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Crédito: Agencia Uno
De acuerdo al relato de Mario Vargas, Jadue tiene que quedar en prisión preventiva por peligro para las víctimas. Esto, porque según Vargas, el exconcejal Mauricio Smok, también querellante, fue agredido por los manifestantes del Partido Comunista que estaban fuera del recinto de justicia.
En el marco de la investigación contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) por el caso Farmacias Populares, uno de los abogados querellantes, Mario Vargas, representante de Best Quality, pidió la medida cautelar de prisión preventiva por los hechos conocidos en la formalización que se realiza desde este miércoles y añadió un antecedente extra para justificar esta petición.
De acuerdo a su relato, Jadue tiene que quedar en prisión preventiva por -entre otras cosas- peligro para las víctimas. Esto, porque según Vargas, el exconcejal Mauricio Smok, también querellante, fue agredido por los manifestantes del Partido Comunista que estaban fuera del recinto de justicia.
“Un concejal de la Municipalidad de Recoleta, fue agredido por gente del Partido Comunista. No es una acción menor, porque es una acción que fue convocada por el Partido Comunista, que fue aplaudida por uno de los imputados, que llamó por sus redes sociales al apoyo a una manifestación en el Centro de Justicia. Y el impacto indirecto de ese llamado es violentar a una persona que legítimamente tiene el derecho de comparecer a esta audiencia, que legítimamente denunció acciones que tenían el carácter de criminal”, dijo.
“A esta persona se le lanzó un café caliente en la cara, la mujer que iba acompañándolo al lado quedó con lesiones, quemaduras, además de los insultos y los escupos que les llegaron. Esa es una acción de intimidación a las víctimas, a los actores de este procedimiento directo. Y fue concertado por uno de los imputados, a través de las redes sociales. Aplaudido por este imputado a la salida cuando efectivamente personas que vienen al Centro de Justicia a realizar distintas labores, eran intimidadas, insultadas, y agredidas”, agregó.
“Todos estos antecedentes entonces nos hacen llevar a la conclusión de que acá efectivamente existe un peligro para la seguridad de la sociedad, existe un peligro real para las víctimas,
y existe un peligro de fuga evidente en relación a los delitos que se están imputando y formalizando”, cerró.
