El ministro de Justicia Luis Cordero dijo que hay una cultura “en la generación de cargos”, que caló hondo en la estructura del sistema. Apuntó que no puede ser un sistema que incentive la aparición de terceros “o brokers”. También criticó al INDH por querellarse contra Desbordes y Poblete.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó los problemas y polémicas recientes que ha protagonizado el Poder Judicial en torno al nombramiento de jueces y ministros para la Corte Suprema. Al respecto, aseguró que existe “una cultura transaccional en la generación de cargos”.
“Sabemos perfectamente bien lo que implicó el retorno a la democracia y la manera de poder volver a reconstruir confianza en torno al Poder Judicial. A la Corte le ha costado años construir el prestigio que tiene. Entonces, situaciones como esta, no solo es compleja cuando afecta un poder del Estado, el poder del Estado a cual confiamos la resolución final de todas nuestras contribuciones, y en consecuencia, le reconocemos no solo independencia, sino que inamovilidad a los jueces precisamente por lo mismo. Y hago toda esta introducción para decir que, por lo tanto, lo que uno exige no solo es que se actúe con independencia, sino que también se sea muy persistente en garantizar la apariencia de independencia. Si no solo hay que serlo, sino que también hay que parecerlo. Esta cosa que pareciera ser como un dicho popular, en el caso del Poder Judicial, es extremadamente relevante por el rol institucional y simbólico que tiene en un sistema de justicia. Es un sistema democrático. Entonces, por cierto, creo que es una situación compleja”, partió diciendo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.
Posteriormente analizó el sistema de nombramiento de ministros, algo que fue cuestionado por el abogado Davor Harasic, profesor de derecho procesal y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (2015 y 2018), quien dijo que este sistema se “prostituyó”. Si bien Cordero dijo que “estas distinciones, en el momento en que se están haciendo, en el momento en el que estamos, especialmente quienes provienen del mundo del derecho, tienen que ser rigurosos”, sí indicó que existe cierta “cultura transaccional”.
“Lo que revelan esas conversaciones es que se dan comunicaciones impropias para la determinación y la asignación de ternas en distintos cargos que están en todo el sistema judicial. Y también el de los auxiliares de la Administración de Justicia. No sé si me explico bien. Entonces, el punto es que se ha ido desarrollando, yo creo que es lo complejo, una cierta cultura transaccional en la generación de cargos. Entonces, esas comunicaciones lo que revelan es parte de eso. Entonces, yo creo que sería un error, pura y simplemente, creer que esto es un problema del nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Es que tenemos un problema muy estructural en el régimen de nombramientos del Poder Judicial”, aseguró.
Cordero añadió que “esas comunicaciones dan cuenta más bien del fenómeno que ocurre aguas abajo de la Corte Suprema. Y que yo creo que es un asunto respecto al cual debemos poner atención, y por eso yo he dicho, que si uno quiere abordar el sistema de nombramientos, tiene que abordar el sistema de nombramientos en su integridad. También esas comunicaciones dan cuenta del problema que genera la participación del Poder Judicial en la conformación de otros órganos del Estado. Por ejemplo, el Ministerio Público”.
Ante el cuestionamiento si estas conversaciones y nombramientos son pagos de favores, Cordero dijo que “no necesariamente. Si usted ve alguna de esas comunicaciones, hay algunas que hacen referencia indirecta a jueces, que yo creo que es bien importante. Hay jueces que están nombrados ahí que no participan de las conversaciones, hay mucha gente que suele utilizar nombres de terceros sin que necesariamente suceda. En el fondo, más que cumplimiento, porque más que estar pagando favores es la idea de cuánto, cuánta incidencia tiene en el sistema de nombramiento una estructura judicial que sólo debiera estar dedicada a resolver casos, no a resolver nombramientos. Esa cultura de transacción es distinta a estar pagando favores. Es una cierta manera de comportarse en el desarrollo de sus funciones. No sé si me explico bien, porque usted comprenderá que en la conformación de una terna para un juez no hay un problema de independencia judicial. Es en el fondo cómo se van generando determinadas estructuras, no hay estructuras internas. Porque siempre estamos pensando de la incidencia que tienen terceros hacia adentro”.
“Lo que debiéramos también preguntarnos es qué sucede al interior del Poder Judicial al participar en sistemas de nombramiento de los incentivos que generan. En el fondo, no, este puede ser un sistema que genere incentivos para que aparezcan terceros como brokers, por ejemplo, de nombramiento. Pero también en las culturas internas. Por eso yo creo que la idea de cultura transaccional no significa que usted esté pagando favores. Es una cierta manera de abordar la función, que yo creo que desnaturaliza la función jurisdiccional y por eso es razonable separar, sacar esas funciones del Poder Judicial. Porque la función principal, fíjese que el gran debate que nosotros teníamos en los 90 era el tema de la independencia y la función jurisdiccional. Yo soy un defensor de las consecuencias positivas que tuvo para Chile la reforma del 97 en reestructurar nuestro Poder Judicial. Y por eso creo que es tan importante tomarse en serio lo que está pasando ahora. Porque puede afectar los esfuerzos de muchos ministros y ministras de la Corte, de muchas presidencias de la Corte, por darle el rol central en el sistema institucional que la Corte se ha ganado en estos años”, zanjó.
Relacionado a este tema, el ministro Cordero calificó como “precipitada” la decisión del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de querellarse en contra de Mario Desbordes y el exjuez Juan Antonio Poblete por posible tráfico de influencias.
De acuerdo a su criterio, es “precipitada” porque “sobre las bases de principios de París” se evalúa a organizaciones como ésta de “si son autónomas o no son autónomas”. Entonces, “una cosa muy distinta es que intervenga como parte cuando hay involucrados delitos funcionarios”, en que “cuando actúa como parte, pierde poder de persuasión” y “para delitos funcionarios (como los que considera la querella del INDH), para eso está el Consejo de Defensa del Estado”.
“Me resisto a evaluar al INDH como un litigante estratégico”, aclaró.
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