PAÍS
Fiscal Carlos Palma liderando la entrada y registro. Créditos: Adriana Thomasa
En el marco del Caso Convenios, el fiscal Carlos Palma y la PDI lleva a cabo un allanamiento en las oficinas del GORE de Valparaíso tras detectar irregularidades en un proyecto adjudicado a ProCultura. Son claves los soportes digitales y los teléfonos celulares, incluido el de Rodrigo Mundaca.
Teléfonos celulares, computadoras, pendrives, tablets y todo tipo de soporte electrónico, físico o en la nube, forman parte de los objetivos de incautación en el allanamiento que en este momento está llevando a cabo el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, junto con un equipo especial de la PDI, en las oficinas principales del Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso, encabezado por el gobernador Rodrigo Mundaca Cabrera.
Con la entrada y registro, que se realiza de forma simultánea en la Municipalidad de La Calera, liderada por el independiente Johnny Piraino Meneses, y en la empresa audiovisual Tosca SPA, se materializa una de las diligencias clave en torno al caso Convenios, que tuvo su punto de partida en la investigación contra el GORE de Antofagasta en 2023.
Luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, reagrupara todas las investigaciones y las asignara al fiscal Palma -dada su experticia en investigar la corrupción pública- se fijaron distintas líneas de investigación por cada una de las instituciones públicas, sobre las cuales recaen hipótesis delictivas que van desde el tráfico de influencias, el fraude al fisco, la negociación incompatible y la apropiación indebida.
Gobernador Rodrigo Mundaca
La investigación, en calidad de reservada, se concentra en las regiones de Antofagasta, Atacama, Región Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Aysén y Magallanes. En todas ellas se celebraron millonarios convenios con la Fundación ProCultura, muchos de estos con ejecuciones incompletas, sin respaldos ni rendiciones de cuentas, y sin contar con la experticia requerida. Como su nombre lo indica, esta fundación registra su giro en la promoción de actividades culturales, siendo que en los hechos fue favorecida con la asignación directa de fondos para ejecutar proyectos en materias tan diversas como el diseño de loteos para erradicar asentamientos precarios, programas de salud mental, turismo creativo y muralismo, entre otras. El total de dineros que se investigan, sumando todas las regiones, supera los $5.600 millones.
El hilo que llevó a la fiscalía a ingresar con la fuerza pública a las oficinas del gobernador Mundaca —quien busca la reelección en los comicios de octubre de este año— emana del resultado del levantamiento del secreto bancario realizado a la persona jurídica de la Fundación ProCultura, cuyo fundador y presidente es el psiquiatra Alberto Andrés Larraín Salas, y la representante legal, la actriz María Constanza Gómez Cruz. Desde esa cuenta se detectaron transacciones sospechosas hacia la cuenta personal de Larraín —quien es muy cercano al presidente Gabriel Boric— por $77.000.000 y otros $33.000.000 hacia la cuenta de su representante legal.
En ambas transacciones, no hay constancia de la emisión de boletas de honorarios u otros documentos que justifiquen los traspasos. Además, es de conocimiento público que la cuenta de la Fundación no mantiene fondos a la fecha, desconociéndose el destino de los recursos obtenidos en los múltiples convenios celebrados con instituciones públicas en al menos siete regiones.
Siguiendo el rastro de las adjudicaciones a ProCultura, la investigación condujo al Ministerio Público a levantar una hipótesis criminal en la asignación del proyecto “1ª Residencia de Muralismo con Intercambio Cultural La Calera – Rosengård, Suecia”, suscrita el 10 de enero de 2023 por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca Cabrera.
La incautación de los soportes electrónicos, así como los teléfonos celulares del gobernador Rodrigo Mundaca, del alcalde de La Calera, Johnny Piraino Meneses, y de otros sujetos de interés para la fiscalía en el gobierno regional y la municipalidad, resulta clave para determinar el mecanismo por el cual la Fundación ProCultura obtuvo financiamiento —mediante asignación directa— procedente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
El proyecto de ProCultura a ejecutarse en la comuna de La Calera, y por el cual recibió de forma directa $25 millones del GORE de Valparaíso, pretendía —de acuerdo con la descripción de la fundación— mejorar el espacio público de tres multicanchas en la comuna mediante la pintura de tres murales de corte identitario. El proyecto se financiaría con los fondos del GORE, más fondos municipales de La Calera y un aporte de la propia fundación.
Mientras se suscribía el convenio de subvención del GORE a la fundación de Alberto Larraín en marzo del año pasado, en la municipalidad también se aprobaba la subvención, con cargo al presupuesto municipal. Uno de los requisitos impostergables era la rendición de cuentas a la Dirección de Control Interno del municipio.
Para justificar el financiamiento de los fondos solicitados al GORE, ProCultura habría presentado dos cotizaciones: una emitida por el encargado territorial de la zona centro de la propia fundación y otra de una empresa independiente llamada Tosca Audiovisual SpA, la cual se haría cargo de proveer los insumos para la realización de los murales.
Junto con dilucidar si el proyecto de los tres murales fue contratado a sobreprecios, debido a que las cotizaciones sumaron más de $43 millones, la fiscalía centró también su atención en la empresa Tosca Audiovisual, ya que su representante legal era, a su vez, el director de Arte e Ilustración de la misma fundación.
Aun cuando los contratos establecieron que tanto los fondos del gobierno regional como los de la municipalidad debían rendirse a mediados del año pasado, a un año y medio de la suscripción de los convenios no existe constancia de la rendición de los fondos en ninguna de ambas instituciones. Junto a las figuras legales de fraude al fisco y apropiación indebida, de los resultados de la entrada y registro podrían establecerse delitos paralelos como tráfico de influencias, fraude de subvenciones y cohecho, además de financiamiento ilegal de la política.
Cabe recordar que en el informe de la Contraloría Regional de Valparaíso de diciembre del año pasado se determinó que en el periodo que va de enero de 2021 a mayo de 2023, el GORE de Valparaíso realizó 53 transferencias a entidades privadas por más de $1.300 millones, todas vía asignación directa, sin que se advirtiera justificación para ello.
