“La Corporación para el Desarrollo de Santiago ha recibido de la municipalidad más de 77 mil millones de pesos. Es la corporación que ha recibido la mayor cantidad de recursos, de los cuales no sabemos cómo se gastan”, señaló el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon.
El caso de la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan) y la ausencia de información sobre cómo se gastan los recursos, despierta la preocupación del director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon. En conversación con El Mostrador, señala que la Cordesan “ha pasado a ser un brazo armado que permite contratar a dedo, saltarse las licitaciones públicas, para hacer todo tipo de cosas”. En ese sentido, afirma que hoy existe “una violación flagrante de la Ley de Transparencia”, que no está siendo atendida por las autoridades municipales de Santiago.
“Lo que nos llama mucho la atención es que la alcaldesa Irací Hassler y su administración se han opuesto tajantemente a que haya transparencia, a abrir esta corporación y que sepamos cómo se han gastado esos 77 mil millones de pesos. (…) No sabemos a quién se contrata y bajo qué condiciones”, advierte.
En esa línea, insiste en que este es uno de los casos más graves que les ha tocado enfrentar a nivel de corporaciones municipales. “Ellos han desconocido completamente las atribuciones que tiene el Consejo para la Transparencia o las Cortes. Lo que han sostenido es que son una institución privada”, declara.
-¿Cuáles son los antecedentes que ustedes han recabado respecto a las eventuales irregularidades de la Corporación para el Desarrollo de Santiago?
-Nosotros como fundación hace un par de años que estamos dedicados a mover la barrera de la transparencia en las corporaciones municipales. Porque muchas corporaciones no han querido sumarse a la Ley de Transparencia y son utilizadas, por lo mismo, como el lugar predilecto para esconder los tratos directos, pegas para familiares, todo tipo de contratos sin la correcta rendición de cuentas. Si al final la Ley de Transparencia, la Ley de Compras Públicas, lo que permiten es que la ciudadanía conozca bien a quiénes se contrata, bajo qué condiciones y también de qué forma uno puede hacer una fiscalización ciudadana.
Y cuando tenemos estos lugares donde no hay transparencia, son el terreno fértil para que florezca la corrupción y así lo hemos visto históricamente. Cada vez que se abre una nueva corporación o logramos un avance en transparencia de una nueva corporación, luego aparecen contratos a dedo, familiares contratados, contratos sin respaldo, etc. Y también hay una gravedad, y es que las corporaciones manejan presupuestos multimillonarios, es decir, presupuestos que al año superan los 5 mil o 6 mil millones de pesos. Sumado a cero transparencia, es un terreno fértil para la corrupción, y en eso estamos nosotros avanzando, en mover a estas corporaciones a la Ley de Transparencia.
El caso de la Corporación para el Desarrollo de Santiago es el caso más grande, y yo creo que también el más grave, en términos de transparencia que hemos enfrentado. La Cordesan ha recibido de la municipalidad, desde que existe la Ley de Transparencia, más de 77 mil millones de pesos. Es la corporación que ha recibido mayor cantidad de recursos, de los cuales no sabemos, y por lo que hemos investigado tampoco saben los concejales, cómo se gasta.
Y esto ha sido sucesivo, porque en Santiago, como sabemos, los alcaldes no se reeligen y también hay una rotación del sector político. Entonces, esto ha sido transversal a las distintas alcaldías. De cierta forma, la Cordesan ha pasado a ser el brazo armado que permite contratar a dedo, que permite saltarse las licitaciones públicas, para hacer todo tipo de cosas, administra centros culturales, refacciona casas, contrata guardias de seguridad, hace de todo. Y tenemos una violación flagrante de la Ley de Transparencia en la Cordesan.
Lo que nos llama mucho la atención es que la alcaldesa Irací Hassler y su administración se han opuesto tajantemente a que haya transparencia, a abrir esta corporación y que sepamos cómo se han gastado esos 77 mil millones de pesos. De esos 77 mil millones de pesos, esta administración ha transferido 7.800 millones. Solo este año ya han transferido 2.500 millones de pesos, de los cuales no hay transparencia de cómo se gasta. Lo único que hay, cuando uno ingresa a la Cordesan, son descripciones generales, donde se mencionan los programas que manejan, un teatro, ciertos guardias de seguridad, la fonda del Parque O’Higgins para el 18, temas culturales también, pero no sabemos a quién se contrata y bajo qué condiciones.
La defensa de ellos ha sido que esto es una corporación privada, pero la verdad es que la Cordesan es una corporación que hasta hace poco la presidía el alcalde, ahora cambió el reglamento y la preside una persona propuesta por el alcalde. Por ejemplo, el exadministrador también ahora trabaja en el municipio. Entonces se financia principalmente con fondos públicos, es una corporación pública y, por ende, debe haber transparencia.
-¿Cuál ha sido la estrategia para seguir este caso?
-Es el caso más grave que hemos visto. Porque como América Transparente hemos logrado abrir, por ejemplo, la Corporación Cultural de Las Condes, también trabajamos en abrir la Corporación de Lo Barnechea, Vitacura, Municipalidad de Talca y varias más. En general, ha habido buena disposición y ha sido bastante rápido, en el caso de Puente Alto lo mismo, pero hay otras que han derivado en largos juicios, como nos pasó con la Corporación Cultural de Las Condes, con un juicio que nos demoró tres años. Pero se siguió siempre el mecanismo regular que fija la Ley de Transparencia, es decir, el Consejo para la Transparencia dirime si debe haber transparencia y después, si es que se oponen, eso va a un juicio. Luego la Corte de Apelaciones, y si es que hay una apelación, es la Corte Suprema quien dirime la transparencia o no.
Pero en el caso de la Cordesan, ellos han desconocido completamente las atribuciones que tiene el Consejo para la Transparencia o las Cortes sobre ello. Lo que han sostenido es que ellos son una institución privada, entonces nosotros, que ya ganamos un amparo con el Consejo para la Transparencia para que haya transparencia sobre estos 77 mil millones de pesos, ellos han hecho oídos sordos.
Luego se les invitó por parte del Consejo a hacer sus descargos. Bueno, y ahora hay un sumario y va a haber sanciones, pero insisten en que son una corporación privada y que esto no se les aplica. Y, en ese sentido, también tengo cierta preocupación la verdad, de si como ciudadanía vamos a poder saber qué es lo que ocurre en la Cordesan.
Porque también las atribuciones que tiene el Consejo para la Transparencia para sancionar, en caso de que alguien desconozca lo que se ha dictaminado a través de un amparo, son sanciones de sueldo. Hemos visto en otras corporaciones, recuerdo un caso en una municipalidad del norte, que como son corporaciones que ha presidido el alcalde o el administrador municipal y no entregan información, se les sanciona con la mitad del sueldo. Pero en este caso, la Cordesan, como insiste en que son una institución privada, perfectamente puede decir que las sanciones que dictan en el Consejo no les aplican.
-¿Cuáles serían los pasos a seguir, la judicialización?
-Con los abogados que nos asesoran estamos viendo la opción de poder judicializarlo. Nunca nos había pasado esto en verdad y tampoco los abogados con los que trabajamos, que son expertos en temas de transparencia, han visto un caso similar. Porque lo que ocurre usualmente, y que de hecho tenemos otro juicio también con otras municipalidades, es que una vez que el Consejo para la Transparencia dictamina que tienen que someterse o no a la Ley de Transparencia, si ellos se oponen, van a un juicio. Nos pasó, por ejemplo, con Las Condes, donde perdimos con el Consejo y les pusimos un juicio a ambas instituciones, porque eso lo indica la ley, pero es un juicio que sigue el conducto regular de la Ley de Transparencia, es decir, que uno si desconoce un amparo, está en desacuerdo, tiene cinco días hábiles para presentar un juicio en la Corte de Apelaciones.
Pero, en este caso, la Cordesan perdió pero nunca alegó, entonces nunca empezaron el conducto legal. Estamos ahí menos parados de en qué forma podríamos presentar un juicio, porque nosotros pensábamos que, al ganar el amparo, estábamos listos. Por lo que estamos viendo cuáles son los pasos a seguir.
Estamos esperando por mientras qué va a pasar con las sanciones, porque en este momento el Consejo para la Transparencia tiene dos sumarios. Uno está cerrado, el otro está en investigación. Y luego, si cierran esos sumarios, puede determinar las sanciones y vamos a ver si esas sanciones tienen algún efecto y si es que deciden transparentar en qué están estos 77 mil millones.
Acá también hay un caso muy paradójico, porque la alcaldesa Irací Hassler, en el periodo anterior, cuando ella era concejal, alegaba por lo mismo. Alegaba que se hacían muchas cosas a través de la Cordesan, que no había transparencia. Y de hecho, a los pocos meses de asumir, dice que se va a iniciar un proceso en alianza con el Consejo para la Transparencia, para que haya transparencia en la Cordesan. Pero, claro, al poco tiempo, es muy útil tener un lugar donde poder trabajar sin transparencia, sin tener que dar excusas a nadie sobre qué contrato o cuánto le pago a alguien. Y empezó a hacer lo mismo que ella criticaba, es decir, a oponerse a la transparencia en esta corporación.
-¿Hay otras denuncias que hayan venido desde los propios concejales en relación a lo que está pasando ahí?
-Hay dos concejales que son de oposición, se suma a ellos la concejal Rosario Carvajal, que en un momento era parte de un partido afín a la alcaldía, pero luego de lo que ocurrió en Sierra Bella, hay división ahí. Y ella incluso desde el periodo anterior ha venido trabajando por este tema de la transparencia, y me dice que no ha habido cambios y se siente muy desilusionada, porque pensó que habría cambios con esta administración.
Y en ese sentido, también desde los concejales hemos recibido otra denuncia, respecto a que el exalcalde Felipe Alessandri había creado también una fundación cultural –eso está en las actas del Consejo– y, cuando la Contraloría determinó que las fundaciones municipales tenían que tener transparencia, lo que hizo Santiago fue absorber la fundación a través de la Cordesan y operar también sin transparencia. Es decir, lo que hizo Irací Hassler fue meter esta fundación dentro de la Cordesan para poder seguir operando sin transparencia y contratar a dedo.
-¿Qué mecanismos tienen a la mano, como América Transparente, para obtener algo de información sobre los gastos de la Cordesan que merezcan ser fiscalizados?
-Son varias cosas. Creo que este caso también demuestra los problemas que tenemos con la transparencia. Es demasiado lento. Nosotros hicimos esta primera solicitud hace casi ya dos años. Terminamos porque, primero, el municipio desconoció que la Cordesan tenía que enviar la información, después vino un proceso largo de tramitación, después el amparo. El Consejo para la Transparencia está operando bastante lento, en ese sentido es fundamental la nueva Ley de Transparencia para que opere con mayor celeridad. Y luego de que la Cordesan niega entregar la información, eso fue en noviembre del año pasado, nosotros esperábamos sanciones inmediatas para empujarlos a entregar la información. Ya estamos en mayo y seguimos esperando esas sanciones. Entonces, lo primero es que vamos a esperar qué ocurre con las sanciones.
Paralelamente, estamos trabajando con los abogados para ver de qué manera podemos empezar un juicio contra ellos, para obligarlos vía Corte a que transparenten. También lo que estamos tratando de obtener ahora, que ha sido bastante difícil, es que de esos fondos públicos se tiene que entregar una rendición de cuentas, y de lo que se han quejado los concejales es que esas rendiciones que se les entregan a ellos son bastante generales y sin un desglose.
Entonces, lo que estamos haciendo ahora es solicitar esas rendiciones de cuentas para ver esos desgloses, y una vez que los tengamos, poder pedir la mayor cantidad de información posible, porque tienen que cumplir al menos con un estándar mínimo. Los concejales se quejan de que son bastante generales, dicen que se gastó tanto en este ítem, pero no entregan ni la empresa ni las personas involucradas. Estamos esperando ese informe y eso es otro proceso largo que ya iniciamos, y ahí vamos a ver qué opciones tenemos.
