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Foto: Francisco Vicencio/AgenciaUNO
Mencionando la tardanza con que –al final– se implementó un programa de este tipo desde el Estado, todos coinciden en que las Fuerzas Armadas tienen aún información que no se ha entregado y que podría permitir esclarecer varios de los casos que siguen pendientes.
Un helicóptero Puma H-255, que pertenecía al Ejército de Chile, y que fue utilizado para los “vuelos de la muerte” efectuados en el regimiento de Tejas Verdes durante la dictadura, todavía es parte de la utilería de un campo de juego de paintball en Sussex, Inglaterra.
Pese a estar oxidado, desmantelado, en territorio británico (tras ser rematado por el Ejército en 2003) y a que nunca fue periciado, en el fuselaje del H-255 aún puede verse parte del escudo del Ejército de Chile.
“Ese helicóptero está manchado de sangre (…). Por supuesto que no debería estar en un parque de diversiones”, dijo Gaby Rivera, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), a The Guardian en septiembre de 2023, cuando se supo de la noticia.
Su devolución, pedida a través de la plataforma Change.org y actualmente en trámite, es un recordatorio más de que, tal como dijo el Presidente Gabriel Boric durante el anuncio del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) el año pasado, cuando se cumplieron 50 años del golpe de Estado, “mi memoria está incompleta porque me faltan los detenidos desaparecidos”.
La AFDD es parte del plan de búsqueda y el compromiso con los familiares de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Pinochet es parte del programa de gobierno de la actual administración. De hecho, el Presidente Boric lo ha remarcado durante sus dos últimas cuentas públicas ante el Congreso Nacional.
“Verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición son compromisos de nuestro Gobierno”, dijo el Jefe de Estado en su primer Mensaje Presidencial ante el Poder Legislativo en junio de 2022.
El Mandatario insistió en aquello en la Cuenta Pública del año pasado, señalando que, a más de 30 años de recuperada la democracia, “hemos encontrado solo a 307 y esa cifra nos debe doler, hacer arder la sangre, porque da cuenta de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado y como sociedad”. Se espera que también haya mención al tema hoy, sábado 1 de junio, ante el Congreso Nacional. Cabe recordar que el programa de gobierno señala que “implementaremos un plan nacional efectivo de búsqueda de personas detenidas desaparecidas, integrado por las entidades públicas pertinentes que cuenten con equipos multidisciplinarios especializados, con recursos suficientes y dotación especializada, que trabaje junto a la sociedad civil en el esclarecimiento de su destino final”.
Uno de los últimos pasos del PNB fue la constitución del Comité de Seguimiento y Participación, órgano a cargo de conocer, asesorar y hacer recomendaciones al Estado para la implementación del plan. El espacio se constituyó a fines de enero y, formalmente, tuvo su primera reunión de trabajo el 25 de abril, donde fue discutido y aprobado el reglamento de funcionamiento.
“Si el Estado cometió los crímenes, el Estado tiene la obligación de llevar a cabo la búsqueda”, dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, durante la Cuenta Pública de su cartera el pasado 28 de mayo.
El ministro Cordero, hijo de un carabinero y con dos tíos de su padre que fueron víctimas de la dictadura, recalcó que han cumplido con la existencia del plan, al constituirlo y establecer un mecanismo de gobernanza, donde por primera vez los familiares de las víctimas forman parte de la actividad directa.
El titular de Justicia reconoció que ahora viene el trabajo más arduo, que significa poner en práctica la matriz del plan. En ese sentido, anunció que en las próximas semanas estará disponible una plataforma web de dicho plan que dispondrá de una nómina oficial de víctimas de desaparición forzada, entre otros antecedentes.
Además, junto con resaltar que se está desarrollando un trabajo de digitalización de documentos y un cruce de archivos que se encuentran en distintos órganos del Estado, destacó que en el último trimestre de 2023 y en lo que va de 2024 han laborado en el catastro de sitios prioritarios de la búsqueda, algunos de los cuales –dijo Luis Cordero– ya son trabajados por ministros de dedicación exclusiva.
Si bien para el ministro Cordero buscar ya es un acto de reparación, lo cierto es que el plan de búsqueda genera tanto esperanza como críticas hacia el Estado entre las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos que son parte del Comité de Seguimiento de la iniciativa.
Simbólicamente, esta iniciativa del Gobierno del Presidente Boric, según reconocen en la interna del Ministerio de Justicia, llega “50 años tarde”. Y es que son más de mil las víctimas, entre detenidos, desaparecidos y algunos ejecutados sin entregar cuerpo. Eso “significa que esas familias han luchado por décadas, que han esperado, familiares que han fallecido sin saber la verdad, ni encontrar a sus seres queridos”, dijo a El Mostrador Alicia Lira Matus, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). En 1986, su marido, Felipe Rivera, fue ejecutado por la CNI tras ser involucrado en un atentado contra Pinochet, y su hermano Diego fue detenido el mismo año acusado de participar en la fallida internación de armas cubanas en Carrizal Bajo.
La añosa incertidumbre, remarcó Lira, es “la urgencia ética, política, dramática que viven los familiares a lo largo del país”. En ello reside, agregó, la relevancia de ejecutar el Plan Nacional lo antes posible.
Desde el Ministerio de Justicia detallan que podrían abrirse tanto nuevas investigaciones como reaperturas de caso, pues indican que hay lugares donde en algún momento se pudieron realizar pericias y no se concretaron porque no había la tecnología o porque, existiendo, era costosa, o porque la Corte Suprema pidió el cierre de casos.
Erika Hennings, directora de Londres 38 y representante de los sitios de memoria en el Comité de Seguimiento, destacó que, aunque el proceso de implementación del plan ha sido lento y comenzó con retrasos, se valora finalmente contar con una iniciativa que es una deuda pendiente del Estado chileno.
“En Chile las víctimas de desaparición forzada son 1.469, de un total de 3.216 víctimas ejecutadas y desaparecidas. Cincuenta años después queda por hacer justicia“, afirmó Hennings a este medio.
Sin embargo, mostró preocupación por la magnitud de los desafíos, como la falta de recursos financieros, trámites legislativos –por ejemplo, en el caso del levantamiento del secreto del Informe Valech–, y de personas competentes –por ejemplo, en el Servicio Médico Legal (SML)–, y la necesidad de modificar enfoques de investigación, especialmente debido a la nula colaboración de las Fuerzas Armadas a lo largo de los años.
Hay 548 casos de víctimas cuyas causas se encuentran sobreseídas, sobre las cuales se está investigando antecedentes para ver la posibilidad de reabrirlas. Ante tal dimensión de los desafíos, relacionados con la verdad y la justicia, “creemos importante relevar el tiempo como un gran obstáculo y otros obstáculos que se suman, como la modificación de enfoques de investigaciones, buscar y avanzar en conocer trayectorias de las personas desaparecidas, recursos insuficientes en el Poder Judicial, en los equipos adjuntos de la PDI, en profesionales abogados(as), y otros en el propio Programa de Derechos Humanos, para poder avanzar en los procesos de verdad y justicia, superando negacionismo, mentiras, omisiones, para lograr toda la verdad y toda la justicia”, declaró.
A ese respecto, enfatizó que “se llega tarde. Nos alcanza la impunidad biológica”, junto con destacar el rol que deben cumplir también las Fuerzas Armadas.
Recordemos que el comandante en Jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, afirmó, para los 50 años del golpe, que “el Ejército no tiene hoy día información disponible que no esté en la justicia”. Sin embargo, Erika Hennings dijo que “nuestra exigencia es siempre fuerte y presente respecto de las FF.AA., que se han mantenido en la omisión y mentiras, en mi opinión. No ha habido colaboración alguna a través de los años respecto de las violaciones a los derechos humanos en general y en particular de la desaparición forzada. Sabemos que en el marco de la mesa de diálogo, por ejemplo, se entregó información falsa. Cómo podemos entonces creer que no cuentan con información, y si acaso no hay archivos, pedimos que den cuenta de qué pasó con esos archivos”.
Ante esta situación, el ministro Cordero ha enfatizado que el Ministerio de Defensa también es parte del plan y que el Ejército podría entregar información, pero ante requerimientos judiciales “bien específicos”.
Junto con apuntar a la “urgencia ética” del plan, Alicia Lira resaltó que este es un esfuerzo político y jurídico sin precedentes. “Nunca otro Gobierno creó algo tan reparatorio para los familiares. Ya son ocho meses desde que se está implementando y se están viendo los lugares junto a las tres compañeras representantes de las agrupaciones”. No obstante, Lira puso énfasis en la necesidad de ser cautelosos con la información sobre los lugares de búsqueda, para evitar falsas expectativas, recordando el dolor causado por el pacto de silencio mantenido por las Fuerzas Armadas.
“Hay que recordar que durante 50 años nunca han prestado ninguna información. Por 50 años han guardado el pacto de silencio. Lo que se ha sabido en los procesos ha sido gracias a la expertise, a la forma en que algunos ministros hicieron hablar a algunos militares o carabineros que son los que mantienen sus pactos de silencio, por lo cual yo no veo colaboración”, comentó, sentenciando que “acá, más que colaboración, debiera haber un mandato de sus jefes superiores, el Presidente de la República o la ministra de Defensa”.
Daniela Accatino, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile, también integrante del Comité, valoró positivamente el trabajo realizado hasta ahora, mencionando que el plan ha implicado una movilización significativa de recursos y la creación de varios órganos interdisciplinarios.
“Ya ha habido algunas visitas de terreno, coordinadas con los ministros en visita que llevan las investigaciones judiciales respectivas”, explicó, destacando la importancia de este esfuerzo sistemático, el primero de su tipo, que asume tareas que hasta ahora habían sido llevadas a cabo principalmente por los familiares.
Además, mencionó el trabajo de catastrar sitios de interés. Por ejemplo, en Tocopilla, en la mina La Veleidosa, en Chamiza, en Puerto Montt, se han hecho ya actividades en terreno coordinadas con los ministros en visita que llevan las investigaciones judiciales respectivas, en referencia a los jueces con dedicación exclusiva que son parte del plan.
Por su parte, Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), subrayó la importancia de desarrollar un camino extrajudicial o administrativo para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas.
“Chile lleva más de 30 años buscando a través de juicios, cuyo fin es la determinación de responsabilidades penales, no la búsqueda de personas”, puntualizó.
Contreras urgió al Ejecutivo a formular un mecanismo de búsqueda humanitaria que pueda coordinarse con el ámbito judicial, pero que no dependa de las investigaciones judiciales, ya que el número de personas localizadas e identificadas sigue siendo bajo.
“El Ejecutivo debe avanzar también en la investigación judicial de casos de prisión política y tortura, crímenes que han sido igualmente reconocidos como de lesa humanidad por su gravedad, sistematicidad y masividad con la cual los cometió la dictadura”, añadió.
En relación con la colaboración de las FF.AA., la titular del INDH dijo que “deben colaborar abriendo sus distintos fondos documentales, donde quedaron registradas las acciones que condujeron a la desaparición de cientos de personas”.
A pesar de la existencia de un cierto nivel de críticas y desafíos mencionados, las opiniones coinciden en reconocer la implementación del Plan Nacional de Búsqueda y, aunque aún es pronto para evaluar resultados concretos, la esperanza y la expectativa de avanzar en la verdad y la justicia son palpables.
Cabe mencionar que el Servicio Médico Legal (SML) ha sido también señalado por su falta de profesionales expertos en procesos de identificación, lo que ha significado un verdadero abandono de sus obligaciones en casos como las cajas de osamentas encontradas en bodegas de la Universidad de Chile, y graves errores en la identificación de restos de personas detenidas desaparecidas.
“El Servicio Médico Legal ha explicado que no tenía presupuesto, pero enfrentado a un dilema como ese, que también es ético, yo pienso que los funcionarios responsables deberían haberlo hecho presente a las autoridades, incluso públicamente, y habrían contado con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos”, comentó en agosto del año pasado Gloria Elgueta, integrante de Londres 38.
Durante la Cuenta Pública del Ministerio de Justicia se reiteró que el SML es uno de los principales vinculados con el PNB. En ese sentido, el ministro Cordero anunció, que, junto con el desarrollo de la construcción de su nuevo edificio central, que contará con adelantos tecnológicos, el servicio se encuentra realizando la reformulación de su plan estratégico, que considera el fortalecimiento institucional y la estandarización de sus procesos.
