PAÍS
La asociación de trabajadores del ahora llamado Servicio de Protección no descarta un paro nacional, a raíz de lo que califican como políticas “mal pensadas” en la instalación de “Mejor Niñez”, para dejar atrás al desprestigiado Sename. (VER AL FINAL RECTIFICACIÓN)
Dicen que ha sido una indignante improvisación del Gobierno en la instalación del servicio “Mejor Niñez” para dejar atrás al desprestigiado Sename. Por eso, este miércoles, la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (ANTRAP) realiza una jornada de “movilización, reflexión, análisis y visibilización”, en la que no se descarta un llamado a paro nacional.
Agregan que no serán cómplices en la implementación de políticas públicas “mal pensadas” y, si bien reconocen que el servicio –también conocido como “Mejor Niñez”– fue iniciativa del Gobierno del fallecido Sebastián Piñera, los funcionarios de la asociación aseguran que la actual administración del Presidente Gabriel Boric tampoco se ha hecho cargo de su promesa: un sistema de protección a la infancia que el país requiere.
Algunos señalan que el único cambio real que ha habido es el del nombre. En estricto rigor, ya no es el Sename, y el rediseño estará en curso al menos hasta el 2026, pero el hacinamiento en residencias estatales, casos de abuso sexual y proyectos con irregularidades detectadas por Contraloría, no hacen sino recordar los más oscuros episodios del antiguo servicio. En esto también coinciden parlamentarios, que han convocado a sesiones especiales en ambas Cámaras para abordar la crisis, emplazando tanto al Gobierno como a la Defensoría de la Niñez y la Fiscalía.
Además, El Mostrador reveló que millonarios fondos públicos destinados a necesidades básicas de infancias vulneradas han sido mal utilizados por los propios funcionarios de “Mejor Niñez”, incluso para fines personales. Junto a todo lo demás, se investiga el destino de $2 mil millones, casi la mitad de los $4.500 millones que el servicio desembolsó para comprar “gift cards” canjeables en tiendas del retail y que se implementaron en residencias administradas por el Estado precisamente en este proceso de transformación. Esto aumentó la indignación.
Pero eso no es todo, ante el número de desafíos que enfrenta, junto con asegurar que su intención es “aclarar hasta el último peso”, la actual directora nacional subrogante del ahora llamado “Servicio de Protección”, Victoria Becerra, resaltó, en conversación con este medio, que todavía hay muchas personas que trabajaron en la institución anterior y que están en la actual. “Y puede existir una cultura en Sename que a lo mejor está un poco estigmatizada.* *(Ver al final rectificación)
El caso de las “gift cards” se descubrió casi por accidente en Arica –a raíz de la alerta del vendedor de una multitienda– y dio paso a una auditoría interna a nivel nacional que todavía está en curso, sumarios administrativos en desarrollo y denuncias ante Fiscalía.
Con este crítico telón de fondo, desde ANTRAP subrayan que no serán “cómplices en la implementación de políticas públicas mal pensadas y que no resulten en una mejora en la calidad de vida de la niñez y adolescencia más vulnerable”.
A través de un comunicado, los trabajadores afirman que desde el Gobierno “quieren hacer una reestructuración de desarrollo organizacional y diseño técnico con comisiones elegidas a dedo, de manera dictatorial e incumpliendo los acuerdos alcanzados con esta organización sindical”.
El presidente regional de ANTRAP, Sebastián Cousiño, también levantó serias denuncias que apuntan a un ambiente laboral deteriorado y prácticas cuestionables bajo la dirección de Julia Sandes Pérez, jefa regional del Servicio de Protección en Coquimbo.
Consultado por El Mostrador, Cousiño señaló que hay una total falta de autorregulación, pero también una ausencia de liderazgos e incluso una “falta de preparación” de los nuevos funcionarios que no provienen del Sename.
En Coquimbo no hay residencias administradas por funcionarios del Estado y de eso también responsabilizan a la jefa regional del Servicio de Protección. Como casi la totalidad de los hogares a nivel nacional, todas las residencias pertenecen a privados –en su mayoría fundaciones–, que participan de las licitaciones de programas para niños vulnerados. Esto fue parte del modelo de Residencias Familiares de Mejor Niñez, tras el cierre de los masivos y cuestionados Centros Residenciales de Administración Directa (CREAD).
En ese sentido, los miembros de la asociación nacional de trabajadores critican “la alta tercerización de los servicios prestados y que se ejecutan los programas sin control administrativo, técnico y financiero”.
“La directora nacional, el Ministerio de Desarrollo Social y el Gobierno deben entender que los cambios deben ser de cara a los trabajadores, ya que, sin nosotros, la política pública no se lleva a cabo”, agregan.
El llamado de ANTRAP a los trabajadores de la institución es “a informarse y a congregarse este miércoles con el objetivo de dar a conocer las graves problemáticas que se viven en la actualidad en ese organismo, y a trabajar en un documento único que sirva como propuesta, desde los trabajadores, para dar una salida dialogada a este estado de crisis”.
“Nos declaramos en estado de movilización e iniciaremos procesos tendientes a visibilizar en la sociedad civil las espurias promesas de un servicio que juró cambiar las lógicas político-técnicas, de un Gobierno que anunció a viva voz un nuevo trato a la infancia y de un Presidente que no tiene toda la información sobre lo que sucede en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”, sentencian.
Cabe mencionar que funcionarios del antiguo Sename ya se encuentran movilizados. La semana pasada se desarrolló una manifestación frente a La Moneda, con el respaldo de la ANEF, de las asociaciones de funcionarios del antiguo servicio (AFUSE, ANFUR-Reinserción y ANTRASE-RSJ), acusando incumplimientos del Gobierno en los acuerdos sobre el traspaso e implementación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Ha habido marchas en Copiapó, Santiago, Coronel, Puerto Montt, Coyhaique y Aysén. En caso de paro nacional, de todas formas, se contempla la realización de turnos éticos en las labores que se les exige por ley en los centros de internamiento de menores de edad.
Ante las consultas de El Mostrador, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia no se pronunció al respecto.
La situación también ha levantado alarmas en el Congreso. El senador independiente Karim Bianchi pidió una sesión especial en la Cámara Alta, tras el escándalo por mal uso de fondos de “Mejor Niñez”, pero también para abordar la explotación sexual infantil que tiene su tasa más alta en Magallanes. Asimismo, la diputada Nathalie Castillo (PC) solicitó una sesión especial en la Cámara Baja para analizar los problemas y recabar mayores antecedentes sobre la implementación y ejecución del servicio “Mejor Niñez” en todo el país.
“Nos tiene bastante preocupadas, no solo por el clima laboral en la región y en el resto del país, sino porque esto repercute de manera directa en las personas que son sujetas de protección del Estado, en este caso niñas y niños, tanto en situación de vulnerabilidad social como infractores de ley que deben tener y merecer especial protección por parte de estos servicios que, hoy por hoy, dada la condición de implementación, pero también de algunas situaciones de acoso y menoscabo, va mermando el objetivo principal: la protección y el cuidado de las niñas y niños que pertenecen a estos servicios”, señaló la diputada Castillo de la Región de Coquimbo.
Para el senador Bianchi, “es de total gravedad que nos enteremos por la prensa sobre una situación que afecta a menores que deben ser protegidos por el Estado”. Y, al respecto, cuestionó: “Cómo es posible que $4.500 millones fueran desembolsados para comprar gift cards canjeables en tiendas del retail, aquí hay un aprovechamiento de la falta de mecanismos de control y de rendición de cuentas y eso debe ser corregido y explicado a la ciudadanía, porque el servicio ‘Mejor Niñez’ no puede ser un Sename 2″.
En esa misma línea, el parlamentario por la Región de Magallanes acotó que en la sesión del Senado se debe abordar la explotación sexual infantil que tiene su tasa más alta en dicha región, emplazando a La Moneda y al actual titular de la Defensoría de la Niñez.
“El defensor Anuar Quesille debe resguardar los derechos de los menores y debemos apurar al Gobierno para que lidere una agenda legislativa en pro de la niñez, esto para hacer frente a hechos tan graves como la red de prostitución infantil que opera en nuestra región, donde la autoridad ha hecho vista gorda y no vemos una solución y reparación a las víctimas”, expuso el senador.
El legislador también anunció que se encuentra preparando una denuncia por una eventual red de prostitución sexual infantil en Magallanes, la que será ingresada en los próximos días. A su juicio, “pareciera que el Gobierno sí supo poner a los niños primero, pero en la lista de víctimas de delitos”, criticó.
Y agregó que “lamentablemente los niños, como no votan, muchas veces quedan fuera de las políticas que debiésemos abordar con prioridad como Senado y como país”.
La reflexión del senador Bianchi apunta directamente al Presidente Boric: “Así como él fue crítico con el Gobierno anterior, yo podría ser más crítico que él en señalarle que todo lo que dijo en el Gobierno de Piñera lo está repitiendo, y no solo eso, sino que lo está agravando”, aseguró.
En declaraciones a El Mostrador, el titular de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, puso el foco en las persistentes deficiencias en el sistema de protección infantil, subrayando que la situación no es nueva y que la entidad que dirige desde octubre de 2023 –después que el cargo estuviera vacante desde fines de mayo de ese año, debido a varias postergaciones sucesivas en el Senado– ha estado señalando problemas al menos desde 2018.
Quesille explicó que las deficiencias actuales del sistema de protección infantil se deben a varios factores, incluyendo la manera en que fue diseñado desde sus inicios. “Cuando se discutía el proyecto de ley que creó el servicio, hubo consenso en que el modelo anterior, en el cual el Estado se hacía cargo de los niños y niñas vulnerados en sus derechos, era inadecuado. Sin embargo, el nuevo modelo no debía haberse basado únicamente en la ley de oferta y demanda”, afirmó.
El defensor de la Niñez argumentó que, para garantizar una adecuada protección de derechos, era esencial considerar diversos aspectos, como suficiencia presupuestaria, pertinencia de los programas, capacidad de adecuarse a las particularidades territoriales y culturales, mecanismos para garantizar acceso a tratamientos de salud mental, disponibilidad de residencias adecuadas y la actuación de organismos especializados. “Frente a esto, y considerando que el diseño no obedeció a cada uno de estos factores, actualmente nos encontramos con un sistema que muestra deficiencias, afectando mayormente a los niños, niñas y adolescentes”, añadió.
En respuesta a las críticas sobre la falta de acción por parte de la Defensoría de la Niñez, que pasó meses sin liderazgo, Quesille enumeró una serie de acciones y recomendaciones realizadas desde 2018:
Quesille enfatizó que estas acciones demuestran el esfuerzo constante de la Defensoría que dirige para abordar las preocupaciones sobre la protección infantil. “Lo importante es aclarar que el cumplimiento y hacerse cargo de los nudos críticos observados son responsabilidad del servicio, mediante un trabajo colaborativo del Ministerio de Desarrollo Social”, concluyó.
En junio de 2018, los integrantes de la Comisión de Infancia de la Cámara constituyeron un equipo de seguimiento y acompañamiento de las 94 propuestas que conformaron el Acuerdo Nacional por la Infancia, impulsado por el segundo Gobierno de Piñera, informe que fue entregado el miércoles 30 de mayo. La presencia de dos parlamentarios del Frente Amplio en la instancia –Gabriel Boric (MA) y Natalia Castillo (RD)– generó críticas y tensión. “No por buscar acuerdos con quienes piensan distinto uno deja de defender sus convicciones”, manifestó a La Tercera en dicha oportunidad el actual Presidente de la República.
Y, luego de varios intentos de reformar el sistema de atención a infancias vulneradas en Chile, el 5 de agosto de 2018, el fallecido expresidente Sebastián Piñera envió al Congreso un proyecto de ley para eliminar el Servicio Nacional de Menores (Sename), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así, este fue reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ahora bajo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
La promesa en aquella época fue: “Mayor supervisión y mejor fiscalización, mayores exigencias al personal público y privado, presupuesto adicional, enfoque familiar, mejoras respecto de la oferta programática”.
El nuevo servicio comenzó a funcionar el 1 de octubre de 2021. Con su creación, comenzaron a cerrarse los masivos Centros Residenciales de Administración Directa (CREAD) y se fue instalando el modelo de Residencias Familiares. Hay 248 residencias actualmente en el país y el 90% pertenece a privados.
La última Cuenta Pública del Servicio de Protección destaca la apertura de nuevos centros, la medida de cuidado alternativo que se implementa por orden de un tribunal en casos de graves vulneraciones, la priorización de las familias de acogida, el fortalecimiento de los protocolos de adopción, el lanzamiento del programa de intervención temprana en salud mental y el inicio del servicio de reinserción social juvenil, que se implementa por macrozonas.
RECTIFICACIÓN: Este artículo fue modificado con posterioridad a su publicación, debido a que contenía una declaración de la directora (s) del Servicio de Protección, Victoria Becerra, en la que aludía a la existencia de una “cultura del Sename” al interior del Servicio. La frase no fue expuesta con la debida claridad, dando lugar a una interpretación errónea respecto del sentido original de la misma y que ha motivado la natural molestia de los funcionarios, acusando menosprecio.
Con el fin de rectificar lo anterior, copiamos a continuación la pregunta del periodista y la respuesta íntegra de la directora (s) del Servicio de Protección, sin edición:
-Pregunta del periodista: ¿Está de acuerdo con esto que te comentaba de que todavía hay algo del Sename (en el Servicio de Protección)?
-Hay muchas personas que trabajaron en Sename que están en el servicio. Y puede existir una cultura en Sename que a lo mejor está un poco estigmatizada, pienso también. Creo que dándole las herramientas a la persona uno puede sacar lo mejor de ella y en eso confío. Yo creo que ha faltado dirección en esta implementación del servicio. Ha faltado una dirección que sea con un liderazgo claro respecto de los derechos de los niños y niñas. Pensar más en la oferta que en los niños es algo que quizá nos ha llevado en ese camino. Yo tengo toda la fe y la esperanza de que creo que las personas viniendo de Sename, tienen mucha experiencia también.
