PAÍS
Créditos: Agencia Uno
Mediante un informe, la tienda del Frente Amplio detalla cómo y en qué materias pretende trabajar para reposicionar la educación como una prioridad del Gobierno en los años que quedan de administración. Entre los puntos, el mejoramiento de traspaso a los SLEP y la solución al CAE.
La Comisión de Educación de Revolución Democrática emanó un documento en donde establecen “Criterios para la priorización y consolidación de la política educacional del Gobierno del presidente Boric”. Este informe viene a mostrar dos cosas: cómo las filas oficialistas pretenden reposicionar la agenda educativa como tema prioritario en la administración Boric y, además, marca la antesala de una definición que tendrá el Frente Amplio como partido en tanto materia educacional a propósito de la creación del partido único.
El Mostrador accedió de manera exclusiva al documento en donde una de las principales tiendas del Frente Amplio expresa que “nos parece importante realizar un análisis del rumbo que ha tomado la agenda educativa en nuestro país, generar una propuesta de priorización y consolidación de la agenda educativa para este último periodo asumiendo también la defensa de las reformas educacionales de la última década”.
En el documento, la comisión asume que el Gobierno de Boric llegó con una agenda transformadora, per explica que esto no se ha logrado concretar debido a “el contexto de crisis post pandemia, la necesidad de entregar estabilidad y certezas respecto al funcionamiento del sistema y la escasa voluntad de diálogo de una oposición obstruccionista, han comprometido la viabilidad de
este programa”.
Es con este análisis detrás que desde RD se busca reestablecer “prioridades acotadas que nos
permitan concentrar los esfuerzos técnicos, políticos y financieros” y, en lo que resta del periodo presidencial, ” el oficialismo debe asumir la centralidad de la educación en su acción política”, reza el informe.
En términos prácticos, RD propone cuatro ejes para atacar el problema educacional:
“Apoyar y consolidar la implementación del Sistema de Educación Pública a nivel nacional, regional y local, robusteciendo las condiciones para su implementación y realizando los ajustes de diseño que sugiere el aprendizaje consolidado en los procesos de implementación realizados hasta la fecha”, dice el primer punto.
Para esto, la comisión advierte que es importante poner como prioridad el proyecto de ley que busca mejorar el traspaso de establecimientos a los SLEP “desarrollando capacidades financieras, administrativas y pedagógicas, entregar nuevas atribuciones a la Dirección de Educación Pública (DEP), entre otros”.
Además de aumentar los recursos para una instalación masiva de los SLEP en 2025 desde RD creen importante “Contar con dotaciones óptimas antes del traspaso al SLEP respectivo, permitiendo una preparación sólida de todas sus unidades en función de conducir correctamente los jardines infantiles, escuelas y liceos, humanista-científicos y técnico-profesionales, desde el primer año en régimen”. En últimos lugares apuntan a aumentar a cobertura de los jardines y potenciar los niveles de transición a la educación básica.
“Política de Reactivación educativa” es el segundo punto de prioridades de RD. Para ello, desde la tienda liderada por Diego Vela creen que es relevante “promover la convivencia, el desarrollo socioemocional y los aprendizajes integrales de todas y todos los estudiantes, en la educación regular, especial y de jóvenes y adultos”.
Con ello, se pretende “resguardar las trayectorias educativas mediante una implementación curricular pertinente y contextualizada, inclusiva y con perspectiva de género, que incorpore el trabajo de los equipos territoriales de revinculación y asistencia, así como las aulas de reingreso en la educación pública”.
Sobre los educadores, apuntan a fortaleces las condiciones de desarrollo de estos en tanto nivel profesional y reconocimiento de los distintos actores involucrados en la educación.
El tercer punto es el que probablemente se transforme en la política pública más noticiosa, pues RD pretende establecer “una política pública de largo plazo para el financiamiento de la Educación Superior”. En detalle, se pretende un sistema de financiamiento gradual ” que complemente, consolide y mejore la gratuidad y al mismo tiempo termine con la lógica de créditos bancarios”.
Además de esto, se busca solucionar la situación de los actuales deudores “por medio de una condonación que sea justa y diferenciada de acuerdo a la situación de los deudores, incluyendo a quienes han cumplido con sus pagos”. Aquí también RD busca “contar con una estrategia, relato y plan de acción claro que permita explicar este proyecto y educar sobre su sentido, eficiencia, justicia, progresividad y responsabilidad con la realidad de nuestro país”.
El cuarto punto busca establecer una estrategia para el Gobierno y los partidos oficialistas para “sostener la esencia de las reformas recientes frente a la arremetida de la derecha” que, acusan, llaman contantemente a un proceso de “contrarreforma educativa” y que buscan “imponer sectores políticos de derecha, a partir de juicios y sentencias no basadas en evidencia, cuyo objetivo es confundir y desperfilar el debate público”.
En lo práctico, RD apunta a que se deben generar diálogos y reflexiones territoriales en distintos niveles “sobre el impacto positivo de las reformas educativas, articulando un gran apoyo político”. Con ello, hacer un proceso autocrítico de las reformas y tomar “todas las acciones correctivas necesarias para asegurar el derecho a la educación en cada territorio”.
Así como en los otros puntos, también el despliegue es clave: “Desplegar acciones enmarcadas en las facultades, herramientas y espacios del ministerio y servicios, para desarrollar y profundizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva, durante el restante tiempo de gobierno”.
Revisa el documento completo aquí: 04062024. Com. Educación. Criterios para la priorización y consolidación de la política (2)
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