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Foto: Víctor Huenante/AgenciaUNO
La audiencia continuará este jueves. El alcalde de Recoleta y otros siete imputados enfrentan cargos por delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, cuestionados por la gestión de las farmacias populares. A la salida de tribunales, Daniel Jadue insistió en su inocencia.
Hoy, a las 8:40 de la mañana, comenzaron las tensas primeras horas de la audiencia de formalización del alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, cuestionado por la gestión de las farmacias populares. Temprano, partidarios del jefe comunal se reunieron en la estación Rondizzoni del Metro de Santiago para marchar hacia el Centro de Justicia, donde Jadue reiteró su inocencia antes de ingresar al tribunal, afirmando que demostraría que todas sus acciones habían sido en beneficio de los vecinos de Recoleta.
La audiencia, presidida por la jueza Paulina Moya en el Tercer Juzgado de Garantía, se inició a las 10:45 con la intervención del fiscal Xavier Armendáriz, quien presentó detalladas imputaciones contra Jadue y otros involucrados. Armendáriz describió una serie de operaciones y acuerdos comerciales entre la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) y la empresa Best Quality SPA que, según el Ministerio Público, constituirían delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa, y administración desleal.
El fiscal relató que, en el contexto de negociaciones en julio de 2020, Jadue habría solicitado un beneficio económico a Best Quality SPA a cambio de asegurarles contratos futuros con Achifarp. Según Armendáriz, esta solicitud se materializó en una donación de productos avaluados en 20 millones de pesos, que fueron entregados en dependencias del PC.
Durante la tarde, la fiscal Giovanna Herrera tomó la palabra para argumentar a favor de la solicitud de prisión preventiva del alcalde y del exsecretario ejecutivo de Achifarp, José Matías Muñoz Becerra. Herrera expuso la gravedad de las acciones de Jadue, señalando que las mercaderías adquiridas durante la pandemia se mantuvieron almacenadas sin ser distribuidas a los socios, generando una deuda insostenible que llevó a la quiebra a la asociación.
A las 15:16, Herrera hizo una pausa para solicitar oficialmente la medida cautelar privativa de libertad de Jadue y Muñoz, argumentando que la investigación reveló un “desprecio” por los recursos públicos y que las acciones del alcalde y sus asociados perjudicaron gravemente a Achifarp y a los más de 90 municipios que integraban la asociación.
La audiencia culminó a las 16:24, con la jueza Moya decretando su continuación para mañana jueves 30 de abril a las 9:00 horas. La magistrada consideró necesario extender la sesión debido a la complejidad y volumen de la información presentada.
A la salida del Centro de Justicia, el alcalde Jadue remarcó que mañana les tocará dar su versión de los hechos. A su juicio, los argumentos de la Fiscalía son una “puesta en escena” con una presentación “débil”. El edil comunista manifestó irse “confiado a casa de que no tienen pruebas de ningún tipo”.
