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Foto: Víctor Huenante/AgenciaUNO
Millonarios fondos públicos destinados a necesidades básicas de infancias vulneradas fueron mal utilizados por funcionarios de Mejor Niñez, incluso para fines personales, replicando la cultura Sename. Se investiga el destino de $2 mil millones y el caso se suma al hacinamiento en hogares del Estado.
Más de $2 mil millones están siendo revisados “peso a peso” por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), que en 2021 reemplazó al cuestionado Servicio Nacional de Menores (Sename). La razón, un indignante caso de mal uso de platas públicas destinadas a cubrir necesidades básicas de infancias vulneradas que están bajo los cuidados del Estado y que —en palabras del Presidente Gabriel Boric— “han protagonizado un capítulo particularmente doloroso de nuestra historia reciente”.
Se trata de casi la mitad de los $4.500 millones que el servicio desembolsó para comprar “gift cards” canjeables en tiendas del retail y que se implementaron precisamente para dejar atrás el uniformado Sename y las burocráticas compras públicas. El tema es que, tal como lo definió la directora nacional subrogante de Mejor Niñez, Victoria Becerra, un “descuido de los mecanismos de control y rendición de cuentas“, permitió denunciar a una funcionaria por hacer compras personales con dichas tarjetas. Esto sería solo la punta del iceberg.
El caso, descubierto casi por accidente, fue alertado a la división regional de Arica de Mejor Niñez por un vendedor de la tienda Ripley. Esto llevó a la realización de una auditoría interna a nivel nacional que todavía está en curso, a abrir sumarios que también están en desarrollo y motivó la presentación de denuncias ante Fiscalía, organismo que ahora investiga lo que sería un verdadero modus operandi que recuerda a los peores episodios del Sename.
Las denunciadas compras en Arica no solo se suman a casos similares de mala utilización de fondos públicos que han surgido en otras regiones, como resultado de la auditoría interna, y que también guardan relación con las “gift cards”, sino que además se agregan a los problemas que ya enfrenta el Servicio en su etapa de transición. Al igual que el Sename, Mejor Niñez ha sido cuestionado por el hacinamiento en residencias estatales, casos de abuso sexual y proyectos con irregularidades detectadas por Contraloría.
Ahora, junto a los mencionados desafíos, tanto el Ministerio de Desarrollo Social y Familia —encabezado por la ministra Javiera Toro—, como la subsecretaría del ramo, están pendientes de los gastos al interior de las residencias manejadas por el Estado y monitoreando el caso, instruyendo las acciones pertinentes a raíz del mismo.
Victoria Becerra, directora (s) del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Victoria Becerra, actual jefa de la dirección nacional de Mejor Niñez y exdirectora de Planificación de la Fiscalía, habló de “hechos puntuales” respecto al tema de las tarjetas, pero lo cierto es que lo sucedido en Arica no es un caso aislado. De hecho, hay dos denuncias más en el Ministerio Público y no se descartan nuevas acciones legales.
Junto al caso de las “compras personales” con recursos del Estado en una multitienda, se detectaron transacciones que no corresponden a los objetivos de las “gift cards”. Por ejemplo, en la adquisición de muebles para las residencias, algo que debería realizarse mediante el sistema regular de compras públicas. Esto también habría sucedido en el Maule y en Valparaíso.
A esto se suma la entrega al fiscal Xavier Armendáriz de un informe de auditoría en la Dirección Regional Metropolitana del servicio, por “eventuales hechos constitutivos de delitos que se puedan desprender de los hallazgos y conclusiones que en el referido informe se contienen”. Estos hechos hacen igualmente referencia a compras mediante el cuestionado sistema de tarjetas, pero, específicamente, con “montos objetados” y “tarjetas no habidas”, según detallan desde la Dirección Nacional de Mejor Niñez, donde aún esperan los resultados de las auditorías que se realizan en La Araucanía y el Biobío.
La semana pasada, el “Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”, elaborado por el Poder Judicial, que abarcó el segundo semestre del 2023 y que fiscalizó 275 de 290 instituciones, arrojó que cerca del 37% de las residencias con administración del Estado se encuentran “sobrepobladas”, pero si a esta cifra se suman las residencias que se encuentran con su capacidad total ocupada, “el porcentaje se aproxima al 57%”.
“Mejor Niñez” tiene la tarea de transformar y rediseñar los programas heredados del Sename, para lo cual se estableció un plazo de cinco años que vence en 2026, pero la sombra del servicio anterior sigue vigente.
“Siempre he sido muy cuidadosa de los fondos públicos y mi intención como directora nacional subrogante es poder aclarar hasta el último peso de lo que se compró y para eso tenemos varias acciones que en el futuro queremos ir desplegando”, dijo a El Mostrador Victoria Becerra, quien llegó a la cabeza de “Mejor Niñez” tras la salida de Gabriela Muñoz en abril pasado.
El trabajo de la ingeniera comercial con experiencia en Fiscalía y los ministerios de Justicia y Educación, no ha cesado desde entonces, además en medio de duras críticas de la Defensoría de la Niñez, donde Victoria Becerra también trabajó. “Ha habido un abandono del Servicio de Protección”, le dijo hace unos días a la prensa el actual jefe de la Defensoría, Anuar Quesille.
Con todos los desafíos que enfrenta el ex Sename, para la actual directora nacional (s) no hay opción de volver al viejo sistema de compras. A su juicio, el de las “gift cards” es un buen instrumento, pero solo si es bien ejecutado. Por eso, a raíz de lo sucedido en Arica, y por otras situaciones detectadas en regiones, se procedió al retiro de las tarjetas a nivel nacional, para entregarlas “por goteo” y para compras específicas.
El objetivo, por ahora, es que las tarjetas no estén a libre disposición como lo estaban hace poco. Esto, asegura Becerra, no interrumpiría ni ralentizaría las compras, sobre todo de cara a la llegada del invierno.
La situación es dolorosa y provoca una rabia que, de acuerdo a la actual directora del servicio, es “desmoralizante” para quienes hacen bien su trabajo al interior de la administración estatal, aunque afirma que también es un sentimiento que moviliza a tomar acción. Por eso los antecedentes del caso de Arica fueron entregados al Ministerio Público y a la Contraloría.
No se descarta que haya casos similares anteriores, pero las alertas se encendieron recién a inicios de este año, cuando la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en Arica y Parinacota interpuso una denuncia ante la Fiscalía, por irregularidades relacionadas con el uso indebido de fondos destinados a programas de asistencia a jóvenes vulnerables.
La denuncia, formulada mediante carta reservada y fechada el 5 de enero de 2024, detalla una serie de hechos que apuntan a la posible comisión de delitos relacionados con la falta a la probidad administrativa por parte de una funcionaria identificada como María Eugenia Pinto Cortéz, quien se desempeña como jefa del Departamento de Administración y Soporte en la Dirección Regional del Servicio.
De acuerdo con la documentación presentada ante el Ministerio Público, durante la última semana de diciembre 2023, en el contexto de labores de reemplazo de un terapeuta ocupacional, a la también funcionaria Camila Kalise Vásquez se le encargó la responsabilidad de realizar compras de regalos de Navidad y vestuario para jóvenes de la residencia familiar femenina Luis Beretta Porcel. Estas compras se llevaban a cabo mediante las tarjetas de regalo (“gift cards”) en la tienda Ripley de la ciudad.
Sin embargo, durante una de estas compras, un vendedor de la tienda alertó a Vásquez sobre la presencia frecuente de una mujer que utilizaba las mismas tarjetas de regalo para adquirir ropa adolescente, especialmente deportiva, y luego retornaba al día siguiente para cambiar dichos productos por artículos de uso personal y –según la denuncia– “no para jóvenes” beneficiarios del programa.
La denuncia, presentada con el propósito de esclarecer los hechos y determinar si constituyen o no delito, incluye como anexos videos, fotografías y dos cartas entregadas por la misma funcionaria, en las que relata los sucesos denunciados.
Ante estos graves señalamientos, se espera que la Fiscalía inicie prontamente una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones y tomar las medidas correspondientes en caso de confirmarse el mal uso de los recursos públicos destinados a la protección de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.
En conversación con este medio, Victoria Becerra recalcó que detrás de los hechos denunciados en Arica hay un “error de implementación”. Esto, si bien la compra de ropa, calzado e incluso comida a través de las “gift cards” es hoy una práctica común en las residencias administradas por los funcionarios del servicio. Este sistema no aplica en las residencias que administran colaboradores externos del Estado, que son “la mayoría”, según enfatiza la directora nacional subrogante.
La actual directora nacional (s) de “Mejor Niñez” también destacó que hubo una gran compra de tarjetas en 2021, por lo que también les preocupa el vencimiento del saldo en ellas, aunque remarcó que fue en 2023 cuando se hizo la compra más importante de los canjes.
El objetivo, según explicó Becerra, es establecer, ahora sí, un estricto mecanismo de control con pólizas a nombre de los funcionarios, que permitan tener responsabilidad con los recursos entregados y que las rendiciones sean realizadas permanentemente.
Será el Ministerio Público el encargado de determinar responsabilidades penales, y la jefa subrogante de Mejor Niñez, quien fue directora de la unidad de Planificación y Coordinación Estratégica de la Fiscalía, sostiene que “no es que se esté robando”, pero sí reconoce que se están “mal utilizando” los recursos destinados a infancias vulneradas.
Becerra, que también fue jefa de la unidad de Coordinación y Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos—cartera de la que dependía el servicio anterior—remarca que hay muchas personas que trabajaron en Sename que están en el servicio. “Y puede existir una cultura en Sename que a lo mejor está un poco estigmatizada, pienso también“, dijo.
“Creo que dándole las herramientas a la persona uno puede sacar lo mejor de ella y en eso confío. Yo creo que ha faltado dirección en esta implementación del servicio. Ha faltado una dirección que sea con un liderazgo claro respecto de los derechos de los niños y niñas. Pensar más en la oferta que en los niños es algo que quizá nos ha llevado en ese camino. Yo tengo toda la fe y la esperanza de que creo que las personas viniendo de Sename, tienen mucha experiencia también”, complementó.
Haciéndose cargo de las críticas, consultada por si “Mejor Niñez” da abasto ante esta tarea, Becerra remarca que el 90% de los proyectos están a cargo de organismos colaboradores, junto con afirmar que hay una gran diferencia respecto de lo que existía en el Sename.
“Mucho se habla de que no hemos cambiado nada, que estamos peor que el Sename, pero la realidad está muy lejos de eso”, asegura, añadiendo que si bien hoy surgen muchas más observaciones, esto se debe a que “nuestros estándares son muchísimo más altos que los que existían en el Sename”. Becerra pone el foco en que, por ejemplo, se terminó con los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD), que “tenían 200 niños” en un hogar y “hoy día hablamos de residencias que tienen 12 niños”.
Ante el informe del Poder Judicial, la directora nacional subrogante reconoce que hay casos en los que sí hay “algunos problemas de hacinamiento”, pero –dice– “son casos aislados, principalmente en el norte, que también tiene que ver con el fenómeno migratorio”. Pero, a su juicio, “la diferencia es importante respecto de la calidad de lo que entregábamos cuando el servicio antes era Sename”.
“Mi interés es sincerar la capacidad que puede tener el servicio para poder generar esa supervisión, porque hoy en día, si nos dicen que del 100% del servicio nosotros somos capaces de supervisar un X, mi idea es que nosotros podamos decir a la Contraloría, al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Hacienda a cargo de los recursos, que el servicio es capaz de supervisar al menos el 30% de los proyectos con esta dotación”, explica.
Y añade que, “si queremos que se supervise el 100%, evidentemente tenemos que triplicar la cantidad de supervisores que tenemos a nivel nacional”.
