su expulsión antes de cumplir su condena en Chile.
Una anómala situación quedó al descubierto en torno al procedimiento migratorio que permitió la salida del país del narco soldado colombiano de “Los Gallegos”, Junior Suárez Hernández (28). El extranjero abandonó Chile el 20 de enero pasado, pese a haber sido condenado 5 días antes, por el Juzgado de Garantía de Arica, a 4 años de presidio bajo libertad vigilada, por el delito de tráfico ilícito de drogas. La pena alternativa se dio en el marco de un juicio abreviado que consideró a otros 5 coimputados, quienes fueron separados del proceso que sigue el Ministerio Público en contra de esta banda criminal filial del Tren de Aragua, otorgándoles penas más bajas por no tener antecedentes criminales en el país y colaborar con la investigación.
La Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la PDI informó a El Mostrador que el sujeto no se había fugado del país, sino que había abandonado el territorio nacional por el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, dado que “fue expulsado el 21 de enero 2024 en virtud de una expulsión administrativa decretada por el Servicio de Migraciones, mediante resolución exenta 02180 de fecha 17 enero 2023 por ley 20.000”. En su reporte no se aclara si el delincuente fue o no acompañado por dos policías hasta Colombia, tal y como determina el procedimiento en estos casos.
Esta expulsión, sin embargo, se produjo de manera totalmente anómala y contraviniendo una sentencia judicial dictada antes de que se diera curso a la expulsión administrativa, solicitada por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Fue precisamente el Sermig, que depende del Ministerio del Interior, el que precisó que la expulsión era improcedente, puesto que en el mismo decreto se establecía una condición ineludible y que no fue cumplida, ni mencionada por la PDI: que el colombiano solo podía ser expulsado una vez que cumpliera íntegramente la pena por narcotráfico en Chile.
Así lo ratificó el organismo en una escueta declaración, donde señaló que “en julio de 2022 se inició el procedimiento de expulsión contra Junior Suárez Hernández por ingreso irregular y vínculos con organizaciones criminales. En enero de 2023, se dictó la orden de expulsión en su contra. Tal como se establece en el N°4 de la resolución de expulsión y el artículo 135 de la Ley de Migraciones, la expulsión administrativa se debe materializar una vez que la persona cumpla sus condenas o las eventuales medidas alternativas”.
La versión del Sermig fue posible corroborarla al revisar la Resolución Exenta N° 02180 del 17 de enero de 2023, que dictó la expulsión mientras Suárez estaba en prisión preventiva. En el punto 4 dice expresamente que “si existieren penas pendientes, medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad actualmente en ejecución, deberá dar cumplimiento a la medida de expulsión desde que se cumplan las respectivas condenas o medidas alternativas”.
En el documento se dispuso también que los responsables de la expulsión serían la PDI, la Jefatura de Migraciones y Policía Internacional. Junto con ello, estableció una prohibición de ingreso a Chile a Suárez, por un plazo de 25 años contados desde que se concreta la medida.
El texto , además, presenta otro error, indicando que Suárez tenía cédula de identidad para extranjeros, cuando no podía contar con este documento, dado que había ingresado por un paso irregular al país. En rigor, el colombiano –según la sentencia– tenía asignado un Rol Único Nacional (RUN) provisorio y no una cédula, el cual fue otorgado para su identificación en territorio chileno y fijar la anotación prontuarial de su sentencia condenatoria.
La resolución del Sermig condicionó la expulsión al cumplimiento de la condena, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Nº 21.325 de Migración y Extranjería. Allí se señala que “no podrá ejecutarse la expulsión de extranjeros que se encuentren impedidos de salir de Chile por orden de tribunales de justicia chilenos, mientras esas órdenes se encuentren vigentes”.
La norma agrega que se suspenderá la ejecución de la medida de expulsión de los extranjeros sujetos a la custodia de Gendarmería de Chile, “tales como los que estuvieren cumpliendo de manera efectiva pena privativa de libertad por sentencia firme y ejecutoriada, incluyendo aquellos que se encuentren con permisos de salida según lo dispuesto en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los sometidos a prisión preventiva, los sujetos a libertad vigilada y los que estuvieren cumpliendo su pena de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 18.216”.
Ante la consulta sobre si requeriría un informe a la PDI sobre este anómalo procedimiento, tanto por su rapidez y por la no consideración de la condena de Suárez que le impedía ser expulsado, Sermig evitó pronunciarse al respecto.
Asimismo, la policía civil no respondió a las consultas efectuadas por El Mostrador en torno a este caso, específicamente sobre cómo se ejecutó el procedimiento, pese al impedimento judicial existente.
La Oficina Regional de Comunicaciones del Poder Judicial también declinó pronunciarse sobre el procedimiento aplicado con el colombiano.
De acuerdo con la sentencia dictada por la jueza de Garantía, Paulina Zúñiga, tras decretar su libertad el 15 de enero pasado, el colombiano debía presentarse ante el Centro de Reinserción Social (CRS) de Gendarmería de Chile en Arica en un plazo máximo de 5 días.
La pena de 4 años de presidio bajo libertad vigilada intensiva, además, fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Arica el pasado 5 de marzo. En esa instancia se rechazó la apelación del Ministerio del Interior, respecto de la pena sustitutiva aplicada por el Juzgado de Garantía, es decir, que la cumpliera en libertad, alegando que el sujeto no calificaba para acceder a esta modalidad, dado que había ingresado a Chile por un paso irregular.
El extranjero, finalmente, nunca llegó al CRS para cumplir con la libertad vigilada intensiva, dado que la PDI adelantó la medida de expulsión. Suárez además debía cumplir las siguientes condiciones ordenadas por el tribunal: mantener contacto con un delegado de Gendarmería de Chile, establecer un domicilio, realizar un oficio o actividad, y cumplir programas formativos, laborales, culturales, relacionados “con los efectos nocivos de la droga en la salud pública”.
Si bien la ejecución del proceso de expulsión fue informada a este medio por la policía civil, no lo reportó en el Informe Policial N°00373/7007, de fecha 3 de mayo, que presentó al Juzgado de Garantía de Arica. Este documento fue emitido luego de ejecutar una orden de detención en contra del colombiano emanada desde ese tribunal, por incumplir con la obligación de presentarse al CRS para recibir el plan de seguimiento de su condena.
Así consta en el documento suscrito por los inspectores Felipe Quiroz y Yordan Donoso, donde ambos certifican que “seguidamente, a las 10:20 horas, se realizaron las consultas a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, donde se informó que la persona requerida, mantiene como último registro: una salida del territorio nacional por la Avanzada Aeropuerto Arturo Merino Benítez, vía aérea, de fecha 20.ENE.024, con destino a Colombia”.
Y luego agregan que “al realizar las consultas a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, se verificó que este mantiene como último registro, una salida del territorio nacional con fecha 20.ENE.024, con destino a Colombia”.
La fecha de expulsión no coincide con la entregada ahora por la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la policía civil, entidad que informó como fecha el pasado 21 de enero, mientras que el informe constata que fue el 20 de enero.
También los policías en su informe sostienen que verificaron que el domicilio que dio el colombiano, ubicado en Patricio Lynch 228, correspondía “a una de las oficinas de la Defensoría Penal Pública de esta comuna, por tal motivo, los oficiales en comento revelaron el motivo de la presencia policial en el lugar al personal de esa oficina, con la finalidad de dar cumplimiento a lo requerido por ese Juzgado de Garantía”.
Por ese informe, la jueza Paulina Zúñiga decidió mantener la orden de detención vigente el 14 de mayo, sin tener hasta hoy la información sobre el procedimiento de expulsión que se ejecutó paralelamente, luego que así fuera revelado por El Mostrador.
El colombiano Junior Suárez fue detenido en el megaoperativo encabezado por el Ministerio Público, junto a la PDI, el 16 de junio de 2022 en contra de “Los Gallegos”, oportunidad en que fueron allanados 23 inmuebles de la población Cerro Chuño. En la ocasión se detuvo a 17 personas y se encontraron municiones y armamento, aproximadamente 37 kilos de droga y un cuerpo masculino enterrado en las cercanías.
En una precaria vivienda, el sujeto fue aprehendido junto al dominicano Fernando Marínez, en medio de abundantes electrodomésticos descompuestos traídos desde el vertedero municipal ubicado a pocos kilómetros.
Según la acusación presentada, al interior del domicilio se encontró, debajo de un refrigerador, un paquete rectangular con 467,98 gramos de marihuana, cuya pureza era del 100%. Por ese hallazgo, la Fiscalía les imputó el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, estableciendo que ambos se dedicaban al acopio de la droga, la cual era comercializada posteriormente por la banda de “Los Gallegos”.
Durante su permanencia en la cárcel de La Serena, Suárez fue sancionado dos veces por Gendarmería de Chile. En noviembre de 2022 fue sorprendido escalando hacia la techumbre del módulo de reclusión y en septiembre de 2023 le encontraron seis armas blancas hechizas en su celda, así como 14 trozos de papel con números telefónicos y 20 hojas sobre la Fiscalía de Arica.
