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Fotos: AgenciaUNO
Se determinó que la psiquiatra y exsenadora UDI debió inhabilitarse para realizar un peritaje crucial en el caso de la matanza de Laja-San Rosendo, debido a su falta de imparcialidad. Además, el SML habría decidido no renovar el contrato de Jacqueline van Rysselberghe, que expira el 30 de junio.
Según el Servicio Médico Legal (SML), la psiquiatra y exsenadora UDI Jacqueline van Rysselberghe, contratada para realizar peritajes en casos criminales entre 2018 y 2022, no debería haber sido asignada a un caso de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Por eso, el SML abrió un sumario administrativo el pasado 29 de mayo para esclarecer la asignación irregular.
Hoy, el ministro para causas por violación de derechos humanos, Carlos Aldana, declaró inválido el peritaje realizado por JVR. Este peritaje había sido crucial para argumentar la enajenación mental de José Otarola, condenado a 15 años de cárcel por su participación en los homicidios de la matanza de Laja-San Rosendo, un delito de lesa humanidad.
El magistrado Aldana acogió los planteamientos de los abogados querellantes, quienes cuestionaron la imparcialidad de van Rysselberghe, basándose en sus declaraciones públicas y su afiliación política como militante de la UDI. En múltiples ocasiones, van Rysselberghe había expresado su opinión de que se debería conmutar la pena a personas condenadas con enfermedades terminales, permitiéndoles cumplir sus sanciones en sus hogares.
En un escrito de ocho páginas, el juez detalló que la psiquiatra debió haberse inhabilitado para realizar la pericia debido a su evidente sesgo, y al no hacerlo, su informe carece de toda validez. La decisión del ministro Aldana implica que se debe designar un nuevo perito para elaborar un informe imparcial sobre el estado mental de Otarola.
Según consignó Radio Bío Bío, ante la polémica generada por el peritaje inválido, el Servicio Médico Legal decidió no renovar el contrato de prestación de servicios de Jacqueline van Rysselberghe, que expirará el próximo 30 de junio. La exsenadora fue contratada vía trato directo en abril de este año.
Cabe mencionar que, en abril, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric desdramatizó la contratación de JVR en el SML. La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, priorizó la capacidad técnica sobre el partido político.
Hoy, consultada por la prensa regional, Dresdner apuntó a la gravedad de que se haya permitido a la psiquiatra realizar un trabajo que no le correspondía, pero justificando su contratación a pesar de su color político.
