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Informe de juez visitador fue dado a conocer durante el juicio contra “Los Gallegos”. Defensores de estos pedían el traslado de los imputados involucrados en la revuelta o la suspensión del proceso judicial, lo que fue desechado por el tribunal.
Como “los hechos más graves que se han producido en esta unidad desde la fuga de Hernández Norambuena”, definió un abogado de Gendarmería el motín ocurrido al interior del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago, comparándolo con la fuga en helicóptero (en diciembre de 1996) de cuatro militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo, entre ellos uno de sus máximos líderes, Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el crimen del senador Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards.
La revuelta carcelaria –como informó El Mostrador–, liderada por venezolanos integrantes de distintos brazos del Tren de Aragua, se inició por supuestos maltratos de la institución penitenciaria y falta de agua potable y energía en las celdas y –hasta ahora– ha generado graves daños en el módulo especial inaugurado recientemente.
Tal afirmación la hizo el abogado de la institución penitenciaria, Marcelo Carrasco Sepúlveda, al impugnar en Arica la solicitud de defensores penales públicos y privados de cinco acusados en el juicio contra la banda criminal de “Los Gallegos”, relativa a trasladar a los imputados a otros penales del país o suspender las audiencias hasta que la revuelta carcelaria esté totalmente controlada.
Justamente ayer el Tribunal Oral (TOP) de Arica efectuó una audiencia de cautela de garantías y de amparo para cinco de los acusados que se encuentran en el Repas, situación que, a juicio de los defensores, les impedía tener un cabal conocimiento del juicio, a raíz de supuestas vulneraciones que estaría cometiendo Gendarmería, como la no disposición de agua las 24 horas para ingerir y asearse, suspensión total de las visitas y no entrega de encomiendas y correspondencia.
Los reclamos fueron desechados totalmente por la Sala integrada por la jueza presidenta Sara Pizarro Grandón y los magistrados Óscar Huenchual Pizarro y Sergio Álvarez Cáceres.
En la audiencia del TOP de Arica se dio a conocer el informe del juez de Garantía Fernando Guzmán Fuenzalida, quien visitó el Repas el 14 de junio pasado, acogiendo la solicitud de tribunales de Arica, Rancagua, Melipilla y Santiago para saber sobre el estado de los imputados en ese recinto.
El recorrido no fue fácil, ya que en el documento se reconoce la situación conflictiva que atraviesa la unidad penal, al señalar que “con las medidas de seguridad necesarias (casco, chaleco antibalas y escudos) y blindado por personal de Gendarmería de Chile, se recorrió el recinto, ingresando incluso a las celdas individuales donde se efectuaban los disturbios”.
La inspección detectó “la destrucción de la infraestructura de las celdas, el arrojo de objetos contundentes hacia los gendarmes, patios y pasillos del recinto. Se verificaron los daños a las cañerías de agua y ventanales. Un imputado tenía la mitad del cuerpo salido del ventanal de su celda. Se daban instrucciones a gritos entre ellos”.
El documento detalla que “se inspeccionaron las celdas, pasillos, patios, centro de operaciones de cámaras de seguridad y otras dependencias del recinto. Al llegar al establecimiento se constató de inmediato de agua que corría profusamente por los suelos, percibiéndose un ruido ensordecedor desde los pisos superiores”.
El relato plantea que, según las autoridades de Gendarmería, “el líquido aposado no eran aguas lluvias sino provenientes de las cañerías y ductos (shafts) rotos por los reclusos, y que el sonido estridente estaba siendo provocado por los golpes constantes realizados con objetos contundentes por los mismos internos desde sus celdas individuales”.
Los incidentes, de acuerdo con la institución penitenciaria, se habrían iniciado la noche del 5 de junio, a raíz de un corte de energía eléctrica ocasionado por las intensas lluvias registradas en Santiago, situación que habría dejado sin suministro para los televisores existentes en las celdas.
“Hubo un corte de suministro eléctrico generalizado en el sector de Pedro Montt de la comuna de Santiago, aparentemente por el volumen de la lluvia caída que afectó el cableado exterior, lo que provocó que se inhabilitaran los enchufes de las celdas individuales de los privados de libertad. Si bien los equipos de emergencia funcionaron normalmente iluminando el recinto penal, los televisores y otros artefactos se apagaron, lo que molestó a los presos, debiendo el personal darles las explicaciones del caso”, expresa el informe.
Las explicaciones no fueron convincentes para los imputados Francisco Valero Castillo, Hernán Landaeta Garlotti –alias “Satanás” y sicario del Tren de Aragua– y Néstor Mojica Moreno.
Según el informe del magistrado Guzmán, los tres “se encontraban encerrados del primer piso ala poniente, no se conformaron, insultando y amenazando de muerte a algunos gendarmes, hecho ilícito que fue denunciado al Ministerio Público (Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte). Siendo aproximadamente las 09:40 horas del jueves 06 de junio, los tres imputados mencionados fueron llevados al patio donde se reunieron con los imputados José Candurin Meléndez, Bryan Sánchez Muñoz y Leonardo Vásquez Yzaguirre, todos quienes comenzaron a gritar e incentivar a los demás internos que se encontraban en otros patios anexos, separados por muros de dos metros y medio de altura y alambrado”.
Agrega el documento que los internos empezaron a escalar los muros para juntarse en el Patio N°3, “efectuando desórdenes colectivos y destruyendo todo el mobiliario existente (mesa de ping pong de madera y fierro), fabricándose armas y objetos contundentes, mientras intentaban acceder a los sectores del personal de Gendarmería, personal que debió intervenir para reducir el motín, utilizando los elementos disuasivos de rigor (escudos, gas lacrimógeno y escopeta con tiros al aire), resultando heridos tres imputados (derivados a Enfermería) y 12 funcionarios (derivados al Hospital de Carabineros). Una vez sofocada la rebelión originaria, los imputados fueron trasladados a sus respectivas celdas, iniciándose el destrozo de los objetos muebles adheridos y no adheridos al interior de éstas”.
De esta manera, quedaron inutilizados los lavamanos y las tazas de los baños, cañerías de agua y ductos, baldosas, vidrios y marcos de ventanales, además de colchones. Los daños obligaron a Gendarmería a practicar el traslado de algunos internos no participantes en el motín a otros penales y la redistribución de otro grupo dentro de la cárcel en sectores no destruidos.
Gendarmería detalló al juez visitador que en la revuelta carcelaria están participando 31 internos, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana, “vinculados a organizaciones criminales, manteniéndose la mayoría de los chilenos al margen”.
Respecto del control de la situación, el informe agrega que “los desórdenes todavía persisten; llevan 9 días y noches continuas. 18 imputados que no participaron debieron ser trasladados a otros establecimientos penales. 42 imputados siguen presos en la unidad”.
De los participantes en el motín, seis corresponden a la banda “Los Gallegos”. Se trata de Yoneiker Paredes Fagúndez, alias “El Enano”; Mervin Fagúndez Garrido, alias “El Flaco”; Emilio Jones Alvarado, alias “Culón”; Jorve Galavis García, alias “El Culito”; Daniel Márquez Meléndez, alias “El Ruso”; Leafar Arvelaes Torres, alias “El Peluca”.
El juez visitador relata en su informe que se entrevistó con dos de los internos del Repas. Uno de ellos fue el imputado Néstor José Mojica Morena, en prisión preventiva por el Juzgado de Garantía de Rancagua (imputado por el secuestro de un empresario).
Al ingresar a la celda de este, indica el documento, “se apreció cómo había destruido todos los objetos de su celda, manifestando que lo había efectuado como reclamo al régimen penitenciario: básicamente escasas horas de visitas, restricción a visitas de indocumentados, aislamiento, nulo contacto corporal con parientes y pareja. Se quejó de haber sido golpeado, observando el suscrito un leve moretón en la espalda”.
También el magistrado registró el interrogatorio al chileno Sergio Antonio Aguayo Sáez, en prisión preventiva decretada por el 15° Juzgado de Garantía de Santiago (acusado de ser el líder de un grupo de narcos colombianos), “quien ratificó la versión entregada por los funcionarios de la unidad penal, agregando que la actual rebelión en curso fue iniciada por imputados venezolanos, sin provocación alguna de los gendarmes”.
El informe plantea un contrapunto: “Que las celdas de quienes no han participado del conflicto se encuentran intactas, tienen acceso a agua y alimentos, electricidad y elementos de higiene”, mientras que las de los participantes en el motín “no cumplen los estándares mínimos de subsistencia, al haberlas destrozadas completamente. Reciben alimentación periódica, arrojando las bandejas una vez vacías por las ventanas hacia el patio”.
Mientras la situación no se normalice, el juez advierte que las visitas de familiares y acceso al patio se mantienen restringidos, “sin perjuicio del ruido infernal que impide el debido descanso”.
La audiencia realizada ayer en el Tribunal Oral de Arica permitió conocer de primera fuente el verdadero impacto del motín que se inició el 6 de junio en el Repas.
Los defensores penales públicos y privados pretendían el traslado de los participantes en la revuelta carcelaria a otras unidades del país, tales como Arica, La Serena o Rancagua. De no conseguir esa medida, habían solicitado en subsidio la suspensión del juicio, dado que, desde su punto de vista, los acusados no tenían las condiciones mínimas de habitabilidad, que garantizaran un ambiente propicio para la comprensión cabal del juicio. Uno a uno repitieron que sus defendidos no tenían agua para ingesta y para aseo personal, además de reclamar que diariamente les lanzaban “bombas lacrimógenas” en las celdas, químico que estaba impregnado en sus vestimentas, sábanas y colchones.
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y Gendarmería de Chile se opusieron a las solicitudes.
Fue el propio informe de un facultativo de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico –y que fue presentado por el defensor penal Diego Álvarez Trigo, para acreditar vejámenes y abusos de Gendarmería al imputado Jorvis Parra Villoria, alias “El Pichi”– el tiro de gracia para ambas pretensiones.
Al resolver, finalmente el tribunal consideró contradictoria la argumentación del defensor respecto del informe médico, ya que este descartaba afectación a la conciencia o agresiones de terceros a Parra Villoria en medio del motín, condiciones que lo habilitarían para participar en las audiencias judiciales.
Por el contrario, el reporte decía que Parra tenía “sicomotricidad normal, volición normal, lúcido de conciencia orientado en tiempo, espacio, y personas, sin trastornos perceptivos, no presenta alucinaciones, funciones cognitivas conservadas, nivel intelectual dentro del rango normal, y juicio de realidad conservado, con conciencia de lo que es llevar a cabo la huelga”.
Del mismo modo, el TOP envió al imputado Emilio Jones Alvarado a practicarse un examen médico completo al Hospital El Salvador, dado que presentaba evidentes hematomas en su rostro, a raíz de su participación en el motín.
Por último, el tribunal acogió la tesis de Gendarmería respecto a que la afectación de los servicios básicos en la unidad es “atribuible a la conducta de los internos, lo que trae como consecuencia la limitación en el suministro de agua, mas no la imposibilidad de acceder al líquido vital como han señalado las defensas. Los internos se encuentran en un cuarto piso, con un piso seco… sin vislumbrar vulneración de derechos como pretende la defensa”.
