PAÍS
Hace más de 30 años que miles de toneladas de residuos tóxicos se depositaron en Arica. A su alrededor se levantaron tomas, la gente enfermó y murió. Durante dos décadas se ha buscado demoler la toma, sin éxito. Hoy el lugar es controlado por el Tren de Aragua. El Estado les paga la luz y el agua.
El olor a basura, a metales pesados, y a humo por quemas de desperdicios regados por donde uno camine, es el panorama que golpea el olfato y la vista a cualquier hora en la población Cerro Chuño, ubicada en el sector nororiente de Arica. Allí no debería vivir nadie, pero aún hay más de 700 casas en pie contaminadas con plomo y arsénico. Allí también la banda “Los Gallegos” instaló silenciosamente su centro de operaciones, ocupando parte de esas viviendas básicas a partir de 2021 y luego sumó un sitio eriazo donde ya se habían demolido casas contaminadas, levantando precarias piezas construidas con desechos del vertedero municipal, ubicado a unos 500 metros al oriente, en Quebrada Encantada.
La población aún sigue en pie, pese a que debió haber sido demolida a partir de 2009, tal como lo comprometió, en septiembre de ese año, la entonces ministra presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), Ana Lya Uriarte, debido a la polución nociva para la salud que presentaban los suelos y viviendas.
Han pasado 27 años desde que el exdiputado PPD Salvador Urrutia denunciara la presencia de minerales tóxicos abandonados e importados desde Suecia por la empresa Promel frente a ese barrio y aún la población permanece estoica, con nuevos habitantes y como epicentro del crimen organizado. No hay locomoción colectiva que llegue al lugar y los servicios informales de plataformas de transporte de pasajeros tampoco suben a ese sitio, por temor a que les quiten sus vehículos o los asalten. En sus propias aplicaciones les avisan que el sector es “peligroso”.
Los fallidos intentos gubernamentales por erradicar y demoler la población han sido varios. Es más, la justicia ha hecho difícil el proceso, ordenando el pago hasta de más de 1.000 millones de pesos en cuentas de agua potable, a costa del Servicio de Vivienda y Urbanización, consumida por los ocupantes irregulares. También otro fallo ordenó que el Estado de Chile asumiera la provisión del vital elemento, pese a reconocer que el sitio es una toma y está emplazado en un terreno contaminado.
Al llegar la primera administración del Gobierno de Sebastián Piñera, el tema de contaminación polimetálica en Arica fue prioridad en la agenda del Gobierno Regional y también parlamentaria. El año 2012 se logró la promulgación de la Ley N°20.590 de Polimetales, que estableció tareas de remediación y erradicación de un polígono inhabitable en la población Cerro Chuño.
En este marco, el mandato gubernamental era demoler las más de 800 casas que fueron declaradas inhabitables por la presencia de metales pesados en calles, patios, paredes y techos. El plan se estrelló con un gran obstáculo: la erradicación consideró dos soluciones habitacionales que fueron desarrolladas de manera desfasada.
A raíz de aquello, los pobladores afectados que eligieron departamentos como compensación, salieron primero de sus viviendas, y los que optaron por casas, debieron esperar su turno más tarde. Comenzaron a quedar viviendas abandonadas en las distintas calles y, al primer intento para destruirlas, no se pudo, debido a que la llamada construcción “en tren” lo impedía. Si se demolía una, se derrumbaban las contiguas y en ellas aún residían familias que no había dónde reinstalar temporalmente.
Las casas abandonadas entonces quedaron a merced de los primeros audaces “ocupantes ilegales” chilenos que llegaron a Cerro Chuño, bajo la excusa de que no tenían dónde vivir y el sistema de subsidio habitacional no les era favorable.
Inexplicablemente y justo en octubre 2013, un año marcado por las elecciones presidenciales, el intendente regional de la época y hoy senador por la Región de Arica y Parinacota, José Durana, solicitó a la Dirección Regional del Serviu que paralizara las demoliciones, bajo el argumento de que estaban poniendo en riesgo la salud de 650 familias, debido a la polución generada en ese proceso y ausencia de medidas de mitigación.
A través del Ordinario N°1368 del 9 de octubre de 2013, instruyó definitivamente esta medida, indicando que existía un muestreo ambiental que indicaba que “en el sector de Cerro Chuño existen, al menos, 2 a 3 puntos de muestreo que superan el nivel de referencia adoptado para la concentración de arsénico en el suelo de la ciudad de Arica que es de 20 mg/kg… Además se indica que de acuerdo al estudio las dosis de exposición oral crónica de arsénico estimada para un niño superan el Nivel Mínimo de Riesgo (MRL) y la Dosis de Referencia (rFd)”.
Con esta orden del otrora intendente Durana, el plan de erradicación tuvo un aterrizaje forzoso que hasta hoy tiene graves consecuencias, dado que, pese a existir los recursos económicos y la disposición para hacerlo en el Serviu, se frenó un plan que pretendía terminar de raíz con el problema y que no estaba expuesto a las exigencias sobre protocolos de derechos humanos que se esgrimieron en tribunales para paralizar su desalojo.
Sin duda, la decisión del exintendente abrió la primera puerta para la entrada de los “ocupantes ilegales” de las viviendas que ya habían sido desalojadas. Primero fueron chilenos, luego peruanos y bolivianos, y de ahí aterrizaron colombianos, dominicanos y venezolanos a repoblar Cerro Chuño.
Al ser consultado por El Mostrador respecto de si estimaba que su decisión fue equivocada, el senador Durana dijo que “la demolición inorgánica no permitió demoler todo de una vez, porque demolías una casa y seguían viviendo dos o más personas en el mismo sector. Pero creo que es absolutamente necesario erradicar estos sectores. De un problema de salud, de polimetales, ahora pasamos a un problema de crimen organizado donde el territorio está siendo afectado por la delincuencia”.
Agregó que la suspensión de las demoliciones “la pidió la ciudadanía. Fueron las personas que vivían aquí. En ese entonces solamente se habían entregado dos conjuntos habitacionales como medida reparatoria para erradicarlos. La cantidad de personas erradicada era un 15%. Aún quedaba un 85% que fueron saliendo después. Por allá por el 2018 recién se termina la erradicación. Efectivamente, luego de esa fecha, han venido recursos judiciales que han paralizado la acción del Estado”.
El senador sostuvo que “es un despropósito que, a esta fecha, como Estado de Chile no se haya logrado demoler esta población y tengamos al crimen organizado instalado aquí”.
Increíblemente, pese a existir desde el año 2012 la Ley N° 20.590 de Polimetales, que estableció tareas de remediación y erradicación de un polígono inhabitable en Cerro Chuño, un fallo judicial impidió su demolición el 2017 y otro el 2021 obligó al Servicio de Vivienda y Urbanización a pagar el servicio de agua potable en las casas que hoy están tomadas.
En pleno punto de prensa por el megaoperativo “Tren del Norte IV”, el 16 de mayo pasado, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, levantó nuevamente la voz sobre esta promesa gubernamental incumplida.
El jefe comunal indicó que “parece un chiste cruel para nuestra ciudad el estar parado en este territorio como alcalde. Siento vergüenza, siento impotencia cada vez que llego a este espacio cargado de contaminación, cargado de desorden, de riesgo para quienes viven acá, para los niños y las familias que están, y que si bien es un campamento donde están de manera irregular, acá no puede vivir ninguna persona, porque así lo dice la ley. En este lugar no puede vivir siquiera un perro y tenemos familias viviendo en este espacio”.
En sus dos administraciones comunales, Espíndola ha intentado conseguir la atención del Ejecutivo para resolver este tema. Primero lo hizo durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera y luego ha vuelto a insistir con el actual Gobierno. Sin embargo, hasta hoy no ha conseguido que se constituya un delegado especial para el desalojo y demolición de las casas contaminadas y de la toma contigua a estas viviendas.
“No basta con las voluntades de las autoridades regionales. Es imposible pensar que un problema de esta naturaleza, donde las responsabilidades han sido de todos los gobiernos, siga pendiente. Espero que durante este Gobierno se erradique y, si hay que ponerle un plazo, que sea al final de este Gobierno. Ojalá que cuando finalice el mandato del Presidente Boric, Cerro Chuño no debiera existir”, afirmó.
En un fallo dividido, el 27 de octubre de 2017 los ministros de la Corte Suprema Sergio Muñoz y Manuel Valderrama, junto al abogado integrante Jorge Lagos, confirmaron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, instancia que el 10 de marzo del mismo año había acogido el recurso interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), paralizando la demolición de las casas contaminadas dispuesta por la entonces Gobernación de Arica.
La sentencia en contra del gobernador de la época, Ricardo Sanzana –el mismo que hoy ejerce como delegado presidencial regional–, estableció que “aparece que la decisión del Gobernador Provincial de Arica, en orden a decretar el desalojo de los inmuebles fiscales resulta ilegal, pues aparece un hecho pacífico que los inmuebles, cuya restitución se ha solicitado, poseen la naturaleza jurídica de bien fiscal, debiendo proceder, en cuanto a su restitución conforme lo previene el artículo 19 del Decreto Ley N° 1939, de 1976, que fija Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, y, en consecuencia, el Gobernador se encontraba impedido de ejercer la atribución”.
El fallo judicial bloqueó así el cumplimiento de la meta del Gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, que apuntaba a cerrar su mandato con la población Cerro Chuño demolida. Tras ese golpe, no hubo tiempo ni intentos por levantar un plan de erradicación del sector.
De ese modo, Cerro Chuño quedó nuevamente en tierra de nadie, a la espera de la asunción del nuevo Gobierno en 2018, asentándose aún más la toma de las viviendas contaminadas, cuyos servicios de agua y energía quedarían a libre disposición para su uso gratuito con cargo al Estado de Chile.
Con el retroceso del Estado, el lugar comenzó a cobrar fama como un sitio inexpugnable para la policía y los ciudadanos comunes, tanto por las balaceras, homicidios y la presencia de delincuentes con un perfil más violento, como por el desplazamiento de los chilenos con la llegada masiva de colombianos y venezolanos al lugar.
También creció la fama de que allí había un rentable “negocio” inmobiliario para algunos “capos” de bandas criminales. Estos, pese a no ser dueños de las viviendas, comenzaron a venderlas o arrendarlas una y otra vez a personas sin casa, especialmente a migrantes colombianos y venezolanos que recalaron en Arica, huyendo de las mafias criminales instaladas en sus países, ignorando que una facción de ellas estaba también en este barrio.
El exdirector regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la segunda administración de Piñera, Francisco Meza, recordó a El Mostrador que, pese al fallo adverso a la erradicación del año 2017, junto a su equipo decidió levantar un nuevo plan con un solo objetivo: concluir la total demolición de ese barrio en 2024.
“Cuando llegué el 2019 estaba la problemática de que no se habían demolido todas las casas. A los dueños originales se les erradicó, pero en sucesivas administraciones de Gobierno, las casas que quedaron desocupadas, otros se las fueron tomando. En julio de 2019 hicimos un catastro y determinamos que había mucha población extranjera y, de hecho, había más colombianos que venezolanos. Luego, con el tiempo, eso fue cambiando entre 2020 y 2021”, afirmó.
Es así como en un informe enviado a la Corte de Apelaciones de Arica el Serviu detalló que, de las 793 casas que quedaban en pie en ese barrio, había logrado demoler 86 de ellas.
“Eso costó harto. Tuvimos intentos fallidos, tuvimos que hacer procesos de notificación. Lo que pasaba era que las casas que habían sido restituidas al Serviu estaban tomadas por extranjeros finalmente y vivían con agua gratis y colgados de la electricidad”, expuso.
También reveló que el perfil pacífico de la población Cerro Chuño había comenzado a sufrir una mutación durante su gestión. “Tuvimos que empezar a ir a los desalojos con más fuerza policial. De hecho, hubo que pedir refuerzos a otras regiones y por eso hicimos desalojos cortos y acotados. Incluso recuerdo que en una demolición, mientras estábamos en un perímetro, en otro estaban asesinando a una persona. Lo que puedo señalar es que, al menos, los sitios que alcanzamos a demoler no presentan tomas hoy, no así otros espacios demolidos por la administración de Bachelet 2 en Morrillos, hacia el sur”, detalló.
Meza recordó un detalle bastante llamativo y propio de la cultura caribeña que detectaron: “Tenían a un funcionario nuestro hasta con magia negra. La verdad es que desde 2020 comenzó a proliferar la delincuencia. Comenzaron a aumentar los venezolanos por sobre los colombianos. Hacia el 2021 la relación era de 60 por ciento extranjeros y el resto correspondía a chilenos”.
Y agregó que el negocio inmobiliario irregular es una realidad en la población. “Todas las casas son de propiedad del Serviu. Lo cierto es que hay gente ahí que las arrienda o las vende inescrupulosamente a migrantes que llegan temporalmente. Por eso es muy difícil perfilar quiénes viven allí, porque hay un recambio permanente de personas que están un tiempo y luego se retiran de allí y llegan otros”.
Meza planteó también sus reparos al rol cumplido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en este proceso de erradicación. “Nosotros elaborábamos un plan para ir demoliendo y teníamos que ir a dar cuenta al INDH sobre lo que íbamos a hacer. Eso empezó el 2020 y el 2021. Era entonces súper difícil avanzar por las condiciones que nos exigían, sabiendo que las personas allí eran ocupantes ilegales y su permanencia allí genera un tremendo rechazo en la ciudadanía, especialmente en los más humildes que pagan sus cuentas y postulan correctamente a un subsidio. Por eso, hicimos un plan realista, con intervenciones acotadas por manzanas que tenían cada una 192 casas, para evitar un nuevo recurso de protección que nos frenara el proceso”, aseveró.
Luego del fallo de la Suprema que impidió la erradicación de la toma el 2017, vino otro que permitió consolidarla, pese al riesgo ambiental latente allí.
El 2021, en otro “supremazo”, se acogió el recurso de protección presentado por la abogada María Josefina Prado –hoy asesora jurídica del delegado presidencial regional, Ricardo Sanzana–, para evitar el corte de agua dispuesto por la sanitaria Aguas del Altiplano. La acción judicial fue interpuesta luego de que el Serviu se negara a pagar millonarias cuentas de agua potable de las casas tomadas y cuyos ocupantes ilegales habían restituido el servicio, cortando los sellos de clausura de los medidores.
Meza puntualizó que el corte del suministro “se produjo porque se venía acumulando una deuda de muchos años. Como las casas son de propiedad del Serviu, Aguas del Altiplano seguía facturando a nuestro servicio. Cuando yo llegué, la deuda el 2019 ya estaba como en 1.000 millones de pesos. Siempre había negociaciones con la sanitaria y se evitaba el corte. Pero como la deuda estaba, finalmente la sanitaria tomó la decisión de cortar el agua en enero de 2021 y el Serviu no tenía cómo pagar eso”, afirmó.
Si bien el recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Arica el 5 de abril de 2021, la Suprema finalmente dijo otra cosa. El 30 de abril de ese mismo año, el máximo tribunal del país revirtió la decisión, pese a reconocer la existencia del Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la Comuna de Arica, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20.590, indicando que “no es posible que para ello adopte resoluciones que importan un perjuicio aún mayor para quienes, aunque de manera ilegal, se encuentran ocupando los inmuebles del sector de Cerro Chuño, como es el caso de los recurrentes”.
Y agregó que “constituye un derecho humano básico el acceso al agua en condiciones salubres y dignas, máxime considerando la situación de emergencia sanitaria que vive el país a raíz de la pandemia por Covid-19, de manera que en estas condiciones no es posible limitar el acceso de las personas al suministro regular de agua potable, por lo que la decisión de la recurrida Serviu de Arica y Parinacota aparece como ilegal y arbitraria, desde que el otorgar el vital elemento a los ocupantes del sector no le impide llevar a cabo las demás medidas que se encuentran a su alcance para procurar la salida de aquellos de tal sector, que también constituye un peligro para su salud y seguridad individual dada la presencia de diversos metales dañinos”.
Esta situación, según Meza, obligó al Serviu a suscribir un convenio con la sanitaria el 22 de julio de 2021, que significó restituir el servicio de agua y alcantarillado, habilitar un arranque temporal y un macromedidor, y regularizar un pago mensual por el agua consumida por los ocupantes ilegales con cargo al presupuesto de este organismo gubernamental. Así, el Serviu debió desechar el convenio que había firmado con la Fundación Caritas San Marcos de Arica, para la entrega de agua al sector a través de estanques, ya que a la justicia no le pareció aceptable esta solución.
El exdirector regional manifestó su preocupación por el hecho de que aún no hay luces de un plan gubernamental de erradicación. “Lo que llama la atención es que este Gobierno lleva más de 2 años y no se ha hecho nada sobre la erradicación. Esto hay que hacerlo con tiempo, porque hay que notificar y realizar distintas medidas hasta concretar el desalojo”, dijo.
Es más, su inquietud va más lejos. Meza sostuvo que “no es extremo pensar que estos ocupantes irregulares demanden al Estado, si presentan enfermedades producto de la contaminación polimetálica que hay en esos suelos y casas. Al final, la Corte Suprema, en vez de contribuir a que se cumpla la ley, lo que ha hecho es contradecirla, al bloquear su desalojo y otorgarles agua gratis”.
El consumo de agua en Cerro Chuño data desde que comenzaron las tomas de las casas que habían sido desalojadas a partir del año 2014, Desde esa época se generó una disputa entre el Serviu y la sanitaria Aguas del Altiplano que llegó a los Tribunales de Justicia, por el no pago de las cuentas por consumo de los ocupantes ilegales.
Ocho demandas civiles el 2020 y otras dos el 2021, terminaron con un fallo adverso de la Suprema para el Serviu. El organismo gubernamental cuestionó la informalidad en los cobros de la sanitaria, la no especificación de domicilios y tipos de consumo. Al final, el 5 de diciembre de 2022, el máximo tribunal ordenó al Serviu el pago de 1.008 millones de pesos por facturas correspondientes al agua consumida en las casas tomadas.
El consumo desmedido de agua es un hecho constatado por el Serviu. El 27 de octubre de 2022, con la llegada del Gobierno del Presidente Boric, el Serviu interpuso una querella por el delito de usurpación y mal uso de agua potable en el sector Cerro Chuño, al verificar un aumento vertiginoso en las cuentas de agua potable.
Para ello, acompañó el informe que había elaborado la administración gubernamental anterior. El análisis, de fecha 25 de enero de 2022, advertía un aumento de entre un 16 y un 25 por ciento en los meses de octubre a diciembre de 2021, al compararlo con el periodo septiembre-octubre. Lo que llamó la atención del Serviu es que el incremento se produjo justo en el periodo en que lograron demoler 48 casas del sector, por lo que no resultaba lógico que el consumo se disparara, si había menos familias asentadas.
El documento acompañó fotografías con camiones aljibes o estanques estacionados en algunos domicilios, llenando sus contenedores con agua potable. Así lo expresó en la querella, donde señala que “resulta del todo irregular e ilegal, y solo pretende un aprovechamiento de las personas que, sabiendo que SERVIU actualmente se encuentra pagando las cuentas de agua del sector, buscan lucrar abasteciéndose de agua con fines distintos a los habitacionales para los ocupantes de dicho sector, todo esto sin autorización por parte de Serviu”.
Pero la querella no tuvo éxito, dado que 19 meses después el Ministerio Público –el mismo que ha realizado cuatro operativos desde 2022 en el sector para desarticular a las bandas de “Los Gallegos” y “Tren del Coro”– decidió no perseverar en esta causa, en una audiencia celebrada el 7 de mayo pasado en el Juzgado de Garantía de Arica.
Hoy, según fuentes extraoficiales, el consumo mensual de agua estaría en promedio entre 13 y 16 millones de pesos, presentando una baja ostensible de su peak entre 2021 y 2022, con boletas mensuales de hasta 33 millones de pesos.
La energía eléctrica también es un servicio gratuito para los que habitan en las casas contaminadas. Recorriendo las calles de la población, es posible advertir que las viviendas están “colgadas” de los postes de alumbrado público, cuyo consumo lo paga la Municipalidad de Arica a la distribuidora CGE.
Y en la toma contigua, situada al sur del barrio, existe un “servicio” proporcionado por “Los Gallegos”. Según la investigación de la Fiscalía Regional de Arica, para afirmar el control territorial del sector, el grupo cobraba 5 mil pesos semanales por una conexión a una torre de media tensión. Para ello, de acuerdo con lo recabado por la PDI, habrían citado a una reunión a casi todos los pobladores, a los cuales anunciaron que a partir de ese momento les proveerían de dicha energía, pues realizarían un tendido eléctrico propio.
Acto seguido, junto con anunciar la tarifa, explicaron lo que sucedería con aquellos que intentaran “colgarse” al tendido ilegal: recibirían “plomazos” (disparos) en sus casas.
También hubo una advertencia por el atraso en el pago de la “vacuna”, es decir, la cuota por el servicio. Junto al corte de electricidad, habría disparos contra las humildes viviendas de los pobladores, quienes “viven aterrorizados allí”, explica una fuente que pide reserva de su identidad, y que señala que esas víctimas son “inmigrantes ilegales, venezolanos en su mayoría, con bajísimos índices de escolaridad, que no entienden que en Chile hay una institucionalidad y que están habituados, en sus países de origen, a pagar una ‘vacuna’ o ‘mordida’, como también le dicen, a las organizaciones criminales, pues muchas veces estas reemplazan por completo al Estado, y poco falta para eso en el cerro Chuño”.
Han trascurrido más de 2 años del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y, hasta ahora, no hay luces de que exista un plan para la erradicación y demolición de la población Cerro Chuño y de la toma instalada en el terreno donde se había logrado destruir las primeras casas contaminadas.
El Mostrador intentó conseguir una versión sobre el estado de este proceso, enviando un cuestionario a la Delegación Presidencial Regional. Sin embargo, no obtuvo respuesta.
Lo que se conoce por fuentes extraoficiales es que el delegado presidencial regional, Ricardo Sanzana, constituyó la Comisión de Recuperación de Bienes Fiscales, para impulsar un plan de erradicación, pero con un sentido “social y humanitario”, a fin de evitar complicaciones con un nuevo recurso del INDH.
La autoridad es la misma que el 2017, cuando era gobernador de Arica, debió paralizar la erradicación por orden de la Suprema. Ahora, en este nuevo escenario estaría llamado a elaborar una estrategia que debería considerar un barrio de emergencia para acoger a las familias y un plan de prestaciones para ellas, para acallar cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos influyentes en el Gobierno.
A una de las subcomisiones de esa Comisión, integrada por las Secretarías Regionales Ministeriales de Desarrollo Social, del Trabajo, del Medioambiente y de Educación, y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), se le encomendó elaborar una encuesta, para luego aplicarla en el barrio y así determinar cuántas personas había, su escolaridad, red de apoyo, y el tipo de familias que deberían ser erradicadas.
El instrumento fue despachado el segundo semestre al delegado presidencial y al seremi de Gobierno, Nicolás González, este último encargado de monitorear el proceso. Tras la entrega de este documento, la Comisión no volvió a reunirse y, a pesar de que se había decidido aplicar la encuesta en enero de este año, finalmente la tarea no se hizo.
Entre los mitos que se desestimaron en la instancia, estuvo la condición de “inexpugnable” de Cerro Chuño, especialmente por la presencia de la banda criminal “Los Gallegos”, y que impediría hacer una erradicación pacífica. Para ello, en la instancia se verificó la experiencia del PreCenso del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entidad que el 2023 pudo ingresar al sector para cumplir con este proceso, acompañada de un discreto operativo de Carabineros de Chile. No hubo robos, ni secuestros, ni maltrato a los censistas, lo que indicaría que el terreno es posible abordarlo con una estrategia de intervención comunitaria no violenta, para cumplir finalmente con la demolición de las casas contaminadas.
Una figura ausente hasta hoy en este proceso es el subsecretario del Medio Ambiente, Juan Maximiliano Proaño. Públicamente no se ha visto en terreno liderando el plan de erradicación, pese al Decreto N° 16 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que lo designó el 16 de junio de 2022 como Autoridad Coordinadora del Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la Comuna de Arica.
Entre sus funciones, según señala el decreto, la Autoridad Coordinadora “será la responsable de velar por el fiel cumplimiento de todos los programas establecidos en la presente ley, así como ejecutar la coordinación de las tareas que, en el ámbito de la presente ley, correspondan a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, Vivienda y Urbanismo, Educación, Planificación y Medio Ambiente, así como de los servicios públicos creados por ley, para el cumplimiento de sus respectivas funciones administrativas, que operen en la Región de Arica y Parinacota”.
Casación pagos de agua 2019 2020
Contrato y convenio Serviu y sanitaria
Fallo Corte Suprema desalojo 2017
