PAÍS
Fiscalía afirmó que el alcalde de Recoleta y otros siete imputados usaron la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares para fines políticos. Se pide la cautelar de prisión preventiva, sugiriendo una pena de hasta 15 años de cárcel contra Jadue. La audiencia continúa este viernes.
En el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, en la segunda jornada de la audiencia de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), la fiscal especializada en delitos económicos, Giovanna Herrera, profundizó en los argumentos presentados ayer y planteó la existencia de un “móvil electoral” en la causa del denominado “caso farmacias”.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte acusa a Jadue y otros siete imputados de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, relacionados con la compra y venta de insumos durante la pandemia de Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), de la cual Jadue es representante legal.
La persecutora afirmó que el jefe comunal y los demás implicados utilizaron la Achifarp para “sus propios fines personales, programas, ideas e intereses”, para comprar medicamentos y “aparecer ante la ciudadanía para solucionar problemas“.
La fiscal Herrera recalcó que el uso de Achifarp tenía fines de interés personal, y negó que se trate de una persecución política, como ha sostenido la defensa del alcalde. Según la fiscal, el móvil de las acciones de Jadue estaba vinculado a la campaña electoral en 2021, con el objetivo de evitar ser expuesto como un “gestor ineficiente” y ocultar los delitos cometidos.
Durante la audiencia contra Jadue, Herrera proyectó una línea de tiempo de las transacciones para sostener la tesis de las ilegalidades, asegurando que Achifarp “nunca funcionó como debía”, con compras realizadas a precios más altos del mercado, sin transparencia y favoreciendo a amigos y parientes desde 2016 hasta 2022.
La fiscal argumentó que Achifarp fue “desnaturalizada” para fines personales y campañas electorales, usando recursos públicos para proyectar una imagen favorable de Jadue a la ciudadanía. “La Achifarp hacía plaza ciudadana, llegaban a las plazas a vender medicamentos, a regalar mascarillas, hacían inauguraciones, todo eso es una imagen electoral, todas esas son estrategias comunicacionales”, afirmó.
Al finalizar su intervención, Herrera reiteró la solicitud de prisión preventiva para Daniel Jadue Jadue y José Muñoz Becerra —exsecretario ejecutivo de Achifarp—. “En el caso del fraude al Fisco, es de tal gravedad que quien comete el fraude no es un funcionario menor, es el alcalde que lleva 10 años en ejercicio”, subrayó Herrera, indicando que la pena podría ser de hasta 15 años debido a lo que la Fiscalía considera son delitos reiterados.
Los querellantes, entre ellos la empresa Best Quality y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentaron sus argumentos en contra del alcalde, mientras que la defensa, encabezada por el abogado Ramón Sepúlveda, expone a esta hora sus antecedentes. Jadue, quien se ha defendido a través de redes sociales, calificó las imputaciones de infundadas y parte de una ficción creada por la Fiscalía.
La defensa de Daniel Jadue declaró durante esta jornada que lo que señala la Fiscalía, que el alcalde temía una caída política, no se sostiene. El abogado Ramón Sepúlveda dijo que al jefe comunal de Recoleta no lo reconocen por la asociación Achifarp, sino que más bien por las farmacias populares y otros proyectos.
El defensor de Jadue cuestionó al Ministerio Público acusando que han hecho ver la Achifarp “como un juguete” del alcalde. “La Fiscalía ha hecho una lectura parcial y antojadiza de documentos que son oficiales. Uno en un juicio oral no puede presentar un PowerPoint recortando partes de informes policiales. Y no se puede, justamente, porque el tribunal tiene que percibir los antecedentes directamente”, aseguró Sepúlveda.
Y agregó: “No hay acciones dolosas. Uno podrá creer que hay errores, errores técnicos, errores administrativos, pero no hay un acto doloso de la entidad que permita sostener que el alcalde de Recoleta tuvo una participación en un delito de fraude al fisco y que determine prisión preventiva”.
El alcalde Jadue, junto con Muñoz Becerra y los funcionarios municipales María Eugenia Chadwick Sendra y Eduardo Sendra Arratia, está acusado de fraude al fisco, según la Fiscalía, por defraudar a la Municipalidad de Recoleta mediante operaciones vinculadas a la participación del municipio en la Achifarp. De acuerdo a la exposición del Ministerio Público, el 12 de junio de 2020, Jadue firmó un convenio con la Universidad de Concepción para fabricar 180,000 dosis del medicamento Interferón Alfa 2b para el tratamiento del Covid-19, comprometiendo $229.789.200, pese a que el Instituto de Salud Pública no autorizó la fabricación. En tanto, se acusa a Chadwick —jefa del departamento de salud de la municipalidad— de haber presentado falsamente al concejo municipal que contaban con estas autorizaciones, y el 27 de abril de 2021, Jadue habría solicitado un aporte extraordinario con información falsa, que fue aprobado y “desviado” para “solventar” a Achifarp. Nunca llegó a la universidad, dijo la fiscal.
La persecutora acusa una gestión “ineficiente y fraudulenta” del alcalde, afirmando que hubo compras infladas y conexiones con “amigos”. Además, el abogado de Best Quality, Mario Vargas, señala que la empresa fue defraudada por aproximadamente $1.200 millones, iniciando la causa con una querella por estafa.
Ante esto, el abogado defensor dijo lo siguiente: “La fiscal dice que el alcalde Jadue le compraba a sus amigos. ¿Cuáles son esos amigos a los que el alcalde le compraba? Si ella quiere estimar que la Asociación de Farmacias Populares era amiga de Recoleta, yo diría que sí. Porque era una asociación que estaba formada por los municipios”.
A las 16:45 horas finalizó la segunda jornada de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. La audiencia continuará este viernes.
