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Organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos plantearon que la expropiación debería ser respecto de todo el polígono comprendido en la declaración de los terrenos de la secta como Monumento Nacional, que abarca casi 200 hectáreas.
Haciéndose eco de lo planteado la semana pasada en El Mostrador por varias personas vinculadas a las investigaciones relativas a Colonia Dignidad, quienes señalaron que la expropiación de partes de esta favorecería a los actuales controladores de los terrenos –hijos de los lugartenientes del extinto líder de la secta, Paul Schäfer–, el Presidente Gabriel Boric señaló este lunes en Alemania, en el inicio de su gira oficial por Europa, que si bien “la expropiación tiene que cumplir con los procedimientos legales que están establecidos en el derecho chileno”, de todos modos “la reparación para las víctimas es contradictoria con favorecer a los victimarios y, por lo tanto, tomaremos todos los resguardos para que esto no suceda”.
En dicho sentido, explicó que la idea es que “sean las víctimas las que se sientan parte de este proceso y sean protagonistas de, justamente, la reparación y la verdad histórica que tenemos que hacer respecto a este enclave, que representa de alguna manera el epítome del mal, como señalamos también en nuestra Cuenta Pública”.
Flanqueado por el canciller alemán Olaf Scholz, quien comprometió todos sus esfuerzos en la conformación del sitio de memoria que se pretende erigir a partir de siete lugares ubicados en la villa de Colonia Dignidad, el Mandatario dijo que su par germano “se ha comprometido a colaborar en todas las dimensiones que sea necesario por parte del Gobierno alemán para poder tener toda la documentación y el centro de documentación de primer nivel que se requiere para un caso como este. Y eso incluye, por cierto, la presentación de los archivos que puedan estar en propiedad del Gobierno alemán en este momento y que son necesarios para tener una completa información respecto a la verdad histórica de lo sucedido allí durante tantas décadas”.
Al respecto, Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, dijo a El Mostrador que “valoramos que el Presidente haya expresado la intención de buscar mecanismos para que los victimarios no se vean beneficiados por la expropiación. Eso es fundamental, porque sabemos que colonos que hoy habitan todavía al interior de la ex Colonia Dignidad continúan sufriendo fuertes represalias por denunciar su situación”.
Sin embargo, distintas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos emitieron, en las últimas horas, una declaración pública en la cual no solo manifiestan públicamente su desconfianza respecto de cualquier gestión que pueda efectuar el Gobierno alemán, sino también la pretensión de que la expropiación no se limite a los lugares señalados en el oficio que el 28 de mayo pasado envió el ministro de Justicia a su par de Bienes Nacionales, sino que abarque todo el polígono declarado Monumento Nacional en 2016, es decir, casi 200 hectáreas de terreno.
En efecto, en la declaración –firmada, entre otros, por las agrupaciones de campesinos víctimas de Colonia Dignidad, los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Talca, la de ex-presas y ex-presos políticos del Maule, además de asociaciones como la de Derechos Humanos de Parral y la dedicada a la memoria de Colonia Dignidad– se expresa que “la propuesta gubernamental de expropiar solo algunos lugares resulta inaceptable, pues pone en riesgo la protección e integridad del resto de los recintos y espacios considerados en dicho polígono”.
Pese a reiterar que valoran el anuncio del Presidente Boric, las organizaciones puntualizan que “nos oponemos a que la construcción y representación de las memorias de las víctimas de la dictadura sea delegada y conducida por un equipo de expertos alemanes, ignorando e invisibilizando la fundamental y particular experiencia nacional y del Cono Sur Latinoamericano en estas materias”.
Además, indican que se oponen a la participación de la comisión mixta en este proceso. Dicha comisión fue creada por los gobiernos de Chile y Alemania a partir del reconocimiento de este último (en 2016) de las omisiones y complicidad de la embajada de Bonn en Santiago con Paul Schäfer y sus lugartenientes.
Junto con esta declaración, en las últimas horas también se le envió una carta al canciller Scholz, suscrita por un centenar de personas y asociaciones, en la cual recuerdan la cooperación del Estado alemán con el enclave, no solo por medio de los canales diplomáticos, sino también a través de la inteligencia germana (el BND). En el texto se rememora la famosa visita del entonces embajador Erich Strätling al fundo de Catillo, en la cual encontró que el reducto neonazi era, en realidad, un aporte a la cultura germana en el mundo.
En la misiva también destacan la amistad entre Schäfer y el expresidente de la CSU (Unión Social Cristiana), Franz Josef Strauss, así como el destacado papel que el exoficial de las SS e íntimo amigo de Schäfer, Gerhard Mertins, cumplió en el mercado negro de las armas, muchas de las cuales fueron a parar a manos de la dictadura.
Asimismo, se hace presente al canciller Scholz que “la mayor parte de los perpetradores de crímenes cometidos en Colonia Dignidad se han mantenido en la impunidad y hay aspectos claros de la participación del Estado alemán en este lamentable hecho. Nos referimos concretamente a la protección otorgada a los criminales Hartmut Hopp y Reinhard Döring, que luego de ser sentenciados por la justicia chilena, hoy caminan libres en Alemania”.
También dicen que “muchos miembros de Colonia Dignidad, que viven en Alemania, participaron de hechos ilícitos o fueron testigos de ellos, pero se han mantenido en silencio, aunque tienen información relevante que permitiría esclarecer crímenes, entre ellos el destino de hombres y mujeres asesinados y hechos desaparecer en Colonia Dignidad”.
Ante ello, pidieron al canciller germano la apertura total de los archivos del BND, el inicio de investigaciones en contra de los alemanes que viven en ese país y que cometieron crímenes en Chile, que se atienda a las víctimas y que, además, “repare simbólicamente los daños cometidos al pueblo chileno al apoyar a la ultraderecha chilena antes y durante la dictadura”.
