PAÍS
Foto: Sebastián Beltrán/AgenciaUNO
Denuncias de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Protección apuntan a prácticas antisindicales, acoso laboral y deficiencias en la región de Coquimbo. Esto se suma a problemas de hacinamiento en residencias estatales y el reciente caso de mal uso de fondos destinados a infancias vulneradas.
La diputada por la región de Coquimbo, Nathalie Castillo (PC) solicitará que se realice una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados para analizar los problemas y recabar mayor antecedentes sobre la implementación y ejecución del servicio Mejor Niñez en todo el país.
El organismo, cuyo nombre completo es Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) —liderado por la ministra Javiera Toro—reemplazó al cuestionado Servicio Nacional de Menores (Sename) a partir del año 2021.
La petición surge por las denuncias de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Protección (ANTRAP) sobre prácticas antisindicales, acoso y hostigamiento laboral al interior del servicio en la región de Coquimbo. Principalmente, según sostiene la diputada Castillo, “de ocurrir este problema en el resto del territorio nacional impactaría en el funcionamiento de un servicio que se encuentra aún en proceso de reemplazo al Sename”.
Esta situación, añadió la parlamentaria del PC, “nos tiene bastante preocupadas, no solo por el clima laboral en la región y en el resto del país, sino porque esto repercute de manera directa a las personas que son sujetas de protección del Estado, en este caso niñas y niños, tanto en situación de vulnerabilidad social como infractores de ley que deben tener y merecer especial protección por parte de estos servicios que hoy por hoy, dada la condición de implementación pero también de algunas situaciones de acoso y menoscabo va mermado el objetivo principal: la protección y el cuidado de las niñas y niños que pertenecen a estos servicios”.
Además de las denuncias por maltrato laboral, se pretende abordar problemas asociados a fallas en infraestructura, sobrecupo en las residencias, salud mental, consumo de drogas, falta de personal, asignación de recursos, violencia al interior de estos hogares de protección, entre otras complejidades.
Tanto la ministra Toro como la subsecretaría de la Niñez, Verónica Silva, reconocieron problemas en el control de fondos destinados a residencias administradas por Mejor Niñez luego de que un reportaje de El Mostrador revelara que millonarios fondos públicos destinados a las infancias vulneradas fueron mal utilizados por los propios funcionarios del servicio, especialmente en el uso de las “gift cards” implementadas para agilizar el proceso de compra de ropa, calzado e incluso comida de niños, niñas y adolescentes bajo los cuidados del Estado.
Por este caso y otros, advertido en un principio por la división regional de Arica, se realiza una auditoría a nivel nacional, sumarios administrativos y denuncias ante Fiscalía.
“Lo que hemos venido sosteniendo sobre la forma irregular de funcionamiento del servicio en varias regiones del país, entre ellas la región de Coquimbo, son asuntos que me preocupan pues no solo afecta el clima laboral que se ha tornado hostil sino que repercute directamente a niñas niños y adolescentes que están bajo la protección del Estado”, expresó la diputada Castillo.
Y agregó que desde hace unas semanas ha planteado esta situación a la bancada del PC tras conocer relatos de dirigentes y dirigentas del ex Sename. Esto, dijo, “merece una investigación y sanción ejemplificadora”.
“Pedimos además que la Cámara apruebe esta sesión especial que he solicitado, porque no podemos permitir más vulneraciones en estos servicios que deben proteger y resguardar la niñez en primer orden”, sentenció la legisladora comunista.
Junto al caso de las “gift cards”, recientemente el Poder Judicial publicó el “Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia” que abarcó el segundo semestre del 2023, en el que se fiscalizó a 275 de 290 instituciones, considerando servicios de administración directa, colaboradoras, albergues, comunidades terapéuticas, hospitales y centros de detención administrados por Gendarmería.
El documento advirtió ausencia de coordinación entre el servicio de protección y la red de salud, y sentenció que 597 niños, niñas y adolescentes se encuentran en total abandono o hacinamiento en casi el 40% de los hogares de menores. De acuerdo al informe del Poder Judicial, cerca del 37% de las residencias administradas por el Estado se encuentran sobrepobladas, cifra que aumentaría a un 57% si se consideran las que se encuentran con su capacidad total ocupada.
Crítica situación, consiga el informe, que expondría a términos físicos y emocionales a niños, niñas y adolescentes, “distorsionando el objetivo general de estos centros llamados al cuidado y la protección”.
En la región de Coquimbo, los profesionales inspeccionaron 14 centros en total, en las comunas de Illapel, Ovalle, La Serena, y Coquimbo, identificando una alta sobrepoblación en la capital regional con un 79%, alto índice que comparte con las ciudades de Arica (83%), Iquique (80%) y Punta Arenas (50%).
Cabe consignar que el 90% de las residencias del país pertenecen a privados, en su mayoría fundaciones. Este año han cerrado 5, otros 15 se encuentran en ese proceso y el año pasado dejaron de funcionar otros 23, según informó La Tercera.
El presidente regional de la Asociación Nacional de Trabajadores de Protección (ANTRAP), Sebastián Cousiño, levantó serias denuncias que apuntan a un ambiente laboral deteriorado y prácticas cuestionables bajo la dirección de Julia Sandes Pérez, jefa regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en Coquimbo.
Cousiño expresó su preocupación sobre la situación laboral dentro del servicio Mejor Niñez, destacando numerosas denuncias recibidas desde la conformación de la directiva regional de ANTRAP en diciembre del año pasado. “Hemos canalizado diversas denuncias de nuestros socios que reflejan un estilo de conducción problemático por parte de la directora regional, Sra. Julia Sandes Pérez”, señaló. Estas denuncias incluyen acusaciones de mal liderazgo, improvisación, acoso laboral reiterado y prácticas antisindicales.
Según Cousiño, la respuesta del Servicio de Protección Especializada ha sido insuficiente. “A pesar de estar al tanto de estas situaciones, no han tomado medidas adecuadas, sino que han implementado procedimientos administrativos que parecen más destinados a dilatar decisiones o eximir de responsabilidad a la alta dirección”, afirmó. La falta de acción ha permitido que continúen los hostigamientos hacia quienes denuncian, incluyendo a miembros de la directiva de ANTRAP.
Según comentó el dirigente, la hostilidad se ha extendido también a otros trabajadores, afectando significativamente el clima laboral con elevados índices de ausentismo. Cousiño enfatizó que este ambiente de trabajo negativo no solo impacta a los empleados, sino que también deteriora la relación con los organismos colaboradores y, en última instancia, afecta la calidad de la atención que reciben los niños, niñas y adolescentes usuarios del servicio.
Cousiño también comentó sobre la implementación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que reemplazó al Sename. Según el presidente regional de ANTRAP, el proceso, iniciado durante el gobierno de Sebastián Piñera, estuvo marcado por una falta de transparencia y una selección de personal basada en afinidades políticas más que en la experiencia y capacidad.
“El equipo implementador del nuevo servicio terminó ocupando cargos clave, lo que resultó en la designación de personas sin suficiente experiencia en la administración pública”, afirmó Cousiño. Esta situación, agregó, ha llevado a una “gestión ineficiente” que ha dañado irreparablemente los servicios que se deben proporcionar a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Cousiño recordó que los trabajadores han denunciado estas deficiencias en múltiples foros, incluyendo la entrega de documentos al Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, afirmó que sus advertencias no han sido tomadas en cuenta. “Hasta el día de hoy ha sido un proceso de improvisación generalizada”, concluyó.
