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Al analizar las cuentas de la Fundación ProCultura, la Fiscalía dio con varias operaciones sospechosas entre 2021 y 2023. Se trata de transferencias por un total $22 millones desde la cuenta de Alberto Larraín –fundador de ProCultura– a la de Sebastián Balbontín, excandidato a alcalde por RD.
En el marco de las diligencias que se han llevado adelante de manera simultánea en el Gobierno Regional de Valparaíso, en la Municipalidad de La Calera, en la Seremi del Ministerio de Vivienda y en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Valparaíso, hay una arista que reviste una complejidad distinta a la de las indagaciones por falta de rendición de fondos públicos y delitos asociados a la suscripción de convenios con la Fundación ProCultura, investigada por la Fiscalía en siete regiones del país, y en cuya indagatoria están bajo observación más de $5.600 millones.
La complejidad de esta arista radica en su componente político. La Fiscalía de Aysén, que tiene la dedicación exclusiva para investigar los convenios suscritos por ProCultura a lo largo del país, detectó transferencias directas del director de esta fundación, el psiquiatra Alberto Larraín Salas, al excandidato a alcalde por Limache, el RD Sebastián Balbontín Bustamante.
De acuerdo con los datos recabados por los fiscales, Balbontín recibió dineros de ProCultura para las dos campañas electorales que enfrentó en 2021: la de mayo, donde compitió por el sillón municipal de Limache –el que terminó perdiendo por muy pocos votos ante Daniel Morales, de Renovación Nacional– y, la segunda, de noviembre de ese mismo año, donde ganó la elección a consejero regional (Core). Además, en la revisión de la cuenta corriente de ProCultura, los fiscales se encontraron con otra sorpresa: millonarias transferencias de dinero desde la cuenta de Alberto Larraín a la de Sebastián Balbontín, sin boletas ni facturas de respaldo.
Uno de los principales objetivos de la diligencia realizada ayer jueves en las oficinas de la Seremi de Vivienda y del Serviu de Valparaíso fue incautar todos los soportes electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, de diversos funcionarios públicos que tuvieron participación en el proyecto “Diseño de loteo, especialidades, obras de confianza y expediente de expropiación, Campamento Lomas de Bellavista, Manzana 33 y Las Viñas de Irene Frei, de la comuna de Villa Alemana”, celebrado entre ProCultura, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y el Serviu de Valparaíso, en el marco del Programa Asentamientos Precarios.
Por un monto superior a los $248 millones, la iniciativa tenía por finalidad la elaboración de anteproyectos, expedientes de expropiación y diagnósticos a través de la vinculación comunitaria.
Meses antes de la resolución exenta que aprobó el proyecto, llegó una solicitud de información, en enero de 2022, de parte de la Jefatura Nacional de Asentamientos Precarios, en la que pedía a todos los Serviu del país informar sobre las transferencias de dinero en el marco del referido programa. El director del Serviu de Valparaíso de entonces, Tomás Ochoa Capelli, informó que estaba en pleno trámite el proyecto del diseño de loteo del campamento Lomas de Bellavista.
Ochoa dejó su cargo en el Serviu en marzo de 2022 y, de manera paralela a la suscripción y aprobación del proyecto de ProCultura que se selló en diciembre del mismo año, constituyó la sociedad “Asesorías Inmobiliarias y Construcción Limitada”, siendo el principal socio, con el 90% de la propiedad.
En mayo del año siguiente, y estando en plena vigencia el proyecto Lomas de Bellavista, ProCultura contrató a la empresa de Tomás Ochoa para que ejecutara todos los productos que eran parte del convenio celebrado entre ProCultura y el Serviu de Valparaíso, y que –como se señaló– comenzó a tramitarse cuando Ochoa era el jefe de dicho servicio.
De los dineros adjudicados, $108 millones no han sido rendidos.
Previo a la suscripción del convenio, entre los meses de noviembre y diciembre de 2021, se generaron reuniones entre funcionarios del Serviu de Valparaíso y la Fundación ProCultura. De todas las personas que participaron de ellas, dos nombres resultan de interés para la indagatoria del Ministerio Público: Alberto Larraín Salas y Sebastián Balbontín, entonces consejero regional.
Larraín es amigo de Balbontín, tal como se constata en diversas imágenes en la cuenta de Facebook de este último. Pero más allá de estas relaciones que caben en el ámbito personal, el equipo especial de la Fiscalía de Aysén logró detectar aportes a las campañas políticas de Sebastián Balbontín Bustamante.
En su campaña para la alcaldía de Limache de mayo de 2021, Catalina Rengifo Grau, que entre abril de 2022 y diciembre de 2023 trabajó para ProCultura en el proyecto cuestionado, se hizo cargo de las redes sociales del entonces candidato y prosiguió como brigadista para su segunda campaña, en el mismo año, esta vez a consejero regional. Por estas funciones, ProCultura le habría pagado cerca de $2 millones.
Adicionalmente, en ese mismo periodo que va entre ambas campañas, mayo y noviembre de 2021, la Fiscalía detectó que desde la cuenta de Alberto Larraín se le depositaron a Rengifo más de $4 millones.
A estos antecedentes, que a la luz de la indagatoria podrían constituir financiamiento ilegal, se suman nuevas transferencias, las que quedaron al descubierto tras el levantamiento del secreto bancario a la empresa ProCultura.
Según la indagatoria, entre julio de 2021 y noviembre de 2023, Alberto Larraín realizó transferencias bancarias a Sebastián Balbontín por más de $22 millones 400 mil. Hasta el momento no se ha encontrado documentación que justifique dichos traspasos.
A cinco meses de las elecciones municipales, Balbontín figura nuevamente como candidato a alcalde por Limache y otra vez por Revolución Democrática.
El Mostrador intentó comunicarse con Sebastián Balbontín, sin respuesta. Y, en cuanto a Alberto Larraín, no fue posible ubicarlo.
