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Foto: AgenciaUNO
En el Partido Republicano hablaron de “desvíos ajenos”, oponiéndose a legislar para una “ínfima parte de la población que está en desacuerdo con su naturaleza biológica”. El ministro Cordero dijo que ello responde al “temor” de algunos más que a argumentos basados en evidencia.
La Cámara de Diputados vivió una acalorada sesión este martes durante la discusión y votación del proyecto de ley destinado a fortalecer la Ley N° 20.609, conocida como “Ley Zamudio”, que tiene por objetivo establecer medidas contra la discriminación. A pesar del respaldo del Gobierno, la iniciativa fue finalmente rechazada con 69 votos en contra, 63 a favor y 13 abstenciones.
El proyecto ahora deberá ser revisado en comisión mixta y la jornada estuvo marcada por los dichos del diputado Cristóbal Urruticoechea del Partido Republicano, quien habló de “desvío” para referirse a las diversidades sexuales. Además, la oposición hizo reserva de constitucionalidad, acusando que algunos de sus preceptos vulneraban diversos artículos de la Constitución.
La propuesta, que busca “fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad”, generó un intenso debate. Además, alineados con los republicanos, desde Chile Vamos se argumentó que el proyecto limita la libertad de opinión, invierte la carga de la prueba y sanciona la omisión, describiéndolo como una medida “totalitaria” e “ideológica” que amenaza la seguridad jurídica.
Por otro lado, aunque Demócratas valoró el espíritu del proyecto, votaron en contra argumentando que existen aspectos que deben ser mejorados.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, destacó que en los debates sobre leyes antidiscriminatorias suelen surgir “posiciones legítimas” sobre qué actos pueden constituir discriminación, subrayando que las reservas de constitucionalidad no son nuevas en este tipo de debates desde la década de los 90. Además, cuestionó los argumentos recurrentes que se utilizan en contra de este tipo de leyes, como la defensa de la libertad de expresión y la educación preferente.
Consultado por Radio Biobío, el ministro Cordero sostuvo que “muchos de los argumentos de la sala son de temor, más que argumentos basados en la evidencia del texto”.
Uno de los discursos más controvertidos vino de parte del diputado Urruticoechea, quien afirmó que “la izquierda siempre necesita crear conflictos y relatos afines a sus causas, y para eso, necesita crear nuevos derechos, los neoderechos”. Además, expresó que “este proyecto es una bandera de lucha de colectivos feministas y homosexuales”.
“Si ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno, pero no tiene por qué ser obligación aplaudirlos o decirle a nuestros hijos que existen más de dos tipos de sexos”, dijo el militante del partido de José Antonio Kast. Estos comentarios generaron una ola de críticas por su tono despectivo.
La diputada oficialista Emilia Schneider (CS), en la antesala de la votación, acusó a la Democracia Cristiana de dar la espalda a la ciudadanía por rencillas políticas con el Gobierno, especialmente en un contexto donde se discuten otros temas valóricos como la eutanasia y el aborto —proyectos anunciados por el Presidente Gabriel Boric durante su última Cuenta Pública—. Schneider lamentó que la DC pudiera alinearse con los sectores conservadores que se oponen a la ampliación de derechos y libertades.
Desde el oficialismo insisten en que las normas contenidas en la propuesta van en la línea de los tratados de Derechos Humanos firmados por Chile. En tanto, se llamó a ponerse en el lugar de quienes sufren, día a día, discriminación y que tienen miedo. Asimismo, se pidió evitar nuevos casos como el de Daniel Zamudio, quien murió tras un ataque a golpes provocado por un grupo de simpatizantes neonazis. La razón que gatilló el lamentable suceso fue que la víctima era homosexual.
Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el diputado Álvaro Carter, quien votó en contra de la iniciativa, se mostró satisfecho con el resultado, argumentando que con esta ley “el Frente Amplio y el PC pretendían modificar la Ley Zamudio para transformarse en policías de la moral y criminalizar a quienes no piensan como ellos”.
La enmienda proponía una nueva definición de sus propósitos y definiciones. Así, se establecía que sus objetivos principales eran erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas.
También, busca promover el principio de igualdad y no discriminación arbitraria. Asimismo, instauraba un procedimiento judicial especial y rápido que buscaba restablecer eficazmente el imperio del derecho cada vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.
La iniciativa redefinía, igualmente, el concepto de discriminación arbitraria, ampliando el listado de motivaciones que pudieran sustentarla. Junto a esto, definía tres categorías de discriminación, especificaba procedimientos y sanciones y la creaba el Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria.
